Submarinos nucleares en Gibraltar: Exteriores alega «secreto»

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación concreta el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) por qué niega información sobre los submarinos nucleares en Gibraltar. La cartera de Albares había alegado hasta ahora «razones de seguridad nacional, defensa, relaciones internacionales y seguridad pública», al ser requerido por un ciudadano particular, pero finalmente, instado por el organismo público, basa su negativa en que se trata de información «confidencial» de la OTAN.

En concreto, el interesado –el abogado Guillermo Rocafort, preocupado por el caladero en que se ha convertido el Peñón– pidió «copia de la comunicación del Gobierno británico» de la estancia allí del sumergible «HMS Ambush», el 3 de marzo del año pasado, «así como de todas las comunicaciones de presencia de submarinos nucleares en Gibraltar desde 2018», además del «detalle de las inspecciones y controles que realiza el Gobierno sobre la presencia» de estos sumergibles «en Gibraltar».

Respecto a la solicitud de copia de las comunicaciones relativas al atraque en el puerto de la colonia británica, Exteriores recuerda «el compromiso de información asumido por el Reino Unido mediante la carta de 26 de febrero de 2006 del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw, al ministro Moratinos (documento ya proporcionado al solicitante)», y señala que la comunicación se lleva a cabo «a través de los canales establecidos de la OTAN».

Según el escrito de respuesta, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, «el Ministerio de Defensa informa de que las autoridades, formatos y vicisitudes que regulan el movimiento de submarinos OTAN (incluidos los británicos) vienen recogidas en el ATP-18, una publicación aliada con información clasificada como “Nato Confidential”». Los países aliados «emiten sus intenciones de movimientos mediante mensajes clasificados en el formato determinado recogido en esta publicación». En lo que respecta a la flotilla de submarinos, se reciben –«por los procedimientos establecidos en este canal»–las «intenciones de movimientos de submarinos que naveguen en la zona del Atlántico y Mediterráneo», una información «clasificada, según los casos, como confidencial o reservado», y «que impide su difusión fuera de los canales clasificados», un «incumplimiento» que «será sancionado, si procediere, conforme a las leyes penales, y por vía disciplinaria, en su caso, considerándose en este último supuesto la infracción como falta muy grave».

La entrega de estos datos, según Exteriores, «no solo contravendría el Acuerdo sobre la Seguridad de la Información entre las Partes en el Tratado del Atlántico Norte», sino que «además afectaría a la confianza depositada por los países aliados de España en materia de custodia y gestión de la información clasificada disponible por los canales OTAN, perjudicando claramente a la seguridad nacional, a la defensa y a las relaciones exteriores de España».

En cuanto a la solicitud del «detalle de las inspecciones y controles que realiza el Gobierno de España» ante la presencia de submarinos nucleares en Gibraltar, «el Gobierno dispone de los medios, con base en las redes de vigilancia radiológica ambiental dispuestas en territorio español para conocer cualquier aumento anormal en los niveles de radiactividad en la zona del Campo de Gibraltar, para, en su caso, tomar las medidas pertinentes».

La cartera de Albares asegura que su difusión está vetada por ley y afectaría a la confianza entre países aliados

La contestación no ha satisfecho al interesado, que lamenta «que los españoles no tengamos acceso a conocer las comunicaciones del Gobierno británico sobre la presencia de submarinos nucleares en la colonia de Gibraltar; simplemente estamos obligados a verlos entrar y salir».

En su opinión, el Consejo de Transparencia decía «expresamente que hay que aportar el detalle de las inspecciones españolas a los submarinos nucleares británicos en Gibraltar, algo que tampoco se cumple». A juicio del solicitante, «la respuesta es muy insuficiente y denota el ocultismo gubernamental sobre cuestión tan espinosa y peligrosa», pues además «no hay un plan específico de riesgo,como reconoció el Consejo de Seguridad Nuclear».

El letrado denuncia que «Gran Bretaña está derivando la reparación de sus submarinos nucleares desde su base de Escocia a Gibraltar, debido a la oposición de los escoceses, algo que parece no importa a las autoridades españolas». Señala Rocafort que «esto demuestra la absoluta irrelevancia de España en el contexto internacional y la pérdida de soberanía nacional ante los abusos ingleses y el riesgo atómico que sufre la población española de la zona. Gibraltar es un Chernóbil en potencia que nos va a explotar porque el Gobierno no hizo nada».

En su escrito anterior, el Consejo de Transparencia recordaba que el ministerio no explicitó «las razones por las que aplica los límites [...], limitándose únicamente a citarlos». El CTBG estimó la reclamación y pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores que concediera «el acceso a la información solicitada o, en su caso, justifique debidamente la necesidad y la proporcionalidad de la aplicación de límites legales a la parte de la información cuyo acceso se deniega».