Londres y Madrid retoman las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre Gibraltar antes de los nuevos controles Schengen

La situación de Gibraltar sigue en el limbo. Se trata del único asunto que queda aún por resolver tras el Brexit. Es cierto que no hay fecha límite para conseguir un pacto. Tras los problemas creados por los plazos –y las continuas ampliaciones– que en su día marcaron las tortuosas negociaciones de divorcio entre Londres y Bruselas, se aprendió la lección. Pero el tiempo apremia ahora más que nunca para encontrar solución a la única división terrestre -junto con Irlanda del Norte- que existe entre el Reino Unido y la UE. El 10 de noviembre se empezarán a aplicar los nuevos controles del espacio Schengen. Y si para entonces no hay fumata blanca en La Roca, fuentes consultadas, anticipan el “caos” en una verja que es cruzada cada día por alrededor de 30.000 personas, entre ellos, 15.000 trabajadores, de los cuales 10.000 son españoles.

Gibraltar fue uno de los grandes temas que centró la reunión mantenida ayer en Londres entre el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo británico, David Lammy. Ambos tuvieron un encuentro en la cumbre de la OTAN del pasado julio, pero ayer era su primera entrevista de trabajo. “Abordaremos el futuro acuerdo sobre Gibraltar para asegurarnos de que creamos esta prosperidad común entre Gibraltar y esos 300.000 andaluces que están conectados cada día [con el Peñón]”, recalcó Albares al comienzo de la cita. Por su parte, el responsable de la diplomacia británica subrayó el interés de Londres por “alcanzar la prosperidad y la seguridad para la gente de Gibraltar con un nuevo tratado que cimente la relación con España y la Unión Europea”, dentro del “reseteo” en las relaciones con la UE que busca el nuevo ejecutivo laborista liderado por Keir Starmer.

Tras el almuerzo de trabajo, que se celebró en la residencia oficial del jefe de la diplomacia británica en el número 1 de Carlton Gardens (centro de Londres) y trató otros asuntos de interés común como la guerra en Ucrania y la cooperación en clima y energía, se comunicó que el jueves las conversaciones “se retomarán a nivel ministerial” en Bruselas, con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y responsable del Gobierno del Peñón, Fabian Picardo. La última reunión a este nivel fue el pasado mes de mayo. Se creyó entonces que se llegaría a un pacto. Pero no hubo fumata blanca.

La llegada este verano de los laboristas a Downing Street tras catorce años de gobierno conservador, unido a que tanto en España como en el Peñón está sentada en el Ejecutivo una fuerza de izquierda, es interpretado ahora como un signo de avance de cara a las negociaciones. Pero, de momento, se sigue sin avances.

Y en noviembre además -o como muy tarde diciembre- la Comisión Europea tendrá que nombrar nuevos comisarios tras las elecciones del pasado mes de junio y no hay garantías de que Maros Sefcovic siga como responsable de estas negociaciones, lo que dificultaría el proceso.

De no haber acuerdo antes de 10 de noviembre, las autoridades españolas gestionarán los nuevos controles Schengen de la verja, impuestos tras el Brexit. Por su parte, las autoridades francesas harán lo propio en el puerto británico de Dover, Eurostar y Eurotunnel. Organismos gubernamentales y representantes del sector turístico han manifestado que los controles provocarán probablemente largas colas.

En la Nochevieja de 2020, a pocas horas de que terminara el periodo de transición Brexit, Londres y Madrid consiguieron cerrar `in extremis´ un principio de acuerdo para evitar los estrictos controles en la frontera. El texto contenía las directrices para cerrar un tratado entre la Comisión Europea y el Reino Unido sobre el Peñón. Pero se trata tan sólo de una solución temporal.

Si se quiere flexibilidad en la verja, se debe externalizar la frontera Schengen al puerto y aeropuerto del Peñón. Pero eso obliga a tener la presencia de agentes de España (miembro Schengen). Y ahí está el `quid´ de la cuestión. Sobre todo teniendo en cuenta que el suelo donde está construido el aeropuerto no estaba contemplado en el Tratado de Utrecht (1713-1715). Los británicos se hicieron con ello en el siglo XIX, cuando unas epidemias obligaron a desplazar la población al istmo.

Lo que se ha planteado es que Frontex, la Agencia de Guardia de Fronteras y Costas de la UE realice los chequeos durante un período de transición de cuatro años, tras el cual los funcionarios españoles asumirán el control.

Pero para los gibraltareños, la idea de “botas españolas sobre el terreno” es una profunda línea roja, ya que rememora los tiempos del régimen de Franco cuando se cerró la frontera en 1969, dejando a muchas familias divididas.

Nadie quiere cerrar una verja que sacuda tanto a la economía del Peñón como de las regiones españolas aledañas. Pero, al mismo tiempo, nadie quiere firmar cualquier término, cualquier punto, cualquier coma que pueda afectar al tema de la soberanía en un tratado internacional.