La Junta Electoral abre un expediente a la portavoz del Gobierno por usar la Moncloa para atacar al PP

La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por vulnerar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al usar la Moncloa para atacar al PP en periodo electoral. En concreto, según marca el artículo 50.2 de la LOREG, el Gobierno no puede realizar valoraciones electoralistas "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas", algo que ha hecho al usar la exhumación de José Antonio Primo de Rivera para atacar al PP, entre otras cosas.

"Queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones", manifiesta el citado artículo.

En concreto, han llegado a la JEC tres denuncias de los populares durante las últimas semanas por los ataques que ha proferido contra el principal partido de la oposición: el órgano electoral las ha atendido, aunque está por ver si acabarán en sanción. Generalmente, cuando se abre expediente es porque se aprecian indicios evidentes para que acaben en sanción, que puede estar entre los 300 y los 3.000 euros.

Según fuentes de la JEC, todavía no se ha notificado la decisión a la portavoz, aunque se hará en las próximas horas. Las mismas fuentes que explican que se le había ya apercibido en dos ocasiones, antes de que se le haya abierto expediente.

¿Cuál es el proceso a partir de ahora? Una vez abierto expediente, se nombra a un instructor para que haga una propuesta de sanción, aunque el proceso puede ser algo largo porque la portavoz tiene capacidad para hacer alegaciones (por un plazo de diez días).

Por otro lado, la JEC también ha rechazado las alegaciones de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y mantiene su posición de que debe de dejar el cargo tras haber sido condenada a cuatro años y medio de cárcel por corrupción.