Policías y guardias civiles claman contra Sánchez: "Legisla para los delincuentes, los violentos y los sediciosos"

"Legislar para los delincuentes, los violentos y los sediciosos es una irresponsabilidad con consecuencias fatales. Deja a los españoles, a los policías y a España desprotegidos y desamparados". Con este mensaje se ponía punto y final este sábado a una manifestación multitudinaria en Madrid contra la polémica reforma de laLey de Seguridad Ciudadana y bajo el lema "Por una España más segura". Una protesta que llega tras meses de avisos y advertencias sobre una ley que no ha contado con la opinión experta de los profesionales de la seguridad ciudadana, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los juristas, que temen que se convierta en un nuevo fracaso, como la del "solo sí es sí".

Convocada por la plataforma Jusapol (que aúna al sindicato policial JUPOL y la asociación de la Guardia Civil JUCIL), ha contado también con el respaldo de la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), entre otros, así como con el apoyo de las miles de personas que han participado en la marcha (30.000 según los organizadores).

"Hoy hemos venido a decirle al presidente del Gobierno,Pedro Sánchez, que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es un fracaso total y absoluto" y lo que es más importante, que "con la seguridad de los policías, no se juega" y que "con la seguridad de los españoles, no se apuesta". Estas palabras forman parte del manifiesto leído por Miguel Gómez, presidente de Jusapol, al término de la manifestación, quien ha asegurado que nuestro país necesita que la seguridad ciudadana "quede al margen de ideologías". Esta es, a su juicio, la única manera de garantizar que "nuestras calles sean seguras, independientemente de quien gobierne".

Y es que hay que recordar que los colectivos policiales han dado la voz de alarma sobre las consecuencias de esta polémica reforma de la “Ley Mordaza”. Avisos que han caído en saco roto, ya que el único objetivo del Ejecutivo (PSOE-Podemos ) es saciar las ansias de sus socios soberanistas. Precisamente, a finales de enero, la negociación encallaba, ya queel Gobierno no conseguía acercar posiciones con Esquerra y Bildu, partidos de los cuales depende que la reforma de la ley prospere.

Un debate del que no forman parte policías y guardias civiles, que se convierten en meros cromos de cambio de la clase política. "Esta ley nos quita el principio de autoridad, nos quita la presunción de veracidad y nos arrebata los medios necesarios para garantizar el orden público, para evitar que esos violentos no saqueen ni dañen vuestros comercios", ha manifestado Gómez ante los miles de asistentes. Y añadía: "Se nos fiscaliza y se nos condena por hacer nuestro trabajo y en ningún momento contamos con el respaldo del Gobierno de España, que va a ceder la toga de los jueces y se la va entregar a las redes sociales. Permite abrir la puerta para que vídeos manipulados, recortados con nuestras caras, en nuestro trabajo, puedan circular libremente desde el anonimato y sin control". Por todo ello, desde los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, concluyen que "esta ley no es seria".

"Caos, improvisación y odio"

En palabras del presidente de Jusapol, "esta reforma pone en una gravísima situación a los policías y a los ciudadanos, desprotegiéndoles ante los ataques continuos de los violentos que harán de las calles un estado paralelo, sin límites, donde reinará el caos, la improvisación y el odio a quienes día a día se esfuerzan y sacrifican para crear un modelo ciudadano ejemplar y de referencia a las generaciones más jóvenes”. Por todo ello, desde los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, concluyen que "esta ley no es seria".

Por su parte, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha criticado que el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, impulse esta polémica reforma mientras da la espalda a las reivindicaciones históricas de la Policía Nacional en materia salarial, la equiparación con las Policías autonómicas, las jubilaciones y las dietas, la jornada laboral o el derecho a huelga entre otras”.

Qué reclaman policías y guardias civiles

Por todo lo citado anteriormente, desde las organizaciones policiales exigen que la ley garantice la seguridad de todos y no cuestione la "palabra del policía". Asimismo, piden al Ejecutivo que la nueva norma no exponga a los policías y a sus familias al juicio de las redes sociales. También reivindican más recursos materiales y humanos, así como los recursos necesarios en aquellos casos en que los agentes son apedreados o se saquea un comercio. Ya en otro ámbito de temas, exigen que la nueva ley obligue a comunicar previamente las manifestaciones, concentraciones y los cortes en la vía pública.

Mención aparte merece el tema de los cacheos. A juicio de Jusapol, no es de recibo que limiten el trabajo de los agentes impidiendo los cacheos: "¿Dónde se cree el Gobierno que llevan las armas los delincuentes?".

Y siguiendo con este catálogo de reivindicaciones, hay que añadir aquellas que afectan al bolsillo. Consideran que reducir la cuantía de las sanciones económicas provoca que a los "infractores les salga más barato o gratis infringir esta ley". También apuntan las graves consecuencias que tiene convertir la tenencia de droga en una infracción leve, ya que puede provocar que las "calles se llenen de más droga". Finalmente, apelan a Sánchez y a Grande-Marlaska para que velen por la seguridad nacional en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Funcionarios de prisiones, los grandes olvidados

También ha habido lugar para los grandes olvidados de Grande-Marlaska, los funcionarios de prisiones. Hay que recordar que todavía está pendiente de aprobación la proposición de ley que les otorgaría la condición de agentes de la autoridad. Una reforma del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria (1/1979), que se tramita como proposición de ley y que se presentó el 24 de julio de 2020, hace más de dos años. Desde entonces, el Ejecutivo ha ido retrasando sin excusa alguna su aprobación, mientras los funcionarios de prisiones siguen denunciando "golpes, escupitajos, insultos, tocamientos y apuñalamientos". Según datos gubernamentales, el número de agresiones a funcionarios de prisiones se elevó a 410 incidentes en 2022, concretamente hasta el 30 de noviembre, de las que once fueron graves y una muy grave.

Desde CSIF han reivindicado la figura de los funcionarios de prisiones y han exigido que deje de dilatarse el proceso y, de una vez por todas, se les reconozca como agentes de la autoridad. A esto hay que sumarle la polémica reclasificación de centros penitenciarios. En noviembre del año pasado se constituyó un grupo de trabajo para resolver este problema concreto. Un grupo del que formarían parte Hacienda, Función Pública, Interior, así como distintos sindicatos de los funcionarios de prisiones. ¿El objetivo? Llegar a un acuerdo a finales de año. Sin embargo, a día de hoy "la administración ha incumplido sistemáticamente, no convocando reuniones o cancelándolas sin previo aviso".