La Audiencia Nacional relanza la investigación al «aparato de huidos» de ETA. Tras tomar declaración a cinco investigados por integración en organización terrorista el pasado junio en el marco de una causa que continúa secreta, el magistrado Francisco de Jorge interrogará el próximo 17 de noviembre a otro de los imputados, ex integrante de ETA militar Alfonso Etxegarai Atxirika, apodado «Txema» o «Atxulo», quien según las fuentes consultadas está previsto que declare ese día por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián.

Tal y como informó este periódico con ocasión del estreno de un documental sobre su vida, Etxegarai fue deportado en julio de 1985 por Francia a Ecuador (para evitar que colaborara con la banda terrorista) –donde según afirma fue secuestrado y torturado por los servicios secretos españoles– y después, en agosto de 1986, a Santo Tomé y Príncipe. En el país africano solicitó la nacionalidad en 1991. Veinte años después, en 2011, seguía figurando, junto a otros 33 etarras, en la lista negra de terroristas que elabora Estados Unidos. Regresó a Francia en 2013, donde asumió un papel activo en la reivindicación del regreso de los «deportados», etarras huidos de la Justicia, a través del Colectivo Vasco de Refugiados Políticos (EIPK), donde ha participado en actos a favor de los etarras «deportados».

Ya con Etxegarai Atxirika en Francia, su nombre figura entre las 14 personas que participaron el 15 de junio de 2013 en la sala Irati de la localidad vascofrancesa de Biarrtiz en un homenaje a «los exiliados políticos vascos», por lo que la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) pidió en la Audiencia Nacional su detención, como la de otros seis intervinientes que, según el colectivo de víctimas que preside Daniel Portero –que también está personado como acusación en la causa que instruye el juez De Jorge– tenían pendientes requisitorias de la Audiencia Nacional por «diferentes delitos, entre ellos atentados terroristas de gran gravedad». Un año antes, la asociación de víctimas había presentado en la Audiencia Nacional una denuncia contra 82 integrantes del «aparato de huidos» de la banda criminal.

Cinco investigados ya han declarado

Dignidad y Justicia apremió a la Audiencia a reclamar a las autoridades francesas el arresto de todos ellos para su posterior entrega a España. Además, de Etxegarai, DyJ pidió entonces la detención de Jesús Lucio Abrisqueta, Jokin Aranalde, Raquel García Arranz, Jesus María Lariz, Tomás Linaza y Eloy Uriarte.

Aranalde es, precisamente, uno de los cinco imputados por integración en ETA que declararon por videoconferencia el pasado 19 de mayo desde los juzgados de San Sebastián en el marco de la investigación al «aparato de huidos» de la banda terrorista, junto a Oxel Azkarate, Xabier Miguel Ezkerra, Xabier Arin, Idoia Espias y Lurdes Mendinueta.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 quiere esclarecer si los integrantes de EIPK seguían las instrucciones emanadas «de las estructuras directivas» de la organización terrorista» y, por lo tanto, formaban parte de su «disciplina orgánica». De Jorge encuadra a los investigados en el denominado «grupo de coordinación», al que sitúa en la cúpula del «aparato de huidos» de ETA y cuyos cometidos serían realizar un seguimiento de los terroristas en esa misma situación y ofrecerles asistencia jurídica e incluso apoyo económico, garantizando así su cohesión interna y su sometimiento a los designios de la organización criminal.

Venezuela y México, principales destinos

La lista de etarras huidos residentes en el extranjero ha ido reduciéndose a medida que han ido extinguiendo sus responsabilidades penales gracias a la prescripciones de los delitos que se les imputaban. Pero hace menos de una década, en 2018, las Fuerzas de Seguridad mantenían en busca y captura a un centenar de etarras. De ellos, 63 estaban localizados repartidos por nueve países distintos, tal y como informó en su día LA RAZÓN.

En cabeza se situaba Venezuela, donde vivían 28 terroristas reclamados por la Justicia española, algunos de ellos con delitos de sangre (allí fue localizado por Interpol José Ignacio de Juana Chaos, uno de los etarras más sanguinarios, condenado a casi 3.000 años de cárcel, de los que cumplió apenas 18, entre otros por el atentado de la plaza de la República Dominicana).

En Venezuela también encontró refugio el etarra Arturo Cubillas, alto cargo en el Ministerio de Agricultura y Tierras del Gobierno venezolano del Gobierno de Nicolás Maduro, a quien el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco señaló como «responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC».

Al margen de De Juana Chaos, si ha habido un etarra cuya entrega ha sido un quebradero de cabeza para la Justicia española ese es José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera». El exjefe de ETA fue detenido en los Alpes franceses en mayo de 2019, pero seis años después la extradición (la Audiencia Nacional le reclama, entre otras causas pendientes, por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987) sigue encallada. Precisamente, «Josu Ternera» huyó de España en noviembre de 2002 para sortear su citación como investigado por este atentado.