El PP quiere que Sánchez se retrate en el Congreso por sus ataques a Peinado

El PP redoblará la presión sobre el PSOE con el objetivo de que se retrate de sus ataques a la Justicia. Y es que el Gobierno mantiene su pulso contra la judicatura y no hay ningún atisbo de tregua. Menos ahora que el cerco judicial contra el Ejecutivo y el entorno del presidente no deja de crecer.

En los últimos días, el Gobierno ha criticado el último auto del juez Juan Carlos Peinado, que investiga la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el que insiste en investigar su papel en el rescate a la aerolínea “Air Europa”. El Ejecutivo considera que se está llevando a cabo una “persecución política” contra la familia de Pedro Sánchez.

Que no señalen a los jueces

Además, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cargó contra el juez esta semana nada más conocer la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín: “Esta imputación es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de este país”. Unas palabras que soliviantan a la judicatura que ya ha avisado varias veces de la necesidad de defender la separación de poderes y la despolitización de la Justicia.

Ante estas circunstancias, el PP ha registrado una proposición no de ley sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe del Estado de Derecho de la UE para el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Los populares exigirán al Gobierno que se abstenga de atacar y señalar a los jueces que actúan en el ejercicio de sus funciones, según la iniciativa a la que ha tenido acceso este diario.

Además, los populares vuelven a instar al Ejecutivo a que promueva el cese inmediato del Fiscal General del Estado al amparo del artículo 31.d) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que se refiere al incumplimiento “grave o reiterado de sus funciones”. El partido que dirige en el Congreso el portavoz Miguel Tellado, también pide al Ejecutivo reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el objetivo de garantizar su independencia del poder ejecutivo y derogar las modificaciones que limitan su autonomía.

Entre otras cuestiones, el PP también busca revisar las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal y renunciar a las que “no garanticen la objetividad y no se ajusten a los principios de mérito y capacidad en la selección de los nuevos jueces y fiscales en defensa de la independencia del Poder Judicial”.

El PP, además, se basa en el informe sobre el Estado de Derecho realizado por la Comisión Europea en el que llamaba a proteger el estado de Derecho y subrayaba el sistema judicial, el marco anticorrupción, el pluralismo de los medios y otras cuestiones institucionales. Subraya el PP que el Comisario europeo de Libertades, Michael McGrath, ha advertido de que "el respeto a los valores fundamentales de la UE es innegociable".

Los populares censuran que el deterioro del prestigio de las instituciones es “extremadamente preocupante” porque “contraviene los principios esenciales de la arquitectura constitucional y falta al respeto de los presupuestos del Estado de Derecho que son pilares que sustentan nuestra pertenencia a la UE”.

En la exposición de motivos de la iniciativa, los populares recuerdan que el Gobierno, desde 2022, ha dado varios pasos con el objetivo de garantizar su continuidad en Moncloa. Desde los indultos a nueve líderes independentistas, pasando por la derogación del delito de sedición hasta llegar a la Ley de Amnistía. Por último, censuran, el Ejecutivo ha aceptado que “en España existe lawfare en la Judicatura”. Critica el PP que mediante el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Gobierno busque limitar radicalmente el instrumento constitucional de la acusación popular y regular de nuevo recusación de jueces y magistrados con la intención de “actuar” sobre los procedimientos en los que se investiga la corrupción de miembros del Gobierno o del entorno del presidente.

Este mismo mes, la Comisión Europea había lanzado una seria advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez, instándole a “fomentar y preservar la confianza de la ciudadanía” en las instituciones constitucionales, con especial énfasis en el poder judicial. Concretamente, el comisario europeo de Libertades, Michael McGrath, fue contundente al rechazar las campañas de desprestigio contra jueces y magistrados. Su advertencia llega tras las declaraciones del Gobierno donde acusaba al poder judicial de actuar en connivencia con la oposición para acosar al Ejecutivo.