Los negociadores reescriben la amnistía para salvar a Puigdemont

La decisión del magistrado Manuel García-Castellón de reactivar la causa abierta a Tsunami Democrático, con la imputación del expresidente Carles Puigdemont, ha obligado a los negociadores a improvisar una revisión del texto de la ley de amnistía, ya pactada, para introducir, entre otras cosas, una corrección de última hora y un «supuesto» con el que intentar que no se cortocircuite la posibilidad de que el líder soberanista se beneficie de la absolución política –está pendiente también de que se reactive la orden de entrega y detención de la Justicia española–. El acuerdo estaba hecho este pasado domingo y entre los socios se llegó a especular con la posibilidad de que el anuncio pudiera incluso efectuarse en la tarde, aunque se impuso la lógica de que se conocería este lunes, para que la investidura tuviera lugar esta semana, el día 8 –apuntaban–, en línea con el último calendario marcado por Moncloa. Pero la «bomba» de García-Castellón ha obligado a que los negociadores improvisen sobre la marcha una enmienda al texto, en un marco, por cierto, de desconfianza absoluta entre las dos partes. El perímetro de aplicación de la amnistía está en discusión, pero no ya solo por los nombres de los que se está hablando y que no tienen una relación directa con los hechos del 1-O: el problema de última hora es cómo garantizar la salvación de Puigdemont, que está obsesionado con que los jueces y los resortes del Estado están moviéndose para echar por tierra su regreso a España sin cuentas pendientes con la Justicia. Le quita el sueño que después de que ERC ya le ha robado el titular de la amnistía, de la nueva mesa y hasta del verificador, acabe invistiendo a Sánchez como presidente, pero él se quede fuera del juego político por la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas.

Puigdemont se queja de que el Estado y sus resortes más conservadores, señalando en primer lugar a los jueces, están moviéndose para dinamitar la amnistía. También en la delegación socialista apuntan a esos resortes «conservadores», e incluso señalan directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que responsabilizan de «estar usando sus fichas» para hacer que descarrile la negociación de la amnistía y que haya nueva repetición electoral.

Después de que el calendario haya vuelto a saltar por los aires, en lo que ha tenido mucho que ver la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional, ahora la nueva fecha que se han marcado para anunciar el pacto es finales de esta semana. Y que la investidura sea la próxima. Los socialistas van ganando tiempo con el beneplácito y la ayuda de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Pero Puigdemont quiere garantías y no se fía de lo que el PSOE está poniendo encima de la mesa. La palabra de Sánchez no le vale y teme que la reacción del Estado sea más fuerte y pueda acabar anulando parte de las concesiones que ha puesto como precio al presidente en funciones para garantizarle que siga en Moncloa.

El lunes, el juez García-Castellón, tras recibir un informe policial sobre las protestas convocadas por Tsunami Democrático hace cuatro años, decidió firmar un auto donde imputa al ex residente Puigdemont por un supuesto delito de terrorismo, con una posible muerte (un ciudadano francés falleció tras sufrir un ataque al corazón en la terminal 2 del aeropuerto, de la que fue evacuado en helicóptero, durante las horas de la protesta de Tsunami).

Al expresident le inquieta quedarse fuera de la medida y que sí beneficie a Junqueras

El juez imputa a una decena de independentistas y califica los hechos como terrorismo. La proposición de ley de amnistía incluía dentro de los delitos amnistiables vinculados al proceso soberanista los hechos investigados por García-Castellón, con la excepción de que se trate de terrorismo con resultado de muerte o graves heridas. Justo la excepcionalidad que aparece en la causa que acaba de reactivar el juez. Añadir un supuesto que anule las consecuencias de este movimiento judicial es la razón sobrevenida que está dilatando la presentación formal del pacto con Junts.

Desde la parte socialista sostienen que todos estos movimientos «reaccionarios», y «dirigidos por la derecha y la extrema derecha», solo pueden retrasar la investidura, pero, en ningún caso, acabarán por paralizarla. Este discurso es compatible con el hecho de que la negociación esté sirviendo al equipo de Moncloa para constatar hasta qué punto la competencia política y personal entre Puigdemont y Junqueras puede hacerles difícil la gobernabilidad una vez que la legislatura se ponga en marcha. El optimismo de Moncloa sobre que habrá investidura hay que medirlo siempre bajo el parámetro de que, en cualquier caso, la última palabra la tiene Puigdemont, y la negociación está presidida por «las miserias y la desconfianza».

La amnistía prevé anular todas las causas penales que afectan a la consulta del 9-N y del 1-O, que se devuelvan las fianzas, anular las inhabilitaciones y borrar los antecedentes penales. Pero siempre con la condición de que los principales beneficiados sean los líderes del «procés»: Junqueras lo tiene ya garantizado y Puigdemont exige seguridad plena de que ninguna decisión judicial, ni doméstica ni en el ámbito europeo, pueda truncarle sus planes de regresar como el salvador de la Nación catalana.