José Antonio Vera

"Hacerle un 24" a los fiscales

Entraron en la Audiencia porque se trataba de terrorismo

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (i), y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz (d), conversan durante el acto de entrega del XVIII premio de reconocimiento a la labor más destacada en la erradicación de la violencia de género 2023, en la sede del Consejo General del Poder Judicial.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (i), y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz (d)Jesús HellínEuropa Press

Dijo ayer Iglesias que la amnistía está en punto muerto. Tiene razón. Solo que Sánchez no es de la misma opinión, pues ha decretado que tomar al asalto el aeropuerto de El Prat, herir a 125 personas, 47 policías, dañar gravemente a Vueling y Aena, incendiar calles, quemar coches y aterrorizar a la gente, no es terrorismo, sino independentismo. Siendo cierto que los independentistas en general no son terroristas, también lo es que dentro del independentismo hay terrorismo, sobre todo desde que en 2015 se modificó el Código Penal, extendiendo esa consideración a cualquier delito violento grave con una finalidad concreta, que en el caso de Tsunami y los CDR era la de obligar al Estado a negociar. O sea, utilizar medios violentos para lograr un fin, en este caso político. Asunto que explicó ayer con claridad el fiscal Salvador Viada en Mas de Uno con Alsina: «Tsunami Democràtic es una organización que lanza a masas de personas a confrontarse con las fuerzas del Estado; los que lanzan a las masas asumen las consecuencias de lo que pueda ocurrir». Pregunta: ¿Movía Puigdemont al terrorismo independentista? Es lo que debe aclarar la investigación. Pero está claro que los sumarios de Tsunami y los CDR entraron en la Audiencia Nacional porque se trataba de delitos de terrorismo, pues de otra manera hubiesen sido tramitados por la justicia ordinaria. Curiosamente, la Fiscalía jamás se opuso a que fuese la Audiencia Nacional el Tribunal instructor, lo que equivale a admitir que se trataba de terrorismo. Salvo ahora que el pedronismo necesita a los puigdemones para consolidar La Moncloa.

La Fiscalía depende de Sánchez, que ha puesto al frente a Álvaro García Ortiz para garantizar que ningún fiscal sea contrario al pensamiento bolaño. O sea: el que se mueve no sale en la foto. A Viada ya le ha puesto García Ortiz fuera de la foto en la que había metido horas antes a Álvaro Redondo, tras cambiar de criterio al considerar mero independentismo lo que antes calificó de terrorismo. Aun así, tienen el problema de que la mayoría de los fiscales piensa lo contrario que su jefe. Hasta hoy, «el jefe siempre aceptaba el criterio de la mayoría de fiscales», declaró Viada en Onda Cero, donde dijo ser consciente de que da igual la opinión de la mayoría, pues «van a hacernos el artículo 24», o sea, «un 155 encubierto». Es decir, «hacer un 24» significa que el fiscal general impondrá su criterio favorable a Sánchez pese a que la Junta de Fiscales ha avalado por amplísima mayoría abrir causa contra Puigdemont por terrorismo. Solo que, en último término, lo que diga tampoco va a ser definitivo, pues la palabra final la tiene la Sala Segunda del prestigioso Marchena. Y no parece probable que esa Sala del Supremo sea insensible a lo que dice el artículo 573 del Código Penal: «Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales, el medio ambiente, la salud pública, riesgo catastrófico, incendio, falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: 1) subvertir el orden constitucional, o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 2) alterar gravemente la paz pública. 3) desestabilizar el funcionamiento de una organización internacional. 4) provocar un estado de terror en la población o en parte de ella» .Es terrorismo lo que dice el Código Penal. Cosa distinta es que Sánchez lo cambie. Veríamos entonces las consecuencias.