Nuevo Año Judicial: del bloqueo del CGPJ a la amnistía del «procés»

Un año después de que Carlos Lesmes amenazara con dimitir si PSOE y PP no renovaban de una vez el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la cúpula judicial celebra hoy el acto solemne del nuevo Año Judicial, presidido por Felipe VI. Lesmes terminó tirando la toalla en octubre, y el órgano de gobierno de los jueces –que el próximo 4 de diciembre cumplirá cinco años en funciones– sigue a la espera del ansiado relevo. Por si fuera poco, el «estropicio» en el Tribunal Supremo y en la cúspide de la organización judicial –por la imposibilidad legal de que el CGPJ cubra las vacantes mientras siga con el mandato caducado– no ha hecho sino multiplicar sus efectos. Ya son más de una veintena las plazas sin cubrir en el alto tribunal y alrededor de ochenta en el conjunto de la cúpula judicial. Así, lo que comenzó siendo una reforma legal de PSOE y Podemos para empujar al PP a negociar la renovación del Consejo ha terminado, en palabras del propio Lesmes, «debilitando y erosionando» a la Justicia española.

El acto de apertura del Año Judicial –con el relevo en el CGPJ pendiente ahora del rompecabezas político tras las elecciones del 23 de julio– se celebrará por primera vez con una «bicefalia» al frente del Tribunal Supremo y el Consejo: el magistrado Francisco Marín como presidente interino del alto tribunal y el vocal Vicente Guilarte como presidente en funciones del CGPJ. Será el primero finalmente el encargado de pronunciar el discurso que tradicionalmente protagoniza el presidente de ambas instituciones.

Y es que aunque algunos vocales defendían que debía ser Guilarte quien dirigiera esas palabras en presencia del Rey, tal y como acordaron los dos presidentes interinos. Fuentes del sector mayoritario del órgano de gobierno de los jueces respaldan esa decisión. «El acto se celebra en el Tribunal Supremo y lo preside su Sala de Gobierno. Lesmes hablaba como presidente del Supremo y de su Sala de Gobierno. Los vocales del CGPJ vamos siempre como invitados», recalcan. «No veo controversia alguna».

"Calamitosa situación"

Pero el hecho de que sea Marín quien pronuncie ese discurso no obsta, según esas mismas fuentes, para que el presidente interino del Supremo incida no solo en la «calamitosa situación» que padece el alto tribunal, sino en «cómo se ha utilizado la falta de renovación del CGPJ para privarle de sus competencias impidiéndole proveer las vacantes», algo que esas mismas fuentes ven «justificado y hasta imprescindible». Ya lo hizo Lesmes hace un año, cuando criticó sin ambages la reforma legal impulsada por PSOE y Podemos por no haber conseguido el relevo en el CGPJ y haber ocasionado sin embargo «un enorme debilitamiento de su legítima función constitucional, como garante de la independencia judicial».

«Desjudicializar el ‘‘procés’’»

El dimitido presidente del Supremo y el CGPJ ya alertó entonces de los riesgos de «desjudicializar» el «procés», una advertencia que cobra ahora mayor sentido cuando –tras la derogación del delito de sedición– está sobre la mesa una posible amnistía de todos los encausados por el desafío soberanista en Cataluña en 2017, una de las condiciones que exige Carles Puigdemont para avalar la investidura de Pedro Sánchez.

Si esa ley de amnistía sigue adelante –lo que permitiría al líder independentista, huido de la Justicia española desde hace seis años, presentarse a las elecciones catalanas de 2024– la última palabra sobre la constitucionalidad de la medida la tendría el Tribunal Constitucional (TC), de mayoría progresista.

Euroorden contra Puigdemont

También con el proceso soberanista en Cataluña en el epicentro, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», tiene pendiente reactivar las euroórdenes contra Puigdemont y el resto de fugados, una medida supeditada a lo que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad del expresident, que reclama recuperarla de forma cautelar a la espera del pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Al margen de los pronunciamientos pendientes sobre los indultos del «procés» por parte del Supremo y del amparo solicitado al TC por los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves contra sus condenas por el fraude millonario de los ERE, en el horizonte del nuevo Año Judicial también asoma otra reforma legal que reclama la Comisión Europea: la que garantice que los jueces designen a los doce vocales del CGPJ de procedencia judicial, como también la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para desligar los mandatos del fiscal general del Estado y del Gobierno de turno, para ahondar en la independencia del Ministerio Público.