El PSOE expulsará a Ábalos antes del congreso de Sevilla

El Gobierno y el PSOE han tratado de levantar un cortafuegos en torno al «caso Ábalos» para limitar el desgaste y lo hacen aferrándose a un argumento: la «contundencia» con la que actuaron contra el que fuera secretario de Organización del partido y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Ejecutivo. Para ello, exponen que apenas cinco días después de que trascendieran las primeras informaciones que comprometían a su mano derecha, Koldo García, desde Ferraz se actuó tajantemente, abriendo un expediente de expulsión del PSOE y exigiendo la entrega del acta de diputado, lo que finalmente no ocurrió y acabó con Ábalos en la bancada del Grupo Mixto tras echarle del Grupo Parlamentario Socialista.

Nueve meses después, su salida todavía no se ha producido. El citado expediente de expulsión no tiene una resolución tan inmediata como su apertura y el proceso es garantista, en cuanto a la posibilidad de presentar alegaciones por parte del expulsado. Ábalos está agotando los plazos e incluso ha pedido en dos ocasiones –la última a principios del pasado mes de octubre– su reingreso en el partido. Sin embargo, la investigación judicial que avanza en paralelo al proceso orgánico ha arrojado avances de una solvencia suficiente para que desde el PSOE ya anticipen que la expulsión acabará por materializarse de manera inminente. Hay un horizonte temporal que no puede sobrepasarse por cuestiones de credibilidad política. Según fuentes consultadas, la salida de Ábalos no podrá dilatarse más allá de este mismo mes de noviembre. Esto no es baladí, el PSOE celebra los días 29, 30 y 1 de diciembre en Sevilla su 41º Congreso Federal, una cita en la que el partido quiere avanzar en un proceso de renovación interna y rearme político de cara a un nuevo ciclo electoral. «A Sevilla, Ábalos no puede llegar como militante», resuelven fuentes socialistas consultadas.

En primer término, porque la salida de Ábalos se expone como muestra de ejemplaridad y contundencia contra la corrupción, una convicción que llevó a Pedro Sánchez al poder a través de la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018. Y en segundo término, porque entienden que toda alegación que haya hecho el otrora secretario de Organización ha quedado ya superada por la realidad de los hechos, una vez que el Tribunal Supremo le imputó este jueves cuatro delitos de una gravedad manifiesta: malversación, cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. En el partido, que ya tenían prevista la expulsión tras las contundentes acusaciones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que le situaban como el «jefe» de la «trama criminal», se muestran tajantes ahora, una vez que la investigación ha sido asumida por la Sala Penal del Tribunal Supremo.

En el partido y en el Gobierno tratan así de poner distancia con quien fuera la todopoderosa mano derecha de Sánchez tanto en Ferraz como en Moncloa y que ahora ha quedado relegado a la calificación de «esa persona», como así se refirió a Ábalos recientemente la portavoz del PSOE, Esther Peña. Fuentes gubernamentales siguen trasladando una tranquilidad impostada, asegurando que no les preocupa lo que su exministro pueda aportar a la investigación. Otras fuentes, tal como publicó este diario, sí se muestran más inquietas, asegurando que el que otrora secretario de Organización socialista ya ha trasladado a su entorno que «no se comerá esto solo». En todo caso, el impacto del caso para la credibilidad del partido es ya un hecho que se lamenta internamente. Otros, sin embargo, siguen reivindicando que han cortado toda vinculación con Ábalos para marcar nítidamente las distancias con su figura y las diferencias respecto al PP en cómo se desenvuelven cuando se descubre un caso de corrupción en su filas.