El Tribunal de Cuentas frena el intento de Junqueras de suspender por la amnistía el juicio por el desvío de fondos del 1-O

El Tribunal de Cuentas se ha negado hoy a suspender el juicio contable contra Carles Puigdemont y una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por el supuesto desvío de más de tres millones de euros para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y promocionar el "procés" en el extranjero a través de Diplocat, aunque ha aplazado la petición de la defensa de Oriol Junqueras y de los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, entre otros, de suspender el procedimiento -pendiente de las conclusiones de las partes-, uno de las causas afectadas por la futura ley de amnistía.

Nada más comenzar el proceso, la consejera Elena Hernáez, con el respaldo de la Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana (SCC), que también ejerce la acusación, se ha negado a suspender la vista tras la petición efectuada por los exintegrantes de ERC en el Gobierno de Puigdemont esgrimiendo la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE en la Mesa del Congreso y su inminente tramitación y razones de "economía procesal" (no celebrar un proceso que quedará en papel mojado una vez entre en vigor la medida), haciendo hincapié en que "no se ha causado ningún perjuicio" a la Generalitat con ese presunto desvío de fondos. De momento, la consejera se ha comprometido a resolver por escrito "a la mayor brevedad" si suspende el procedimiento, pese a las quejas del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, que le ha pedido que diese a conocer su decisión en ese mismo acto.

El fiscal jefe del tribunal, Manuel Martín-Granizo, se ha opuesto a la petición de los demandados al recordar que "estamos en un procedimiento civil" y que las causas de suspensión están tasadas por ley. Y aunque ha admitido que se trata de un supuesto "que en derecho civil es asimilable a un negocio jurídico condicional", ha defendido que "la suspensión no se puede supeditar a un acontecimiento futuro cuya certeza no se puede determinar". "Sabemos que hay una proposición de ley que no se ha admitido a trámite y que, tras su recorrido parlamentario -ha remarcado-, se convertirá en ley y producirá unos efectos que no conocemos ahora exactamente, por lo que en el momento presente no cabe esa suspensión".

Puigdemont no declara por videoconferencia

Tras negarse a paralizar el juicio, la consejera del Tribunal de Cuentas ha ratificado la negativa a que Carles Puigdemont declare hoy por videoconferencia, como había solicitado el propio expresidente y los otros encausados que reclamaron su testimonio. No obstante, ahora tendrá que resolver, según ha anunciado, los recursos de reposición planteados contra esa negativa.

El fiscal ha argumentado que la petición se tenía que haber realizado antes dado que ha habido "tiempo suficiente" desde que en diciembre del pasado año el tribunal diera el visto bueno a su testimonio. "Es público y notorio que se encuentra fuera de España y también los motivos: un auto de prisión dictado en el procedimiento seguido en el Tribunal Supremo", ha explicado antes de recordar que la ley permite celebrar esa comparecencia por videoconferencia aunque "siempre en una sede judicial".

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha intervenido para asegurar que "hasta hace nada" Puigdemont "no sabía si podía venir o no" porque "en cualquier momento" se podía "dejar sin efecto la orden de prisión". Pero, ha precisado, aunque "no ha comparecido, quería comparecer y no se le ha notificado personalmente".

"Yo no controlaba todos y cada uno de los pagos"

En la vista ha comparecido como testigo María Luisa Lamela, interventora general del Estado, cuyo testimonio solicitaron varias defensas para intentar acreditar que desde el Gobierno de Mariano Rajoy, que tomó el control de las finanzas de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña, no se puso reparos a los gastos ahora cuestionados por el Tribunal de Cuentas. Pero la testigo ha dejado claro desde un principio que el control correspondía a la Intervención de la Generalitat. "Nosotros no tuvimos ningún control de los fondos catalanes".

Según ha contado a preguntas del abogado de Puigdemont, la Generalitat "tenía que enviar las facturas y la Intervención General autorizaba los pagos tras comprobar que toda la documentación era correcta", fundamentalmente relativa a "pagos a acreedores, sueldos y salarios, sanidad, educación y servicios sociales". "¿Alguna de esas facturas venía firmada por el señor Puigdemont?", le ha inquirido su abogado. "A mí lo que me interesaba era que vinieran firmadas por la Intervención de la Generalitat", ha asegurado la testigo, que ha insistido en que no supervisaba los conceptos (entre los que se encontrarían, según los encausados, los desembolsos de Diplocat para la promoción del "procés" en el exterior o las facturas de Unipost que no se abonaron finalmente). "Yo no controlaba todos y cada uno de los pagos. No estaba dentro de mis competencias comprobar qué gastos estábamos pagando. Y, en todo caso, no hubiéramos tenido nunca capacidad para hacerlo ni teníamos competencias para un análisis exhaustivo de los gastos que se hacían en Cataluña".

Su comparecencia ha vivido un momento tenso cuando el abogado de Puigdemont ha mostrado irónicamente su extrañeza por el desconocimiento de la testigo sobre los pagos bajo sospecha de la Generalitat "teniendo en cuenta que la instructora era su hermana" (en referencia a la magistrada Carmen Lamela, que instruyó la causa del "procés" antes de que ésta la asumiese el Tribunal Supremo) "Mi hermana y yo de temas profesionales... Es una profesional intachable", ha replicado la interventora antes de que el fiscal interviniese para señalar la "contradicción insalvable" de cuestionar a una testigo propuesta por la defensa del expresident cuando ya sabía que era hermana de la jueza Lamela.

Otro de los testigos, Antonio Millet, exmiembro del Comité Directivo de Diplocat entre 2003 y 2019 en representación de la Federación Catalana de Cajas de Ahorro, ha manifestado a preguntas del exconseller Francesc Homs que ni él ni el resto de los exdirectivos de Diplocat fueron requeridos por el Tribunal de Cuentas ni por el Tribunal Constitucional en relación al destino de sus fondos.

Intento baldío de suspensión hace un año

En la vista preliminar celebrada en diciembre del pasado año en el Tribunal de Cuentas, la defensa de Puigdemont ya intentó sin éxito suspender el juicio alegando la existencia de un doble proceso contra el expresident, el de responsabilidad contable y el que mantiene abierto el Tribunal Supremo por el "procés", y esgrimiendo su inmunidad y la necesidad de solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio.

Pero la consejera Elena Hernáez desestimó tanto las alegaciones del líder independentista como las planteadas por el resto de los demandados y defendió la competencia del tribunal para celebrar el juicio, rechazando que la causa penal en el Tribunal Supremo cercene esa exigencia de responsabilidad contable. "Nos encontramos en ámbitos diferentes: una cosa es el objeto del proceso contable, la restitución de unos menoscabos a la Hacienda pública, y otra la causa penal, dejó claro entonces.

En esa misma vista, la Fiscalía ya se posicionó en contra de que la inmunidad de Puigdemont -de la que posteriormente le despojó el Tribunal General de la UE, confirmando la concesión del suplicatorio, para ser investigado por el juez Pablo Llarena- se pueda hacer extensible a un proceso de resarcimiento contable, lo que según el fiscal Martín Granizo "iría en contra del derecho de la Unión Europea". Según puso de manifiesto el representante del Ministerio Público, el procedimiento contable contra Puigdemont no limita la "capacidad de movimiento" del expresidente de la Generalitat "ni el ejercicio de sus funciones como europarlamentario".

El fiscal rechazó que con este juicio se esté exigiendo a Puigdemont responsabilidades por duplicado por los mismos hechos porque ambas actuaciones, dijo, son compatibles. "El único límite es que cada una de ellas debe operar en su estricto ámbito: el orden penal tiene prioridad en determinar los hechos y la jurisdicción contable, en la exigencia de la responsabilidad por alcance respecto a esos mismos hechos, sin que se vulnere el principio de non bis in idem", remarcó Martín Granizo, quien recordó que el Tribunal Supremo "lo determinó así cuando remitió al Tribunal de Cuentas la ejecución de su sentencia".