La Yihad en las cárceles españolas

Instituciones Penitenciarias vigila a 244 internos para evitar su radicalización islamista en prisión. Así consta en el informe de la Guardia Civil clave en la operación contra el Frente de Cárceles yihadista al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La cárcel no es una barrera insalvable para la militancia islamista. La Audiencia Nacional ha puesto al descubierto esta semana un Frente de Cárceles yihadista repartido por 17 de los 26 centros penitenciarios donde se encuentran internos condenados o procesados por terrorismo yihadista. LA RAZÓN accede al informe clave de la Guardia Civil, del pasado 25 de septiembre, que radiografía las peculiaridades de esta red, su génesis en diciembre de 2016 en el centro penitenciario de Estremera (Madrid) y su modus operandi. Y que concluye que «la comunión ideológica entre los investigados y el ideario del Daesh es evidente».

El Instituto Armado identifica a 26 integrantes de esta red (incluidos once españoles), entre ellos dos de los condenados por los atentados del 11-M: Jamal Zougam, autor material, y Hassan El Haski, que no figuran entre los cuatro líderes, como se apuntó en un principio. Al frente de toda esa estructura los agentes de la Jefatura de Información sitúan a Abderrahmane Tahiri, «Mohamed Achraf» –que ya lideró una red de captación yihadista en la cárcel de Topas–, secundado por Mohamed El Gharbi (integrante de la célula que pretendía atentar contra el Parlament), Karim Abdeselam Mohamed, condenado por el envío de muyahidines a Siria, y Abdelghani Zarrouri, un preso común condenado a 23 años de cárcel por asesinato por violencia de género que se ha radicalizado durante su estancia en prisión.

Junto a ellos, el informe distingue a tres «miembros activos» de la organización: el ceutí Abdesamij Laiachi; Ahmed Samsam, que viajó tres veces a Siria entre 2012 y 2014 para combatir en las filas del Estado Islámico y Lahcen Zamzami, condenado a doce años de prisión como dirigente de organización terrorista . El resto, meros integrantes del frente de cárceles (en los que se incluyen tres presos comunes, dos de ellos españoles, que se han convertido al islam en la cárcel) son, además de Zougam y El Haski, el melillense Belaid Mohand al Lal; Yassin Ahmed Laarbi, Rochdi Abdeselam Abdel Lah y Nordin Ahmed Abdel Lah (los tres nacidos en Ceuta); Mohamed Heyouf Mohamed; los también ceutíes Tarik Mustafa Hamed, «Conejo», Abdelah Abdeselam, «el Cojo» y Abdeluahid Sadik Mohamed, «Pinchito»; Sylvain Bertrand Guillaume Decker, de nacionalidad francesa; el brasileño Kayke Luan Ribeiro, condenado por la «operación Caronte»; Mohamed el Mahdaoui; Farid Cheikh; Samir Mahdjoub, «Samir Menardo»; Mohamed Khaldi; Juan Marcos Gómez Llopis, nacido en Suecia pero de nacionalidad española; Joaquín Fernández Jiménez y Mohamed Kchirid, este último ya en libertad.

Es, precisamente, ese riesgo de radicalización lo que pretende evitar Instituciones Penitenciarias con un programa marco que mantiene en la actualidad bajo control a 244 internos repartidos por 51 cárceles, 130 de ellos condenados o procesados por terrorismo yihadista. El resto son presos comunes: 130 en los que se han observado conductas vinculadas al yihadismo y otros 80 en situación de riesgo de radicalización islamista. Un dato basta para comprender la dimensión de este frente de cárceles: de las 26 prisiones que acogen a condenados o procesados por yihadismo, esta red había extendido sus tentáculos a 17, un 65 por ciento de los mismos.

El objetivo de este frente era «adoctrinar, radicalizar y captar ideológicamente» a otros reclusos en la ideología del Daesh, así como lograr la «cohesión interna» de los presos condenados o investigados por yihadismo a través de la difusión de consignas de la organización terrorista. Y todo para generar «un estado de opinión en favor» de sus tesis.

En la investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha sido determinante el análisis de las comunicaciones intervenidas a algunos de los imputados desde junio de 2014. Y particularmente, las cartas que se cruzan el supuesto líder de la red y El Gharbi, tras coincidir en la prisión de Estremera a finales de 2016, en la que utiliza tanto simbología como proclamas y terminología propia del Daesh según detalla en su informe la Guardia Civil.

Es, de hecho, el análisis de una carta de Achraf a Zarrouri intervenida para cotejar su caligrafía con una pintada yihadista –que los funcionarios descubrieron en marzo de 2017 en una zona común de acceso al patio de la prisión de Estremera– es el que dio la voz de alarma. Y es que de su contenido los agentes del Departamento de Grafística de la Guardia Civil dedujeron una «posible labor de radicalización y proselitismo», avivando la sospecha de que podría estar llevando a cabo esa misma labor sobre otros internos.

«inequívoca adhesión»

«Mohamed Achraf» era «el principal referente ideológico» de la red por su conocimiento de la jurisprudencia y los textos islámicos según las metodologías salafista y yihadista, «su inequívoca adhesión al Daesh» y su «fluida relación» con internos que han tenido «una destacada vinculación» a la organización terrorista, como Karim Abdeselam y, presuntamente, El Gharbi. El mismo «Mohamed Achraf», destaca el Instituto Armado, es «un claro ejemplo de la eficacia adoctrinadora» de la propaganda del Daesh, ya que su adhesión a esta organización «se produce dentro de los centros penitenciarios», al estar cumpliendo condena desde mucho antes del surgimiento del autodenominado Estado Islámico (EI).

Los cuatro líderes tienen a sus espaldas «una larga trayectoria de hostilidad hacia las normas de convivencia penitenciaria», probablemente, según los investigadores, para consolidar su estatus como figuras de referencia frente a otros internos. En torno a ellos han ido tejiendo «un círculo de seguidores y afines» de los que controlan sus actividades, exigiéndoles el cumplimiento de los ritos islámicos «según la práctica más ortodoxa».

Además de la realización de pintadas, los autores del informe han constatado la tenencia y difusión de propaganda genuina del Daesh por parte de El Gharbi. Del intercambio de cartas entre varios integrantes de la red, los agentes infieren, además, la «voluntad explícita de crear un estado de opinión beligerante» en contra del estamento penitenciario y de la sociedad occidental en general.