El Senado abre una vía al PP para unirse al Supremo contra la amnistía

El PP tiene hasta principios de septiembre para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Amnistía y, de momento, parece que va a apurar los plazos. En todo caso, mientras mide los tiempos y contemporiza, se van produciendo movimientos en el Tribunal Supremo, ya que todo apunta que la Sala de lo Penal va a presentar una cuestión de inconstitucionalidad para que el TC valore el encaje de la Amnistía en la Carta Magna. Si se acaba produciendo esa maniobra, el Constitucional dará voz en este pleito al Gobierno, al Congreso y al Senado para que presenten alegaciones: en este marco, el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, también podrá unirse al Supremo en el pleito contra la Amnistía.

Habitualmente, según explican fuentes conocedoras de los entresijos del Tribunal Constitucional, cuando jueces o tribunales hacen uso de la cuestión de inconstitucionalidad para recurrir una Ley, el Tribunal de Garantías da la palabra al Gobierno, al Congreso y al Senado porque tienen capacidad legislativa y las dos cámaras legislativas suelen ponerse a disposición del TC para colaborar y prestar la documentación que sea necesaria. Sin embargo, en esta ocasión, el Senado puede desviarse de ese rol "tradicional" y aprovechar para hacer alegaciones contra la Ley. Según las mismas fuentes, esa circunstancia nunca se ha dado en los últimos 46 años de democracia parlamentaria.

De momento, tal y como explicó LA RAZÓN la semana pasada, en el PP están esperando a que se forme la nueva Comisión Europea para dar el paso y presentar un recurso en el TC. Pero los populares pueden disponer de una oportunidad antes en el Senado para hacer las alegaciones oportunas contra la Ley de Amnistía. En este sentido, tanto el tribunal del "procés" con Manuel Marchena como ponente como el magistrado Pablo Llarena han dado diez días a las partes para que puedan expresarse sobre la idoneidad de presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía, aunque acotándolo al delito de desobediencia ya que la malversación ha quedado exenta de la aplicación de la medida de gracia. Tal y como explican juristas consultados, lo previsible es que se planteé la cuestión de constitucionalidad por vulneración de los artículos 9.3, 14 y 117 de la Constitución.

El plazo dado a las partes concluirá previsiblemente a mediados de julio y ahí será cuando el Tribunal Supremo decida si plantea una cuestión de inconstitucionalidad. Lo previsible es que el TC admita a trámite la cuestión de inconstitucionalidad y dé voz a las partes, aunque está por ver cuándo se acaba pronunciando sobre el fondo de la cuestión ya que, tal y como ha explicado LA RAZÓN, la intención es dejarla dormir en el tiempo, incluso hasta dos años, cuando Cándido Conde-Pumpido haya dejado la presidencia. No obstante, la mayoría progresista en el TC seguirá porque la renovación se produce por terceras partes cada tres años (es decir, cada tres años se escogen a cuatro magistrados).

En todo caso, según fuentes parlamentarias, el Senado puede alegar y ahí puede dar argumentos de todo tipo, desde la falta de competencia del Congreso para aprobar la Ley de Amnistía (cabe recordar que la Cámara Alta amagó con plantear un conflicto de atribuciones durante la tramitación de la norma) hasta los "errores en la tramitación" o la propia inconstitucionalidad de la iniciativa. La Ley de Amnistía ha tenido una tramitación convulsa ya que tuvo que ser devuelta del Pleno del Congreso a la Comisión de Justicia tras un voto en contra de Junts, algo inédito y que ha abierto muchos interrogantes sobre la viabilidad jurídica de la maniobra.

Asimismo, fuentes parlamentarias señalan que en el Congreso, liderado por el secretario general Fernando Galindo, ya ha habido movimientos preparatorios para diseñar la estrategia jurídica ante cualquier circunstancia. De hecho, según explican estas mismas fuentes, el propio Galindo se ha puesto a la cabeza, con el apoyo de un grupo de letrados de la Secretaría General.

La Ley de Amnistía entró en vigor el pasado 11 de junio y ya habido jueces y tribunales que han resuelto a favor de los independentistas (también a favor de 46 policías), aunque el principal obstáculo se está hallando principalmente en las altas instancias judiciales (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional), ya que asumen los delitos más importantes. También el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha asumido la investigación por un presunto delito de alta traición y está por ver cuál es el desenlace porque teóricamente queda fuera de la amnistía.