El juez del "caso Koldo" cita a declarar a "Lenin", comisario próximo a Marlaska

El ex director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad José Antonio Rodríguez González, "Lenin", que fue uno de los comisarios de máxima confianza del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tendrá que declarar como testigo en la Audiencia Nacional por el "caso Koldo". Así lo ha acordado el juez Ismael Moreno, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó su comparecencia después de que Daniel Belmar, ex subdirector general de Planificación de la Secretaría de Estado de Seguridad, asegurase en su declaración que fue Rodríguez González quien le puso en contacto con Soluciones de Gestión, la empresa de la "trama Koldo" -que obtuvo más de 50 millones de euros por varias adjudicaciones para la compra de mascarillas en pandemia por parte de los ministerios de Transportes e Interior y de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias cuando los lideraban Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, y el ahora ministro Ángel Víctor Torres.

Belmar, que fue el alto cargo que llevó a cabo los contactos con Soluciones de Gestión, a través del empresario Iñigo Rotaeche, también investigado en esta causa, explicó al instructor que "Lenin" le facilitó el teléfono de Rotaeche. En su declaración ante la Guardia Civil el pasado febrero, Rodríguez González dijo que no tuvo "ninguna participación" en la adjudicación y que solo le trasladó a Belmar que "algún organismo" dependiente de Fomento "estaba trayendo mascarillas de China", explicando que seguramente fue Koldo García quien le puso sobre la mesa el nombre de Soluciones de Gestión, por lo que "tal vez" él mismo le dio el contacto de Rotaeche.

En la misma resolución, el magistrado de la Audiencia Nacional también acuerda la citación como testigos de las dos inspectoras del Ministerio de Transportes que elaboraron la auditoría encargada por Óscar Puente para esclarecer cómo se produjeron las adjudicaciones de Puertos del Estado y Adif a la empresa de la trama. Un dictamen que ha sublevado al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a los altos cargos cuya actuación cuestiona el informe, que evidenciaron su disconformidad con el mismo en sus comparecencias judiciales.

Según el instructor, es "procedente y necesario" escuchar sus testimonios a la vista de las declaraciones de investigados y testigos en las últimas fechas, con el objetivo de esclarecer los hechos investigados en relación a esos contratos adjudicados por Puertos del Estado, Adif y la Secretaría de Estado de Seguridad.

Del mismo modo, accede a la petición de la Fiscalía de requerir a Hacienda que determine "las cuotas que eventualmente hubieran podido dejar de ingresar" en 2020 a la Agencia Tributaria tanto Soluciones de Gestión como el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la "trama Koldo" y también imputado. El juez acuerda la medida a la vista de las conclusiones de un informe de Hacienda del pasado febrero.

El juez del "caso Koldo" también acuerda diversas diligencias solicitadas por una de las acusaciones populares, la Asociación Liberum, y cita a testificar al propietario y presidente de Raminatrans, Rafael Milla; al jefe de Presupuestos y Contratación de la Dirección General de Transportes, Jorge Meana; y a Julio González, secretario general y miembro del Consejo de Correos, para intentar esclarecer "la falta de justificación de la recepción de las mascarillas" objeto de los contratos investigados por Puertos del Estado y Adif.

Los correos de Interior con Rotaeche

En los correos que intercambiaron Belmar y Rotaeche se pone de manifiesto que fue Koldo García quien fijó el precio por mascarilla. El 26 de abril de 2020, el empresario trasladó al alto cargo de Interior que el precio pactado (2,50 euros) había pasado a 2,81 euros por los "trámites aduaneros". Eso suponía incrementar los costes en más de un 6%, por lo que era necesario "ajustar" el montante.

Belmar se resistió tras recordarle que había tramitado "un expediente de emergencia" para reclamar a Hacienda las cantidades necesarias para comprar el material sanitario, por lo que ese incremento de 30 céntimos por unidad afectaba "al resto de las compras, que no se podrán pagar". "Esa cantidad, porque así lo había dicho Koldo, era de 2,50 más IVA. En ningún momento se habla de aduanas ni nada por el estilo", puso de relieve el comisario, que finalmente quiso cerciorarse de la modificación sorpresiva del precio acordado: "¿Esto lo hablaste con Koldo?".