Pasarela al RETA o jubilación miserable: la última oportunidad de los abogados mutualistas

En 1840 se crea en Cataluña promovida por la agrupación de abogados de la región Alter Mutua, una entidad de previsión social dirige a ofrecer un sistema de pensiones para los profesionales de este gremio mayores de 70 años, pero también para los que habían tenido que dejar el trabajo por problemas de salud y para las viudas y huérfanos de mutualistas fallecidos.

Más adelante, a finales de los años 40 del siglo pasado, siguiendo aquel modelo, nace Mutualidad de la Abogacía como el sistema de pensiones al que se tenían que adherir todos los colegiados de España.


Pero en 1996 se pone fin a esta obligatoriedad y se les da la opción a los nuevos abogados de pasarse al RETA, el régimen especial de autónomos. Los veteranos pasaron, entonces, a tener dos opciones: mantenerse en Mutualidad o entrar en la Seguridad Social sin poder trasladar el dinero que habían ido aportado durante años a su fondo de mutualista.


Ocho años después, en 2004, el Supremo abre la puerta a través de una sentencia a que los letrados pudiesen simultanear ambos sistemas, la Mutualidad y el de autónomos adherido a la Seguridad Social. Eso sí, los que hubieran sido mutualistas solo podrían estar en el RETA de forma complementaria. Es decir, no se podía estar solo en el RETA si se procede de Mutualidad sin renunciar a lo invertido.

El Reglamento de mutualidades, que aprueba el segundo gobierno de Aznar (PP) en 2002, y los cambios en la Ley de los seguros privados que introduce dos años después el primero de Zapatero (PSOE) impusieron la transformación del fondo mutualista de un sistema de capitalización colectivo, al modo de la hucha conjunta de la Seguridad Social, a uno de ahorro individual. Una especie de plan de pensiones privado en el que los abogados mutualistas debían ir metiendo unas mínimas sumas de dinero y lo que fuesen acumulando en total a lo largo de su carrera profesional sería lo que cobrarían de pensión.

Entonces se hizo patente el problema para los letrados asociados a Mutualidad. Con cierta frecuencia, la compañía de seguros les enviaba en papel la cifra que tenían depositada y una previsión de lo que recibirían una vez jubilados cada mes como pensión. 

De la noche a la mañana, a causa del cambio al sistema individualizado, el cálculo de lo que cobrarían en su jubilación se vio drásticamente reducido.

Es por ello que es más bien común encontrarse a abogados que tras más de 40 años en ejercicio reciben 300 o 400 euros al mes de beneficios.

Hasta 2012 no se universalizó la sanidad pública para los mutualistas, teniendo que pagar hasta entonces la cobertura sanitaria de su propio bolsillo, pólizas de asistencia sanitaria privada o previo pago de la cuota que estableciera con anualidad el acuerdo alcanzado ese año por la compañía con la Seguridad Social

La historia de Mutualidad como empresa, explica con dureza el abogado Eduardo Morato a LA RAZÓN, es la de el “fracaso del mutualismo” por la “manifiesta desesperanza” que se deriva, ante la imposibilidad de hacer frente a las prestaciones pactadas inicialmente con sus clientes, implicando que para hacer realidad las mismas tengan que hacer un sobresfuerzo económico notable, que va mucho más allá de lo inicialmente previsto.

Se calcula que 75.000 abogados que tienen como alternativa a la Seguridad Social las antiguas mutualidades. Sufren las consecuencias de un sistema que les ha acabado dejando una renta vitalicia temporal, muy distinta a una pensión, que recibe mes a mes cada jubilado en su retiro. Una de sus tantas diferencias, más allá de las cifras del importe, es que se agota cuando el titular fallece y, con ello, nunca la podrá seguir recibiendo pareja o los hijos que deja.


Al ser solo previsiones y cálculos de lo que cobrarían una vez jubilados no existía un compromiso de garantía por parte de la compañía para que esa fuera la cifra que acabarían percibiendo. Han quedado con los años a expensas de la gestión financiera que la dirección de Mutualidad haga en la compañía.

Los mutualistas, por lo establecido en la ley, pagan cuotas anuales a la aseguradora de al menos el 80% de lo que abonan en concepto de cotizaciones los trabajadores autónomos a la Seguridad Social, pero perciben, en cambio, sobre un 60% de las prestaciones que da la Seguridad Social. “Un insulto a la inteligencia”, asegura este letrado que ha estudiado durante años un sistema que defrauda la confianza de los abogados adscritos a este sistema y de la que él también es víctima. En el primer sindicato de abogados de la historia de nuestro país, Venia, se encarga del asunto.

Un sentimiento de frustración cuando piensan en lo que ha acabado siendo el mutualismo que recorre a todos los profesionales liberales de las leyes. “Es una coartada legalizada en la que te obligan a pagar mucho para acabar recibiendo muchísimo menos”, señala Eduardo.
“Es una injusticia por la que ya no estamos dispuestos a pasar”, explica, refiriéndose al tiempo que han tardado en tomar cartas en el problema y convocar la primera huelga de la historia de la abogacía que se mantiene desde el pasado desde el pasado 21 de noviembre con suspensión de juicios en tribunales de todo el país.


Por ello, apela también a la solidaridad del resto de la sociedad ante una injusticia de la que hasta ahora poca gente sabía y de la que, lamenta, aún poca gente habla. “Tenemos mutualistas jubilados que reciben una pensión de menos de 500 euros tras haber estado pagando cuotas a Mutualidad durante 40 años”, cuenta como unas circunstancias que, señala, no son raras entre los compañeros que uno se cruza por los juzgados de toda la geografía española.

Muchos se ven obligados a continuar ejerciendo para poder ingresar cada mes al menos el SMI para simplemente poder vivir, sin mayores comodidades.
 “Muchísimos abogados víctimas de Mutualidad tienen que seguir trabajando en su profesión hasta que su salud se ve resentida y no pueden más o fallecen. ¿Se imagina que su jubilación fuera así?”, denuncia en conversación con este diario.

Esta realidad aflige a Jacoba Millán, de 68 años y letrada en Santiago de Compostela. A sus espaldas, 40 años ejercicio. Empezó cuando era obligatorio estar afiliada a la Mutualidad. Cuando le dieron la posibilidad, hace ya 14 años, se abscribió de forma complementaria al régimen de autónomo, una posibilidad que, advierte, no puede permitirse la mayoría de profesionales porque entre uno y otro los pagos mensuales pueden rondar los 1.000 euros. 



Hasta que cumplió 65 años las previsiones que le mandaban de la que sería su renta en su jubilación eran mínimamente aceptables. Entonces, se redujeron hasta los 500 euros después de estar pagando religiosamente 39 años a la compañía. Lleva acumulados en los fondos de esta entidad más de 100.000 euros. “Jubilarse es inasumible con esa pensión”, advierte.

Por eso prefirió irse al RETA, aportar más porque ella sí podía y tener una mayor seguridad en la salud: “Hubo gente con una enfermedad grave que tuvo que ir a la Seguridad Social porque el seguro privado no le cubría y le acabaron demandaron para que pagase la atención”.


La solución que reclaman cada uno de los abogados que tienen relación con Mutualidad consultados por LA RAZÓN es que se cree de una vez por todas la pasarela al RETA que tanto ansían. Funcionaría de forma que se les daría a los abogados mutualistas la posibilidad de pasar la cantidad que han ido ahorrando en la Mutualidad al régimen de autónomo de la Seguridad Social y que se les calcule como un tiempo cotizado que les otorgaría una mínimamente digna pensión como la que disfruta cualquier trabajador asalariado.

Señala también esta veterana abogada también que se les debería dar la posibilidad de que retirar su dinero con una reducción la carga fiscal del 40% actual por la excepcionalidad y sensibilidad del origen de los activos. “Teniendo en cuenta, además, que a la mayoría la salud pública ni nos operó, ni nos trató, ni nos hizo una revisión”, apostilla.

Otra razón por la que piden premura para su aprobación es la preocupación que a muchos les recorre de qué puede pasar con sus cientos de miles de euros en manos de una compañía de seguros como es la Mutualidad de la Abogacía. Desconocen, aseguran varios letrados consultados, si tienen alguna garantía de reembolso si quiebran o en qué está realmente invertido ese dinero.

En definitiva, dudan de si Mutualidad, que presume de tener más de 100.000.000.000 en activos, a la hora de la verdad si acaba habiendo una pasarela al RETA podría aportar al fondo de la Seguridad Social el dinero que cada mutualista tiene en depósito. Jacoba, en su privilegiado caso, se jubilará a pesar de su pobre pensión porque tiene otras fuentes de ingresos. “Me jubilo sí o sí en agosto porque no tengo edad de andar con el sonotone y el bastón en los juzgados. No me da la gana”.

Recuerda, desde la incomprensión, que a los curas se les hiciese una pasarela, a los notarios, que su propio oficio les aporta retribuciones durante su vida profesional de una media muy alta, pero para los abogados ni hay prisa ni parece que intención. Nunca acaba de llegar su hora, una que les dejaría dormir al menos más tranquilos respecto a una vejez a la que llegan tras prestar durante la mayor parte de sus vidas un servicio público indispensable. El de la defensa de cualquiera ante un tribunal.

“Me dan en conjunto, habiendo pagado las cuotas de los dos sistemas, 800 euros de pensión, ya me dirás, cuando el SMI está en 1.200. Me lo gasto el primer día en luz, agua y comunidad. Un abogado tampoco va a vivir en la indigencia después de casi una vida trabajando”, protesta, con cierto arranque de indignación.

Es duro de escuchar las circunstancias vitales y profesionales bajo las que vive Daniel Gonzálvez Mas, de 36 años y con 10 de ejercicio a sus espaldas. Es mutualista alternativo, compagina la Mutualidad como abogado con la de detective privado en el RETA. Explica que cuando acudió al número 9-11 de la noble y madrileña calle Serrano, sede del ICAM, para colegiarse, prácticamente le derivaron a la casilla de alta en Mutualidad y con lo que ahí te dicen, cuenta, “te crees que son superiores las prestaciones que en el RETA”.

Tras una decisión en la que le faltó comparar qué prestaciones acababan dando al trabajador uno y otro, con el tiempo, y especialmente tras serle diagnosticado un linfoma de Hodgkin, fue consciente que con Mutualidad solo tenía derecho a 365 días de baja médica en toda su carrera profesional, y que si sufres una enfermedad grave como la suya no tienes derecho a prestación.

A Daniel la Tesorería General de la Seguridad Social (TJSS) le ha reconocido una incapacidad absoluta por el cáncer que sufre. Cuando llevó el certificado a Mutualidad para tratar de justificar que le debían dar la incapacidad también en la entidad de seguros, no bastó y le derivaron a un médico privado que no hizo más que suscribir el dictamen que con respecto a su salud había realizado el organismo estatal.

Después fue evaluado por un equipo psicosocial que, denuncia, "no son expertos en oncología" y su reclamación de la incapacidad absoluta está a un tribunal de prestaciones que tiene que dar el sí o el no final. Él sigue esperando. “Esto nació como una mutua de previsión social y se parece mucho más a una aseguradora. Si sufres de salud van a escurrir el bulto”.

El sindicato profesional de la abogacía Venia se reunió en La Coruña el pasado 3 de enero con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Les trasladó su disposición para constituir una mesa de trabajo para estudiar la implantación de la pasarela al RETA como solución a su problema.

Actualmente, Venia mantiene conversaciones con la líder de Sumar en la que, dicen, han encontrado una antigua compañera que conoce de primera mano las precarias condiciones a la que se enfrenta la amplia mayoría de abogados al haberlas vivido como especialista en laboral con despacho en la ciudad gallega de Ferrol antes de entrar en política.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), por su parte, fue el primero en pronunciarse con una declaración oficial en la que manifestó su apoyo a las principales reivindicaciones que se están planteando. En esta, difundida el pasado junio, defendieron la misma solución al problema que reclaman los colegiados: una reforma legislativa que permita una pasarela al RETA y un tratamiento fiscal adecuado.