La Fundación Franco denuncia la concesión al Estado del panteón de El Pardo

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) acaba de presentar un escrito a la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el que pide que suspenda los acuerdos del Gobierno para la exhumación del dictador el próximo 10 de junio y su inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio (Madrid), tras el cambio de titularidad, de Patrimonio Nacional al Estado, del panteón en el que se prevé enterrarlo.

La entidad critica que el Gobierno haya cambiado la titularidad del panteón antes de que el Alto Tribunal se haya pronunciado sobre los recursos a la exhumación y sobre la pertinencia de adoptar medidas cautelares «instada por esta Fundación», y sostiene que existe voluntad del Ejecutivo de «presionar, apremiar e influir» en el Supremo. Expone que tal disposición se produce en contra de la voluntad de la familia y denuncia que lo haya hecho un Gobierno «en funciones» y que se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un sábado «sin oposición ni publicidad». «Con sigilosa opacidad y patente afán subrepticio», según una nota de la FNFF remitida ayer a este diario.

El organismo que preside el general Juan Chicharro considera que el real decreto por el que la titularidad del panteón pasa de Patrimonio Nacional a la Administración General del Estado es «una burla y una afrenta» al Supremo y reclama que se respete el derecho a la «tutela judicial efectiva», porque se está «contraviniendo el auto» del Alto Tribunal del pasado 17 de diciembre que «expresamente» ordena que el acuerdo de Consejo de Ministros de exhumación «no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo». En este escenario, la familia y la FNFF aguardan que la Sala se pronuncie sobre su petición de medidas cautelares. Por todo ello, la Fundación Francisco Franco reitera en su escrito su petición para que se suspenda «la exhumación de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y el traslado e inhumación al Cementerio de El Pardo-Mingorrubio».

El consejo de administración de Patrimonio Nacional acordó pedir al Gobierno la desafectación de la cripta de Mingorrubio el pasado marzo, una vez que trascendieron los planes del Gobierno para exhumar al dictador. Finalmente, el Estado es propietario desde el sábado de esta cripta del cementerio municipal en el que el Ejecutivo prevé enterrar a Franco tras la publicación del decreto que desvincula la concesión de su titular previo, Patrimonio Nacional.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció en marzo que los restos de Franco serían exhumados del Valle de los Caídos y trasladados al camposanto madrileño el 10 de junio –a las 10:00 de la mañana–, siempre y cuando el Tribunal Supremo no lo suspenda antes como consecuencia del recurso de la familia, contra el que ha presentado alegaciones la Abogacía del Estado.

Calvo justificó que, con esta decisión, el Ejecutivo concluía el proceso abierto para el traslado de los restos del dictador que contempla la Ley de Memoria Histórica, insistiendo en que el Gobierno ejerce sus competencias con independencia de las decisiones que adopten otros órganos, en referencia al Supremo.

Los planes siguen «con total normalidad»

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, afirmó ayer que todas las acciones y actuaciones administrativas para llevar a cabo la exhumación y reinhumación de los restos de Franco se desarrollan «con total normalidad».

«El Gobierno está haciendo lo que ya acordó y desarrollando las acciones necesarias para la ejecución» de la exhumación al entender que el silencio de los familiares para designar un lugar alternativo a la cripta de La Almudena para el nuevo enterramiento le faculta para fijar unilateralmente dónde irían los restos.