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Déficit autonómico

Cataluña tiene ya más difícil financiarse que Tailandia y Botsuana

La ofensiva nacionalista dispara el interés que los inversores exigirían por comprar deuda de la autonomía por encima del 4,5%. Por la deuda española a siete años abonan menos de un 1%

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemontlarazon

La ofensiva nacionalista dispara el interés que los inversores exigirían por comprar deuda de la autonomía por encima del 4,5%. Por la deuda española a siete años abonan menos de un 1%.

Aunque lo tiene vetado por estar acogida al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que impulsó el Gobierno para evitar la quiebra de las autonomías en plena crisis económica, Cataluña tendría muy difícil atraer la atención de los inversores en caso de lanzar emisiones propias de deuda al mercado, como pretende el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En plena escalada del proceso soberanista, y una vez iniciada la cuenta atrás para la celebración del polémico referéndum independentista, el próximo 1 de octubre, la desconfianza de los fondos poseedores de capital hacia los llamados bonos catalanes no para de crecer, mientras la deuda viva de la región pierde atractivo a pasos agigantados en beneficio de la de países de todas las latitudes no precisamente boyantes desde el punto de vista económico.

Según los datos del mercado secundario, el interés de la rentabilidad exigida a Cataluña por su deuda a siete años –lo que los inversores piden en concepto de beneficio por hacerse con ella– se eleva hasta un porcentaje del 4,67%. La rentabilidad exigida por su parte a este tipo de deuda al Estado español en el mismo plazo de tiempo apenas llega al 0,756%, en un momento, además, en el que la prima de riesgo –el diferencial que paga España con respecto al bono alemán– apenas sobrepasa los 110 puntos.

Dicha rentabilidad sitúa a Cataluña en la misma franja de la exigida, por ejemplo, a dos países como Filipinas y Vietnam –en ambos casos alcanza un porcentaje del 4,7%–, y muy por encima de otros estados con fuertes debilidades macroeconómicas. Así, en el mercado secundario los inversores piden un interés del 4,60% a Botsuana por comprar su deuda a diez años, porcentaje que se reduce al 4,47% en el caso de la deuda argentina a diez años.

Otros países que, por ejemplo, pagan menos de lo que lo haría Cataluña son Rumanía, con una rentabilidad del 3,60% en la deuda a siete años, y Tailandia, que paga un interés del 2,21%. Cataluña también sufriría para colocar deuda a corto plazo. Según los datos del mercado secundario, la rentabilidad exigida a la comunidad de Puidemont por la deuda a tres años alcanzaría un porcentaje cercano al 2,67%. Frente a ello, la rentabilidad exigida a España por los inversores en ese plazo es del -0,117%.

Aunque resulta complicado hablar de una prima de riesgo de Cataluña sobre España puesto que la región lleva varios años sin emitir deuda, al captar su financiación a través del FLA, los analistas la sitúan en estos momentos en torno a los 285 puntos básicos por encima de la española si se trata de deuda a tres años, y en torno a 390 puntos superior si la deuda es a 7 años. Los intentos de Puigdemont y su equipo de gobierno de desligarse financieramente de España no han cesado durante los últimos meses a pesar de los elevados niveles de déficit y deuda que arrastra la comunidad. El pasado mayo, el vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, intentó convencer a inversores internacionales de que se sumaran en el futuro a colocaciones de renta fija, siguiendo así la estela de Irlanda, país que volvió a emitir deuda tras ser rescatada.

En principio, dichas emisiones no desvincularían a Cataluña del FLA, vigente hasta el año 2026. Ésta salida necesitaría, en cualquier caso, de la autorización expresa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En la actualidad, más de un 66% de la deuda de Cataluña está en manos del Estado, que le ha prestado 50.627 millones. En total, la deuda pública de Cataluña asciende a 75.443 millones de euros, el 30% del total que adeudan el conjunto de las autonomías.