Política

Ministerio del Interior

Los sindicatos de prisiones abandonan su encierro y serán recibidos mañana en Interior

Isabel Goicoechea Aranguren, subsecretaria del Ministerio del Interior, les recibirá mañana jueves

Encierro de miembros de los sindicatos de Prisiones en Interior.
Encierro de miembros de los sindicatos de Prisiones en Interior.larazon

Exigen al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que retome la negociación para mejorar las condiciones económicas y laborales de los funcionarios de este sector.

Los sindicatos de prisiones, que permanecían encerrados en el Ministerio del Interior, acaban de salir después de que el secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias les haya comunicado que mañana jueves les recibirá la subsecretaria del Ministerio del Interior, según fuentes del CSIF.

Esta mañana, los principales sindicatos se habían encerrado en las dependencias ministeriales. “A las 11:00 de la mañana habíamos quedado con Isabel Goicoechea Aranguren, subsecretaria del Ministerio del Interior, para explicar los motivos de la huelga y sin ninguna explicación ha suspendido el encuentro cuando ya estábamos en la citada cartera”, manifestó a este periódico Nacho Gutiérrez, portavoz Acaip.

“Hasta que no nos reciban no pensamos irnos. Han creado un conflicto donde no se existía”, añadió el portavoz del citado sindicato después de que haya acudido la Policía en dos ocasiones.

El martes, los principales sindicatos de prisiones anunciaron que han convocado seis días de “huelga general” para exigir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que retome la negociación para mejorar las condiciones económicas y laborales de los funcionarios de este sector. Los presidentes de ACAIP, CSIF, UGT, CC OO y CIG precisaron hoy, tal y como ya explicó este periódico, que han convocado huelga de 24 horas para el 24 y 26 de octubre, así como para el 6, 8, 13 y 15 de noviembre. Además de estos seis días de huelga general a la que están llamados 25.000 trabajadores, los responsables de los citados sindicatos anunciaron que el próximo 17 de octubre se encadenarán frente al Ministerio para exigir a a Grande-Marlaska que se reúna con ellos.


“Vamos a la huelga porque nos han faltado al respecto. Tras 18 meses manifestándonos, nos quitan la subida salarial ofertada: 122 millones en tres años” y “sin darnos ninguna explicación”, manifestó José Ramón López, presidente de ACAIP. Por ello, el lunes solicitaron una reunión urgente con el ministro del Interior pero aún no han recibido respuesta.


El malestar estalló tras una oferta que después fue retirada. “Nos pusieron sobre la mesa -el secretario general de Instituciones Penitenciarias- una subida retributiva que suponía 375 euros de media (lo que reduciría esos 700 euros de diferencia salarial que hay según en qué prisión trabajen) y a los tres días nos comunican que no está aprobada por función pública ni por el Ministerio del Interior”, recordó Antonio González, responsable de prisiones de UGT. “Nos sentimos engañados”, manifestó Silvia Fernández, de CC OO.


“Esta huelga general es histórica, es la primera en la democracia -promovida por los sindicatos- y la primera a la que se enfrenta Pedro Sánchez”, precisó Adolfo Fernández, del CSIF. “Lo que pedimos es un trato justo, ni más ni menos. El Ministerio del Interior ha de tratar de la misma manera a sus funcionarios. Ya se lo dijimos a Zoido y se lo decimos a Grande-Marlaska”, añadió Fernández.


José Ramón López denunció que la Administración ya ha comenzado a organizar unos servicios mínimos que, en su opinión, “son claramente abusivos” en relación a que una cosa es cubrir los servicios mínimos en seguridad, atención sanitaria y alimenticia y otra que talleres, escuela y demás actividades también los tengan.


La opción que dan a Sánchez para desconvocar la huelga general es una reunión con el ministro del Interior, no con Ortiz, al que consideran que ha quedado “deslegitimado para negociar”.


¿Y qué piden? González explica cinco medidas principales: “una subida retributiva -como la ofrecida por Ortiz y reducir el número de categorías de 9 a 2-, que seamos considerados agente de autoridad que ya está en vía parlamentaria, corregir el déficit estructural de recursos humanos dado que hay 3.400 vacantes sin cubrir y con plantillas envejecidas, solucionar el sistema de sanidad penitenciario y parar las privatizaciones”.


"Somos los grandes olvidados siempre de los presupuestos y vamos a intentar no serlo", concluyó el responsable de CSIF.