La ONU censura las leyes de concordia de PP y Vox y exige “medidas” para corregirlas

La ONU insta al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para "preservar" la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden "invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista".

Así lo han expresado tres relatores de Naciones Unidas en un informe de ocho páginas que se ha publicado esta madrugada que da respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas "leyes de concordia", tramitadas en tres de los territorios donde PP y Vox gobiernan en coalición. Los responsables de estas regiones no piensan dar un paso atrás, y el Gobierno ya anunció su intención de recurrir ante el Constitucional una legislación que “quiere blanquear el franquismo, la dictadura y las atrocidades que cometieron”.

El Ejecutivo central elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son "contrarias" a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022.

En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, el organismo internacional recuerda que todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades nacionales, regionales o locales "deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos", y que el incumplimiento de esas obligaciones compromete la responsabilidad de España.

"Las llamadas leyes de 'concordia' aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos", se lee en el documento de la ONU.

Tras analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en estas regiones, los tres relatores han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que adopte "todas las medidas necesarias" para garantizar "el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos".

Según explican, estas leyes "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica" y pueden "acarrear límites al acceso a la verdad" sobre el destino o paradero de "las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos" y también pueden "invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen".

También apuntan a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil "a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España", quitándole así el reconocimiento a "las centenas de miles" de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.

"Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación", esgrime el informe.

Los firmantes del documento son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.

Naciones Unidas responde así a la denuncia presentada por el Gobierno contra las leyes de concordia aprobada por PP y Vox en Aragón y que están en trámite en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana.

El pasado mes de marzo, los grupos Popular y de Vox en las Cortes de Castilla y León elevaron a rango de ley la normativa de Concordia, cuyo contenido sustituirá al decreto de memoria histórica y democrática aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera, con el objetivo de «honrar y proteger» a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978.