A Parot no le bastó con matar a cinco niños en Zaragoza y acabó con la vida de otro en Madrid

A Henri Parot y sus compinches del “comando Argala” o francés no les bastó con los niños que habían asesinado un año antes en el cuartel de la Guardia Civil mde Zaragoza. Querían repetir la matanza en Madrid. Eran las 23.55 del 22 de noviembre de 1988 y el doctor Luis Delgado Cabezas, su esposa Mercedes Villalonga, embarazada de cuatro meses, y su hijo Luis Delgado Villalonga, de dos años y medio, volvían en coche a casa, después de cenar con unos familiares en Las Rozas.

Cuando su vehículo circulaba junto al edificio de la Dirección General de la Guardia Civil, en la esquina con el paseo de San Francisco de Sales, hizo explosión una furgoneta bomba con más de sesenta kilos de amonal y cuarenta de metralla que los miembros de ETA habían colocado junto a los muros exteriores de la sede de la Guardia Civil. El atentado causó la muerte en el acto de un trabajador de RTVE que también regresaba a casa, Jaime Bilbao Iglesias, así como la del pequeño Luis Delgado Villalonga, que moriría en el hospital a causa de las graves heridas. También resultaron heridos 46 agentes de la Guardia Civil y 42 transeúntes que pasaban cerca del lugar del atentado, entre ellos los padres del niño fallecido. La madre, embarazada, estuvo varios días en coma profundo. Los estragos materiales fueron cuantiosos, valorados entonces en 863 millones de pesetas.

El atentado fue ordenado por el entonces jefe del “aparato militar”, Francisco Múgica Garmendia, “Pakito”. El objetivo era llevar a cabo una matanza de guardias civiles y de sus familiares similar a la provocada en Zaragoza en diciembre de 1987, cuando el mismo comando asesinó a once personas en la casa-cuartel de la Benemérita en la capital aragonesa.

Ocho años después del atentado, la sección 3.ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó la sentencia 56/96, por la que condenaba a Henri Parot, Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun Estos dos eran los que habían robado los coches utilizados en el atentado) a penas de 1.170 años de reclusión por dos delitos de asesinato consumado, cuarenta y ocho de asesinatos frustrados, lesiones graves, falsificación de documentos oficiales y otros delitos menores.

En 2001 la misma sala y sección de la Audiencia Nacional falló la sentencia número 17, por la que condenó a Francisco Múgica Garmendia y a José María Arregui Erostarbe a sendas penas de 1.128 años de prisión por los dos asesinatos consumados, por cuarenta y seis delitos de asesinato en grado de frustración, por veinte delitos de lesiones graves, estragos materiales y otros delitos menores.

Las sentencias llevaban aparejado el deber de los condenados de indemnizar de forma conjunta y solidaria a los herederos de cada una de las víctimas mortales con 50 millones de pesetas, y al resto de heridos con un total de 127.440.000 pesetas en concepto de lesiones y secuelas, que por supuesto no pagaron.