El Supremo acerca al banquillo a Alberto Casero por prevaricación y malversación

El diputado del PP Alberto Casero está a un paso del banquillo por cinco contratosfirmados entre marzo de 2017 y diciembre de 2018 cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en los que se habría saltado los procedimientos administrativos legalmente establecidos. El instructor de la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo, Andrés Palomo, ha concluido la investigación que comenzó en marzo del pasado año y propone juzgarle por prevaricación y malversación.

En su auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, el magistrado ve indicios delictivos en esas contrataciones con diferentes personas y entidades y considera que esos patrocinios y convenios incumpliendo "todo tipo de formalidad exigida al efecto" orillando la normativa aplicable.

Según el instructor, aunque en algunos de los supuestos investigados la normativa "no establecía unos exigentes requisitos de validez" al tratarse de contratos menores, sí establecía, sin embargo, "formalidades encaminadas cuando menos a que constara su existencia en el Consistorio mediante la apertura del correspondiente expediente conteniendo la debida resolución por parte del órgano de contratación aprobando el gasto, con justificación de su necesidad y la posterior aportación de la factura correspondiente a los trabajos objeto del contrato".

"Vedadas contrataciones verbales"

Para el magistrado, los indicios de prevaricación se constatan no solo en las "reiteradas y admitidas irregularidades administrativas", sino en el modo de proceder de Casero -que fue decisivo al equivocarse en el voto telemático para que se aprobara la reforma laboral en febrero del pasado año-, a quien reprocha "su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico" y sus "vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería".

Una inobservancia de los mecanismos de control que se tradujo, recuerda, en la "asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que, además de periódicos, se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte", unos comportamientos que juzga "plenamente subsumibles" en el delito de prevaricación”.

Del mismo modo, el instructor entiende que los hechos encajan en el delito de malversación , que castiga -recuerda- a la autoridad o funcionario "que tiene a su cargo los caudales por razón de sus funciones y que lejos de destinarlos al cumplimiento de las previstas atenciones públicas, los separa de las mismas, y extrayéndolos del control público con ánimo de lucro los incorpora a su patrimonio haciéndolos propios o consiente que otro lo haga".

En manos de la Fiscalía

Ahora, la Fiscalía dispone de diez días de plazo para instar la apertura de juicio oral, con el correspondiente escrito de acusación, o el archivo de la causa.

La decisión del magistrado se produce después de que la Sala de Apelación del alto tribunal estimase un recurso de Casero contra el auto del instructor, de 16 de enero de 2022, que denegó la petición de nulidad, archivo y sobreseimiento de la causa, por el que rechazó que hubiese concluido el plazo de investigación judicial señalado en la ley (que fija un máximo de doce meses desde el inicio del procedimiento, salvo en casos de prórroga por la complejidad de la investigación).

La Sala determinó que la instrucción del procedimiento terminó el 15 de junio del pasado año, por lo que las medidas de investigación posteriores a esa fecha no podían fundar las resoluciones que el instructor adoptase sobre la continuación del proceso o su archivo.

En relación con esta cuestión, el magistrado aclara en su auto que todos los indicios contra Casero estaban ya incluidos en el procedimiento cuando lo instruyó el Juzgado de Trujillo, que remitió la causa al Supremo al tratarse de un aforado tras constatar indicios delictivos contra el diputado del PP, pues en gran medida formaban parte de la documentación que la Fiscalía remitió a la instructora con la denuncia que dio origen a la apertura de diligencias. De ahí que considere que se observó "escrupulosamente" la decisión de la Sala de Apelación de ceñirse a las diligencias de investigación llevadas a cabo antes del 15 de julio de 2022.

Contratación de un psicólogo y promoción de la Feria del Queso

Según la exposición razonada remitida al alto tribunal por la magistrada extremeña, en marzo de 2017 Casero "contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto". Posteriormente, en septiembre, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento y sin que el acuerdo fuera aprobado previamente ni se sometiera a información pública ni se publicara en el BOE.

Ese mismo año, siempre según esa exposición razonada, "acordó verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento, señala la exposición".

Entre los seis iniciales contratos bajo sospecha figuraban también otros tres firmados en 2018 en los que supuestamente se orillaron los procedimientos de contratación: un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros; otro con Icaro Consultores en Comunicación para organizar un evento por 14.303 euros más IVA; y por último la contratación el 30 de diciembre con Radio Interior SL por servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo a cambio de más de 15.000 euros.