El CGPJ y las asociaciones de jueces aseguran que la amnistía atenta contra el Estado de derecho

La tramitación de la ley de amnistía ha ido acompañada de consecuencias nefastas para la separación de poderes: no solo ha incrementado el descrédito de los magistrados ante la opinión pública y ha deteriorado la imagen de independencia del Poder Judicial debido a los ataques, insultos y señalamientos que se han producido desde que PSOE y Junts pactaron su aprobación.

Esta ha sido una de las ideas que algunos de sus representantes plantearon ayer en su encuentro con la Comisión de Venecia. También destacaron la vulneración del principio de igualdad, su inconstitucionalidad, la tramitación como proposición para acelerar su entrada en vigor y su aplicación a delitos de terrorismo y malversación, perseguidos por el Derecho de la Unión Europea (UE). En definitiva, se detallaron el impacto que tiene esta ley para el Estado de derecho en España.

Pasadas las 15 horas, la delegación llegó hasta la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Allí se entrevistaron, primero, con su presidente en funciones, Vicente Guilarte, un encuentro al que posteriormente se sumaron dos vocales, José Antonio Ballestero y Mar Cabrejas. Esta última es una de las ponentes, junto a Wenceslao Olea, del informe sobre la ley de amnistía que el órgano de gobierno de los jueces está elaborando para el Senado. Según ha podido confirmar este periódico, a la comitiva se le entregó un dosier donde se incluyen todas las declaraciones emitidas por el órgano de gobierno de los jueces relacionadas con la medida de gracia y con los ataques a los magistrados que se han visto en los últimos meses. Los interlocutores, aseguran, se limitaron a escuchar sin plantear preguntas.

Más tarde, el salón de Plenos del CGPJ acogió a los representantes de las asociaciones de jueces. Tres de ellas, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) fueron críticos con el texto legal, mientras que Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) se limitó a decir que no era pertinente plantear valoraciones sobre una proposición de ley que aún no ha entrado en vigor.

La APM destacó que la iniciativa no está relacionada con el interés general, sino que solo responde a las exigencias para «fraguar el pacto de investidura y formación de gobierno». También pusieron el acento en las «graves fisuras» que presenta el texto desde el punto de vista penal, pero también que colisiona con el ordenamiento comunitario. Y citaron el delito de terrorismo y de malversación, que serán amnistiados. Para la asociación mayoritaria, era importante dar cuenta de «un cúmulo inaceptable de ataques a la independencia judicial y al principio de separación de poderes» que no se puede tolerar bajo ningún argumento. La asociación expresó su preocupación porque «se está minando la credibilidad y el respeto que merece el Poder Judicial como uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho» y aseguró que debilita la democracia.

En poco tiempo, las asociaciones plantearon asuntos relacionados con el pacto político que dio origen a la ley y los acontecimientos que se han derivado de ello: acusaciones de «lawfare», entendida como instrumentalización política de los tribunales; creación de comisiones para investigar a los jueces; insultos y señalamientos con nombre y apellidos a magistrados que han sido parte en las causas del «procés» en boca de diputados y de miembros del Ejecutivo, entre otros asuntos. Todo ello fue relatado a los seis integrantes de la comisión. El objetivo era hacer ver que en los últimos meses se ha producido un ataque sin precedentes al Poder Judicial y un deterioro del Estado de derecho.