Suspendidos automáticamente

Todos los formatos serán válidos mientras no manifiesten de forma expresa su no obediencia a la Carta Magna.

¿Podrían negarse Junqueras, Rull, Turull, Sànchez y Romeva a jurar o prometer la Constitución en su toma de posesión como congresistas y senador?

Todos los formatos en los que decidan hacerlo serán válidos, siempre y cuando no manifiesten de forma expresa su desobediencia a la Carta Magna. A partir de ahí, cualquier apunte o modificación en la forma está permitida. Previsiblemente, añadirán la coletilla «por imperativo legal».

¿Qué pasará después?

Después de una breve estancia en las dependencias del Congreso de los Diputados (en el caso de Junqueras, Sànchez, Rull y Turull) y del Senado (Romeva) serán conducidos de nuevo a prisión bajo escolta de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Una vez que hayan tomado posesión, ¿podrán asistir a los plenos en el Congreso de los Diputados y del Senado?

No, porque estarán automáticamente suspendidos de sus funciones. De acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todos los procesados por rebeldía lo están.

¿Qué institución está legitimada para dictar esa suspensión?

A pesar de que se habla sobre que la decisión podría recaer en los letrados de la Cámara, esta decisión es del Tribunal Supremo. En el caso de que hubiera dictado la libertad con medidas cautelares habría permitido que desempeñasen sus respectivos cargos. Al no hacerlo, y como están en prisión provisional, se enfrentan a la suspensión de sus funciones.

Mientras se resuelve la suspensión, el reglamento del Congreso de los Diputados contempla el voto telemático. ¿Podrían acogerse a él y participar en las decisiones desde Soto del Real?

Aunque es verdad que en las leyes que rigen la Cámara está incluida la posibilidad de participar en las votaciones a distancia, lo cierto es que en el catálogo de situaciones en las que esta práctica está permita no se incluye el encarcelamiento.

En el caso de recurso, ¿qué institución tendría que decidir en este respecto?

En este caso, este asunto quedaría fuera de las competencias del Tribunal Supremo, por lo que tendrían que tomar una decisión los responsables tanto del Congreso de los Diputados como del Senado.