Un paisito a medida

En un rincón de mi escritorio sigo guardando los preciosos y carísimos panfletos que se imprimieron con nuestro dinero para publicitar el referendo falso. Son de papel satinado de primera calidad, amarillos en su mayoría, con letras rojas y negras, y prometen cosas inauditas como el apoyo de Europa, ventajas económicas y fiscales sin cuento o el desarrollo cultural y sanitario de Cataluña. En uno de los más famosos se recoge el testimonio de un niño que se ilusiona con una patria «donde el menú de todos los días lleve helado de postre». Los guardo porque se me heló la sangre al ver a los diputados independentistas votar ante las cámaras la ruptura de España.

Previamente hubo una actividad desusada, que ahora el fiscal afea a los responsables. En la famosa «moleskine» de Josep María Jové, entonces secretario general en la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, que dirigía Oriol Junqueras, figuraba el esquema general de un país nuevo, la «Cataluña Lliure» que se imaginaban. Describieron sus estructuras, diseñaron sus relaciones internacionales y su defensa militar y se pusieron en marcha. Bajo el nombre de «Diplocat» se creó una red de carísimas embajadas, sustentadas por una red de Apps con toda la propaganda imaginable. Se compraron urnas de voto a China, se imprimió material electoral por un millón de euros, se alquilaron locales para el recuento y los delegados de aquel fiasco viajaron a Rusia, Israel o Pekín buscando apoyo diplomático y económico. El nombre popular de todo ello es traición. En las cancillerías europeas se supo con alarma que los de Barcelona habían ido a Moscú a ofrecer un gran puerto mediterráneo al servicio del Kremlin. Qué locura.

Luego usaron las estructuras oficiales para extorsionar a los directores de institutos y colegios. Desde la Consejería de Educación se llamó a los funcionarios para chantajearlos y asustarlos. Muchos claudicaron y aquellos que se negaron, como Dolores Agenjo, fueron perseguidos, amenazados y señalados.

Fue una sedición en toda regla y ahora que Pedro Sánchez ha erradicado ese delito del Código Penal, apenas queda reclamarles a los delincuentes las responsabilidades de la malversación de fondos. Setecientos cincuenta mil euros se gastaron Josep María Jové y Lluis Salvador en crear una Hacienda Catalana. A los dos primeros se les piden siete y seis años de prisión. Es insultante que a muchos de ellos se los encuentre aún en cargos públicos, cobrando del erario. El fiscal pide 32 años de inhabilitación y el pago de una multa de 30.000 euros para Jové, diputado de ERC, que aún preside el Consell Nacional del partido, y 27 años de inhabilitación para Salvadó, presidente del Puerto de Barcelona. Natalia Garriga, que era directora del Departamento de Economía y es ahora Consejera de Cultura. Se le reclaman un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa.

A la noticia de las peticiones del fiscal han reaccionado en ERC y Junts con gritos y aspavientos. Turull ha urgido a la unidad del independentismo. La portavoz Marta Vilalta ha calificado el escrito oficial de «aberración política y jurídica» y «golpe judicial». Puigdemont ha emitido una comunicación desde Bruselas denunciando «pura persecución ideológica». Nada nuevo bajo el sol, todo está donde lo dejaron. Quienes argumentan –como ha dicho Sánchez– que Cataluña está pacificada y reconciliada, mienten. Tan solo están beneficiados legalmente los independentistas, por haber apoyado al Gobierno en sus planes durante estos cuatro años. Por lo demás, Cataluña sigue partida en dos y continúan mandando los que han decidido que los constitucionalistas no tienen derechos.

Resulta alarmante pensar que, en caso de una segunda convocatoria de referendo, el Estado ya no tiene diques de contención, como ha señalado el Tribunal Supremo. Al menos consuela que no hayan caído en el olvido institucional los que ejercieron presión ilegal, chantaje y robo de medios públicos.