Antonio Giménez era uno de tantos empresarios para los que la traumática crisis del año 2008 supuso un antes y un después en sus vidas. Él era, hasta entonces, un hombre normal que tenía como negocio una imprenta. Antes de que estallase la recesión económica, su compañía disponía de una sólida y abultada cartera de clientes y funcionaba muy bien.

Como en aquel momento el trabajo iba a más, y sin prever la tormenta que se ceñía sobre el sector, decidió invertir en la compra de una máquina de impresión puntera, que, como explica a LA RAZÓN, son «muy caras» y supuso una inversión de más de 200.000 euros. Además, por necesidad logística, trasladó el taller a una nave más grande en la que trabajaban hasta siete empleados

La rotura del buen marchar económico de nuestro país le afectó de lleno. Dejó de tener tanto trabajo y, consecuentemente, Giménez se vio obligado a tener que invertir lo que ganaba con los encargos en el pago de proveedores. La prioridad pasó a ser tener material, como el papel y la tinta, con el que poder seguir trabajo y manteniendo a flote el que era su único medio de vida.

«Ya no podía pagar nóminas, ni el papel»

Pero el problema era que, al final de mes, al echar cuentas, no le quedaba, en cambio, margen para poder seguir cumpliendo con el abono de la letra de la máquina y la espiral de endeudamiento le atrapó poco a poco.

Su socio abandonó el barco antes de que se hundiese y él, contra viento y marea, intentó mantenerlo a flote hasta que una disminución aún mayor de los encargos no le dio más opción que echar la persiana de la imprenta en 2009.

La deuda con la que puso fin a siete años de trayectoria empresarial en el mundo de las artes gráficas alcanzó, con el tiempo, los 600.000 euros. «Ya no podía pagar nóminas, ni el papel, y el trabajo pasó a ser escaso», recuerda en conversación con este diario.

A partir de ahí, comenzaron las amenazas por parte de las compañías que compraron las líneas de crédito que debía y su mujer tuvo que aguantar sucesivas llamadas diarias en las que amenazaban hasta con quitarle su vivienda. Todo valía para tratar de cobrar, pese a que Giménez no tenía la capacidad económica de poder hacerlo. «Ella lo pasó muy mal. Nadie se imagina lo que es que te llamen al fijo a todas horas, con insultos, muchas veces al día».

Un «calvario»

Giménez pasó a tener embargada la nómina que tenía en los distintos trabajos que fue encontrando, desde en una residencia de ancianos o los congelados hasta en una empresa de residuos. Solo disponía mensualmente para poder vivir del importe equivalente al Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI). Cualquier remanente que le quedase, como la paga extra, quedaba automáticamente embargado. Tampoco podía tener cuenta bancaria, ni tarjeta de débido o crédito y la herencia que dejaría a sus hijos era, precisamente, esa deuda de miles de euros que se convirtió en una losa con la que lidiar día a día.

Un «calvario» que sufrió durante más de 15 años hasta que, por fin, un buen día, conoció la Ley de Segunda Oportunidad, cuya versión actual es de 2022. «Vi que era mi única opción de tener la oportunidad de empezar de cero».

Tras consultar con varios abogados, le convenció de intentarlo el letrado Jesús Zapatero, socio del despacho Asoban, que es experto en la rama concursal del Derecho. «Analizamos el caso de Giménez y vimos que cumplía con todos los requisitos. La mayoría eran acreedores financieros y su deuda estaba claro que fue generada de buena fe: invirtió en su negocio y le fue mal. No hay nada raro de por medio», cuenta su abogado. Giménez, armado de fé, tuvo que pedirle prestado el dinero a su suegro para sufragar la factura de los servicios legales y decidió intentarlo, al ver que había posibilidades.

El pasado 1 de julio, tras 10 meses de procedimiento judicial, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid le confirmó que podía acogerse a esta legislación y declaró exonerada el total de su deuda de más de medio millón de euros. La jueza ordenó a las entidades financieras que le sacasen de todas las listas de morosos que tienen y dejó sin efecto para los acreedores la posibilidad de que inicien algún tipo de acción para intentar cobrar lo adeudado.

«El pasivo no satisfecho se debe considerar extinguido», deja claro la sentencia. Ahora, con 49 años, le quedan 15 para jubilarse y trabaja en el sector del cartonaje, pero descarta, por el momento, volver a emprender, tras lo vivido. «Se me han quitado las ganas, pese a que me gustaría poder dejarles algo a mis hijos. No lo veo viable, de momento, porque si te va mal, pagas todo tú. La realidad es que, viendo casos como el mío, se desmotiva al que quiere generar empleo», reflexiona, tras recibir la buena noticia de que ya no es un deudor.

Los requisitos de una legislación desconocida

Como apunta el abogado Jesús Zapatero, ley de segunda oportunidad es aún una «desconocida» para la mayoría de la sociedad española. Si se cumplen una serie de requisitos, la Justicia concede el perdón de la deuda. Es preciso que el acreedor no formule una oposición justificada a la concesión y que la documentación que recoge su camino hasta el naufragio empresarial demuestre que es un deudor de buena fe. También que el interesado no haya sido condenado en los últimos 10 años por delitos fiscales, contra la Seguridad Social o los derechos laborales.