Trama Kitchen: la Audiencia archiva definitivamente la causa al comisario clave, en contra del PSOE

Enrique García Castaño no se sentará en el banquillo de los acusados por la trama Kitchen. El que fuera jefe de la Unidad Central Operativa (UCAO) de la Policía Nacional y una de las piezas clave en el espionaje a Luis Bárcenas acaba de quedar fuera de esta parte del caso Villarejo por la "demencia sobrevenida" que padece. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo que acordó en 2023 el magistrado Manuel García Castellón, y lo ha hecho en contra del PSOE, que litiga como acusación popular.

En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los magistrados explican que "el grave deterioro cognitivo y físico" que sufre desde que le diera un ictus en 2022 hace que sea imposible enjuiciarlo por esta línea de investigación del caso Villarejo. Del mismo modo, explican que todas las pruebas médicas practicadas desde entonces evidencian su incapacidad para llevar una vida autónoma, llegando a reconocérsele en 2022 una discapacidad del 82%. A día de hoy este mando que lideró la lucha policial antiterrorista y que conoció como pocos los entresijos del caso Villarejo, padece "un grave deterioro físico y cognitivo" que hace que no se le pueda juzgar.

Los magistrados confirman el archivo alcanzado por el magistrado que ha instruido del caso Villarejo, Manuel García Castellón, en 2023 y lo hacen con el criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público, que pidió para él 12 años y medio de prisión por su papel clave en este asunto, terminó respaldando el archivo de su causa, junto con la Abogacía General del Estado. Sin embargo, el PSOE, personado como acusación popular en esta pieza séptima de la macrocausa Tándem, se opuso y solicitó que terminara en el banquillo.

Una discapacidad del 82%

La defensa de García Castaño, ejercida por el despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, ha instado al archivo del procedimiento desde el ictus que sufrió en 2022. Los dictámenes facultativos realizados desde entonces en diferentes centros médicos concluyeron que requería ayuda "para todas las necesidades de la vida diaria". En enero de 2023 se le reconoció la situación de dependiente y programa de teleasistencia domiciliar.

En octubre de 2024, cuando ya se había acordado el archivo provisional de sus actuaciones, el Centro Lescer (especializado en neurorrehabilitación) determinó en un informe que 'el Gordo' presentaba unas dificultades que le condicionaban su nivel de independencia y le imposibilitaban leer, mantener una conversación o desplazarse con autonomía. Además, se encuentra en una silla de ruedas y precisa de la ayuda de una tercera persona para poder levantarse y mantenerse en pie.

Los magistrados razonan que el exmando policial tampoco tiene conciencia de conductas o "comportamientos inapropiados o fuera de la ley" y que su conciencia del alcance jurídico de esta causa está "mermada". Todo ello conllevaría a que el interrogatorio al que iba a ser sometido por el espionaje a Luis Bárcenas quedaría "viciado de respuestas" y el resultado llevaría "a unas conclusiones erróneas".

La pieza clave del espionaje a Bárcenas

"Todo este panorama de circunstancias personales del acusado Enrique García Castaño, descritas por los facultativos y médicos forenses y corroboradas en la documentación que ha ido aportando, reflejan la incapacidad del acusado para gobernar su persona, ante los padecimientos de una enfermedad de carácter persistente", rezan los magistrados, que precisan que se procede "de modo expreso y contundente" al archivo de su causa hasta que, en su caso, pudiera recobrar la salud".

La Fiscalía Anticorrupción pedía para él 12 años y medio de prisión por los seguimientos al que fuera tesorero del Partido Popular en plena investigación de la trama Gürtel. García Castaño, que también está imputado en otras piezas de esta causa por facilitar presuntamente información reservada a Villarejo para sus encargos policiales. En esta pieza concreta, se investigó el presunto uso de fondos reservados para costear una operación parapolicial bajo el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer información comprometedora a Luis Bárcenas cuando éste se decidió a tirar de la manta por una presunta financiación irregular del PP.