Pedro Sánchezescenificó ayer el guion para lo que queda de Legislatura, cuyo final está previsto en 2027. Esa es la meta, aunque hoy parece una novela de ficción. El presidente del Gobierno esbozó en un acto las bases de su propuesta de pacto de Estado para mitigar los efectos del cambio climático. Sánchez apareció flanqueado por todos los ministros socialistas del Ejecutivo –y ninguno de Sumar–.

El líder del PSOE quiso enviar un mensaje de unidad y fortaleza de su gabinete y de su formación. Pero tanto él como su equipo son conscientes de que es imposible que dicho ofrecimiento termine siendo rubricado por todos los partidos del arco parlamentario, por los agentes sociales y por la sociedad civil. En la España de polarización no entran los grandes acuerdos.

Y eso que Sánchez, con su propuesta de crear una agencia estatal de Protección Civil, admite que el Estado, con el Gobierno central a la cabeza, no está a la altura cuando hay una catástrofe. Moncloa lleva varias semanas emitiendo el mensaje de que tiene un plan basado en presentar unos Presupuestos Generales del Estado cuya aprobación se antoja una quimera.

Las alianzas en el Congreso son frágiles y, aunque el Ejecutivo se vaya a esforzar en llamar a partir de septiembre a la puerta de sus socios para intentar sacar las cuentas de 2026, lo cierto es que hay algunos, como Podemos, que han volado todos los puentes y que no van a dar oxígeno al «señor de la guerra», como llaman los morados a Sánchez.

Cataluña es la otra gran pieza del rompecabezas.

Todos los movimientos tectónicos bajo Moncloa llevan allí, porque sin el concurso del independentismo no hay cosecha que recoger. Y el Gobierno lo demuestra hoy, ya que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el proyecto de ley para la condonación de la deuda de las comunidades autónomas –la conocida «quita» incluida en el acuerdo con ERC–.

Esta medida permitirá al Estado asumir hasta 83.252 millones de euros de deuda autonómica a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y se extenderá al resto de comunidades del régimen común (excluyendo País Vasco y Navarra). Nada es casualidad en política. Hoy se produce una foto relevante: la cita en Bruselas entre el presidente catalán, Salvador Illa, y su antecesor, Carles Puigdemont.

Todo indica que, una vez que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo del expresidente catalán para que se le aplique la amnistía, el gabinete de Sánchez buscará estrechar la mano de Puigdemont. Aunque en Junts hay quien recomienda a su jefe que no se acerque al líder socialista porque le ven como un apestado en tiempo de descuento y manchado por la corrupción.

Pero poco importa esa amenaza en el Gobierno, según admiten fuentes socialistas, porque el guion del presidente, en verdad, es un relato de resistencia que choca con la realidad. El fin es movilizar al electorado progresista como sea. Y, para eso, el Gobierno quiere adentrarse en el mar de la izquierda. Por cada derechazo, un zurdazo. Por cada desplante de Donald Trump, una sonrisa. Esa es la premisa.

El problema es que pocos en el partido creen que vaya a surtir efecto. Dentro del Gobierno se admite que «no hay ya grandes banderas sociales que enarbolar». No hay huecos para ilusionar. La única forma de movilizar a los votantes, por tanto, es la confrontación ideológica pura y dura. Y la gasolina es el ruido y la crispación. Eso es, precisamente, lo que se esconde tras el pacto de Estado por el clima. Sánchez «va a por todas», explica una persona que le conoce desde hace años.

Moncloa ha diseñado un plan con el que alimentar a Vox y hacer daño al PP. El peaje que ha puesto el Gobierno en el arranque del curso es el cambio climático tras un verano que ha calcinado media España. Con ello, el presidente intenta enterrar la crisis que se desató antes de las vacaciones de verano con el encarcelamiento de su ex secretario de organización en Ferraz.

Aunque el partido no deja de ser un hervidero de comentarios sobre lo que viene: más informes de la Guardia Civil que salpicarían al ministro Ángel Víctor Torres y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol; la declaración de Begoña Gómez –mujer del presidente–; el juicio al fiscal general y al hermano del presidente, y la investigación a Leire Díez –vinculada a Santos Cerdán en su operación de captación de información comprometedora sobre la misma Guardia Civil que investiga al partido. Mientras, cada día que pasa crece el malestar por la brecha que se ha abierto entre Moncloa y Ferraz.

La planta noble de PSOE ha perdido influencia en la toma de decisiones del presidente. El equipo de Sánchez ha procurado aislar al Gobierno del hedor de la corrupción. Pero hay federaciones que, en privado, se quejan de que son ellos quienes ponen la cara con cada audio y cada filtración del «caso Cerdán». La sensación es que serán los candidatos en las alcaldías y en las autonomías quienes pagarán por la trama que campó a sus anchas en el Ministerio de Transportes. «Y lo que esté por salir», apuntilla un socialista.

Un ministro insiste en que no hay ningún socio que pueda provocar la caída de Sánchez. «No van a dar sus votos al PP y Vox en una moción», zanja. Esa es la cuenta que hacen en el Ejecutivo. El problema es que el guion de la resistencia es el único objetivo de la legislatura. «¿Qué proyecto es ese?», se pregunta un barón socialista. Moncloa vive permanentemente en el día a día.