La lucha judicial contra la corrupción: tres de cada cuatro sentencias fueron condenatorias en 2022

Los jueces cerraron el pasado año 38 procedimientos por corrupción, en los que procesaron o llevaron a juicio a 164 personas y 36 empresas. En esos mismos doce meses, los tribunales dictaron 61 sentencias sobre este tipo de delitos en toda España, de las que 45 fueron condenatorias, el 73,8%, y las 16 restantes (26,2 por ciento), absolutorias.

Así consta en el repositorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una vez incorporados los datos correspondientes al último trimestre del pasado año. De hecho, de los 38 procedimientos vinculados a la corrupción cuya investigación finalizó en 2022, 17 se cerraron en los últimos tres meses del año.

En la recta final del año también se produjo el procesamiento o la apertura de juicio oral respecto a 96 imputados por corrupción, unas medidas que también afectaron a 23 personas jurídicas.

En cuanto a las sentencias por este tipo de delitos notificadas de octubre a diciembre de 2022, diez de las 13 dictadas fueron condenatorias.

De las 38 causas por corrupción a las que se dio carpetazo el pasado año, 16 se cerraron en Andalucía (con 93 acusados) y seis en la Comunidad Valenciana (45 acusados) y Madrid (18).

Desvío de dinero público

El repositorio del CGPJ permite desde enero de 2017 a cualquier ciudadano acceder a los datos recopilados a través de la web www.poderjudicial.es y conocer así de primera mano la acción de la Justicia en la lucha contra la corrupción por medio de sus principales indicadores (acusados, procesados, procedimientos, sentencias, sentido del fallo, etc.), una información que se actualiza cada tres meses.

La información que recoge hace referencia a la corrupción pública, que tiene por tanto como protagonistas a funcionarios, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y que se distingue por uso irregular de dinero público, por lo que abarca tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Con el Código Penal en la mano, estas conductas suelen incurrir en delitos de prevaricación (urbanística o administrativa), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función o corrupción en las transacciones comerciales internacionales.