Javier López Madrid y José Manuel Villarejo tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por la supuesta contratación del empresario al comisario jubilado para hostigar a la doctora Pinto. El Tribunal Supremo ha frenado los intentos del que fuera consejero de Bankia de recurrir en casación el revés de la Audiencia Nacional del pasado mes de abril cuando, corrigiendo un pronunciamiento anterior, determinó que se tenía que celebrar el juicio en la Audiencia Nacional por un presunto delito de cohecho.

El alto tribunal, en un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, desestima el recurso de queja contra el auto de la Sala de Apelación del pasado 16 de abril que, por su parte, le cerraba el paso a interponer un recurso de casación contra la decisión de enviarle a juicio. Según detalla el Supremo, la queja de López Madrid no puede prosperar porque no se identifica que se haya vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.

Al contario, el Supremo sostiene que la denegación de la Audiencia Nacional está "sólidamente fundada en la ley" y que en este supuesto no cabe la interposición de recurso de apelación. Cabe recordar que la Sala ordenó el pasado mes de abril continuar con este asunto que se ha investigado en el marco de la macrocausa por los espionajes del comisario jubilado. Para el Tribunal Supremo este movimiento solo ordena la continuación del proceso; por lo que, al no darse por agotado el asunto, no tiene cabida su recurso en casación.

El recurso ante el Supremo tendrá que esperar

"El gravamen producido queda, por tanto, hibernado, valga la expresión, hasta que se dicte la sentencia de fondo. Será a la luz de lo decidido, cuando, en su caso, la parte agraviada podrá invocar el gravamen en los distintos recursos que se formulen. Lo que permitiría, de interponerse el correspondiente recurso, que pueda ser analizado en casación", reza el auto del que ha sido ponente el magistrado Javier Hernández. Además, se le impone el pago de las costas judiciales.

De esta forma el alto tribunal frena el intento de López Madrid de eludir el banquillo por la presunta contratación del comisario jubilado en 2013. Cabe recordar que esta pieza del caso Villarejo se abrió en enero de 2020 a tenor de los indicios que aparecieron en el material incautado al agente encubierto que podrían hacer presuponer que López Madrid le contrató para hostigar y amenazar a la doctora Pinto. El magistrado Manuel García Castellón les procesó en julio de 2021 al considerar que se recabaron los indicios suficientes para juzgarles junto con Rafael Redondo (abogado y socio de Villarejo en Cenyt) por un delito de cohecho activo.

El instructor se amparó en las famosas agendas del comisario jubilado y en los contactos telefónicos que éste mantuvo con el empresario en las fechas señaladas. Según expuso, "en cumplimiento de lo pactado" Villarejo se dedicó a hostigar a Elisa Pinto durante el año 2014 y a seguirla para evitar que denunciase al empresario por acoso. Del mismo modo, sostiene que "empleó medios policiales" para desacreditarla e intentar manipular las pesquisas policiales ya abiertas por las denuncias previas que interpuso la doctora. Del mismo modo, destacó los vínculos del yerno de Juan Miguel Villar Mir con importantes mandos policiales, como el que fuera jefe de la UCAO Enrique García Castaño, alias "El Gordo".

La corrección de la Audiencia Nacional

A todo ello se añade una conversación que tuvo lugar el 27 de enero de 2017 de Villarejo en la que apuntó que reclamaría a López Madrid una determinada cantidad de dinero en compensación por el presunto encargo. "Yo, cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él: 'Javierito, ponme un poquito de pasta porque me has metido en un embolao y ni me has llamado' (...). Le voy a decir: 'Chiquitín, daños y perjuicios'", expuso el agente encubierto.

La Fiscalía Anticorrupción declinó acusar en esta pieza de la trama al considerar que los indicios contra los acusados no eran suficientemente sólidos. La doctora, por su parte, pidió seis años de cárcel para cada uno por delito de cohecho y desgranó en su escrito de acusación todas las anotaciones que efectuó Villarejo en sus cuadernos privados sobre este tema.

En noviembre del año pasado arrancó finalmente la vista oral por esta pieza pero en el inicio de la primera sesión el presidente del tribunal acordó la suspensión de la vista después de que la abogada de la doctora Pinto así lo solicitara por enfermedad grave. Dos meses después, en enero, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a López Madrid y a Villarejo y decretó el archivo de las actuaciones. Los magistrados entendieron que Pinto no estaba legitimada para ostentar la acusación particular en el procedimiento y concluyeron que no se tenía que celebrar juicio por este asunto.

A juicio también en 2026

La defensa de la dermatóloga recurrió y la Sala de Apelación le dio la razón. Este nuevo giro de los acontecimientos supuso la corrección del criterio de la Sala de lo Penal. En su auto, expuso que se le debía permitir continuar como acusación popular, por lo que finalmente Villarejo y López Madrid (que niegan categóricamente las acusaciones de la doctora) serán juzgados por cohecho.

Cabe recordar que estos hechos han discurrido en paralelo a la investigación troncal del "caso Pinto" que se ha instruido en los juzgados de Madrid. Los dos implicados se cruzaron denuncias en los tribunales por lo ocurrido hace ahora más de una década. Sin embargo, las interpuestas por el importante empresario se han terminado archivando, mientras que las diligencias que impulsó la doctora por el presunto hostigamiento que sufrió entonces han llegado a juicio. Pinto, que asegura haber sido víctima de un auténtico calvario, consiguió finalmente que se abriera vista oral contra López Madrid y Villarejo por estos hechos.

En esta causa, que se siguió en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, la Fiscalía sí acusa. El Ministerio Público, que en un principio no vio delito, ha terminado pidiendo 13 años de prisión para ambos por lesiones, amenazas y coacciones. Tras muchas idas y venidas, el juicio se señaló finalmente para febrero de 2026, por lo que, de no suspenderse, esta será la primera vista que se celebre sobre los hechos que se remontan a doce años atrás.