PSOE y Podemos se disputan a los socios para el «solo sí es sí»

PSOE y Unidas Podemos ya no esconden que la negociación para reformar la Ley del «solo sí es sí» está rota dentro del Gobierno. Una y otra parte ven muy difícil volver a la mesa para acordar un texto en el seno del Ejecutivo que presentar a los socios parlamentarios con el fin de que salga de manera unánime con el apoyo del bloque de la investidura. Quedan 10 días para que tenga lugar el primer debate de la proposición de ley para reformar la norma de Igualdad, después de que los morados vetaran la posibilidad de que se reformara por trámite de urgencia –como los socialistas querían–. La división en el Ejecutivo, unido al rechazo del PSOE a aceptar la mano del PP para reformar la ley de inmediato conduce a que el cambio legislativo y el regreso al Código Penal anterior se retrase hasta abril, como mínimo, según los plazos legislativos.

En el PSOE siguen adelante con su propuesta al considerar que es la mejor «técnicamente». De las propuestas de Podemos para reformar el texto no dan cuenta y retan al ministerio de Igualdad a hacerlas públicas, algo que se rechaza frontalmente para no entrar en una «guerra de propuestas», según precisan en Podemos. En una y otra parte del Gobierno se ha asumido el divorcio y la batalla hasta el próximo 8-M. Precisamente se vuelve a la casilla de salida. El primer 8-M desde que se conformara el gobierno de coalición ya acabó con la imagen de la división entre ambos por la bandera de la Igualdad.

En este camino, la única vía posible para ganar políticamente es la de conseguir el apoyo de los socios de investidura, si no se quiere depender solo del bloque de la derecha. Que los aliados se posicionen con la propuesta del Ministerio de Justicia o con la postura del Ministerio de Igualdad. Justo en medio de la carrera electoral y con la legislatura casi acabada.

En el lado socialista, dan prácticamente por imposible un acuerdo con Podemos antes del 7 de marzo, aunque tampoco dan por hecho que se vayan a quedar sin el apoyo de los socios parlamentarios, ERC y Bildu. De forma pública, republicanos y abertzales han dicho con rotundidad que no apoyarán la Ley si no hay acuerdo PSOE-Podemos, pero fuentes socialistas niegan que esa condición se la hayan trasladado en privado.

Actualmente, la negociación del PSOE con los grupos parlamentarios ha vuelto a quedar en manos de la ministra de Justicia, Pilar Llop, jueza con amplio conocimiento en materia de violencia contra las mujeres y diseñadora de la reforma penal expresada en la proposición de ley de los socialistas. Inicialmente, las negociaciones iban a estar lideradas por Félix Bolaños y María Jesús Montero porque el clima había adquirido un tono muy político, pero finalmente socialistas y grupos parlamentarios han optado por centrarse en cuestiones más técnicas. Y es que en el PSOE se rechaza convertir este asunto –con más de 500 rebajas de pena y medio centenar de excarcelaciones a agresores sexuales– en una negociación política.

En Podemos, la visión es totalmente diferente. Fuentes de la formación confirman que ya han contactado de manera informal con los socios de la investidura –principalmente ERC y Bildu– y que se encuentran más cerca del planteamiento del Ministerio de Igualdad, el de «no volver al calvario probatorio». Los morados se sienten fuertes con este apoyo que aseguran que tienen y en público explican que reformar la Ley del «solo sí es sí» con la actual propuesta registrada supondría «partir la mayoría feminista» de la Cámara Baja. Reprochan a los socialistas que manden el mensaje de que los morados están enrocados en una batalla política. «Esto no es un tema de partido, quien piensa así se equivoca o quien haga cálculo electoral con esto», reprochó el portavoz Pablo Echenique esta semana en rueda de prensa.

Los socios, por su parte, han dejado claro que no quieren entrar «en guerras dentro de la coalición», en palabras del portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Desde Bildu, Compromís y Más País se pide también consenso dentro del gobierno de coalición para pasar después a leer la letra pequeña de la reforma socialista, según explican fuentes de estas formaciones. Los morados y los socios advierten de que la reforma no puede salir con el PP, mientras que en la cuota socialista en Moncloa se descarta también esta vía. Los populares votarán a favor de la reforma para evidenciar la ruptura entre socios.

Así, PSOE y Unidas Podemos se enfangan en una batalla por ganar los apoyos suficientes y, de paso, conseguir ser líderes de los socios de investidura. Los socialistas para que salga su propuesta y los morados, para tumbarla. No es la primera negociación en la que s ambos han acabado disputándose a los socios. Sin ir más lejos, para la aprobación de la ley de bienestar animal, donde los morados tuvieron que asumir que los perros de caza se quedaban fuera de la normativa. Fuentes socialistas aseguraban entonces que eran ellos quienes tuvieron que «pelear los votos» para que «saliera adelante la ley de Belarra». Los morados negaron ese extremo y culparon al Ejecutivo por haber enfadado a los aliados al sacar a los perros de la legislación. Las discrepancias entre los socios en Moncloa son palmarias y esta semana se han dejado ver con mayor claridad. El portavoz socialista, Patxi López, pidió a Podemos «no enredar» y aseguró que los socialistas no iban a dar «más vueltas» con propuestas. La única propuesta en firme es la de los socialistas, y es la única que están dispuestos a apoyar. Mientras que, el tono de los socialistas enfadaron al Ministerio de Igualdad, quien respondió rechazando hacer más propuestas. (Han hecho siete). La ministra Irene Montero aseguró esta semana que su equipo y su partido no van a hacer más propuestas sobre la reforma de la ley a sus socios, puesto que entienden que están «cediendo por encima de sus posibilidades». «Estamos aceptando reformar la ley, subir penas si ese es el deseo del presidente aunque el feminismo no cree que eso necesariamente suponga una mejor respuesta a las víctimas». Según los morados, los socialistas no aceptan propuestas suyas desde el mes de diciembre y piden volver a la mesa de negociación, asegurando que están «dispuestos» a escuchar «propuestas diferentes», pero con la condición de que se mantenga el «consentimiento en el centro» y no se vuelva a distinguir entre agresiones en función de si hay o no violencia e intimidación.