Por qué las devoluciones en caliente en Melilla acabaron en Estrasburgo hace diez años

Se cumplen diez años de un salto a la valla de Melilla que hizo historia. Y no solo por ser el más largo hasta la fecha (16 horas), sino, sobre todo, porque llegó a ser juzgado en Europa. El 13 de agosto de 2014, unos 600 subsaharianos intentaron saltar la valla en el marco de un verano de enorme presión migratoria sobre Melilla, Ceuta y las costas de Andalucía. Ninguno de los 80 que se encaramaron logró su propósito porque todos terminaron bajando de la valla por su propio pie para ser entregados a Marruecos.

Dos de ellos, N.D. y N.T., de Mali y Costa de Marfil, denunciaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que les dio la razón en una primera sentencia que condenó a España a pagar 10.000 euros por expulsarlos de manera colectiva en contra de su voluntad, sin ser identificados y sin una decisión administrativa o judicial previa.

Pero, ¿qué son en realidad las «devoluciones en caliente»? Las «devoluciones en caliente» o «entregas en frontera» son uno de los asuntos más espinosos relacionados con la política migratoria y una práctica de la que los ejecutivos –sean del color que sean– no quieren hablar, en parte, debido a las presiones de las ONG. Se trata de la expulsión del país de un inmigrante irregular en el momento en el que intenta cruzar la frontera, sin serle aplicada ninguna de las protecciones y garantías de la legislación de Extranjería. En julio de 2015, con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, esta posibilidad quedó recogida en su disposición final primera.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció condenando a España por una supuesta violación de los derechos de los denunciantes. Tras el recurso de España ante Estrasburgo durante la presidencia de Mariano Rajoy, el actual Gobierno –pese a su discurso a favor de los Derechos Humanos– decidió mantener el pulso a la Justicia. Y en 2020 el Tribunal Europeo avaló la expulsión de inmigrantes porque «se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad» al acceder «a lugares no autorizados» y «recurriendo a la fuerza».

Con esta resolución se respaldó uno de los mecanismos más cuestionados para frenar la inmigración irregular. De hecho, es prácticamente imposible conocer el número de devoluciones en caliente que se han llevado a cabo durante los últimos años.

Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 vio en la inmigración una oportunidadpara dar un primer golpe de efecto que le diferenciara de las políticas de su antecesor, Mariano Rajoy. Acogió al barco «Aquarius» que llevaba días varado en las costas italianas sin puerto en el que atracar; prometió la retirada de las concertinas y recuperó parte de la sanidad universal. Sin embargo, con el aumento de llegadas de pateras a las costas españolas, especialmente a partir de 2018, efectuó un giro que marcaría sus siguientes medidas: volver a las devoluciones en caliente, las expulsiones exprés o el refuerzo de las relaciones con Marruecos.

A día de hoy, no hay consenso entre las dos principales fuerzas políticas para acordar un plan nacional y a largo plazo. Más allá de la respuesta en frontera– en colaboración con países aliados– la falta de consenso para reformar la Ley de Extranjería revela la irresponsabilidad de cara a un asunto de Estado.