El PP tumba los objetivos de estabilidad presupuestaria para forzar al Gobierno a rebajar impuestos

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado y ha tumbado los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno, un paso imprescindible para poder elaborar los presupuestos. Sin objetivos de déficit y deuda aprobados en el Senado, el Ejecutivo no puede diseñar unas cuentas para 2024, tal y como dicta la Ley general de Estabilidad Presupuestaria. En este sentido, los populares han aprovechado ese peso parlamentario para tratar de forzar al Gobierno a negociar y, sobre todo, a aceptar sus exigencias de bajada de impuestos.

Fuentes populares señalan que el escenario que se abre ahora es que el estipula el artículo 15 de la Ley general de Estabilidad Presupuestaria, que dice que si Congreso o Senado tumban los objetivos de deuda y déficit, el Gobierno debe rediseñar otros para volverlos a someter a votación en el plazo de un mes. "Esperamos que esta vez el Gobierno quiera dialogar y sentarse a hablar con el PP para escuchar nuestras propuestas para bajar los impuestos y ayudar a los españoles. Nosotros sí pensamos en sus problemas y defendemos sus intereses frente a un Gobierno centrado en solucionar los de Puigdemont. Todo lo demás, está fuera de la ley", afirman fuentes de los populares.

En este sentido, en el PP lamentan que el Gobierno no haya descolgado el teléfono para negociar estos objetivos de estabilidad presupuestaria. Los populares tienden la mano para negociar, pero quieren que se acepten sus exigencias, que se desgranan en cuatro puntos. El primero es una rebaja de los impuestos: deflactación del IRPF; una bajada del IVA de la luz y el gas, y de la carne, el pescado y las conservas; y, la eliminación del impuesto a la producción de energía. El segundo punto es que se equilibren los objetivos de la senda de déficit entre el Estado y las Comunidades Autónomas (para que la reducción de los gastos públicos no caiga prácticamente toda en las autonomías). En este sentido, durante el debate parlamentario, tanto la portavoz del PP Alicia García como el senador Gerardo Camps han recordado que la vicepresidenta María Jesús Montero, cuando era consejera de Hacienda de Andalucía en 2014, reclamaba más capacidad de gasto para las autonomías cuando se quedaban con el 20% de la capacidad de déficit del Estado; sin embargo, ahora que es Ministra de Hacienda, tan solo les deja el 3%,

El tercer punto es el "respeto a la autonomía fiscal" de las autonomías (en referencia a los impuestos de Patrimonio, principalmente) porque el PP quiere evitar que el Gobierno replique la maniobra del Impuesto a las grades fortunas con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para perjudicar a las autonomías gobernadas por el PP. Finalmente, el cuarto punto es la dotación de un fondo de autonomías que permita atender sanidad, educación y políticas sociales, ya que Montero reclamaba en la Junta de Andalucía (cuando era consejera) que se repartiesen 16.000 millones extra a las Comunidades.

El debate en el Senado ha tenido cierta tensión porque Montero ha advertido con su estrategia de ignorar la Ley y tramitar los Presupuestos sin el visto bueno del Senado a los objetivos de estabilidad presupuestaria. "En caso de que el PP persista en esa estrategia de obstrucción y vete los objetivos de estabilidad, que han sido aprobados por el Congreso por amplia mayoría, volveremos a traerlos a las diferentes Cámaras, tal y como figura en la ley. Y si siguen bloqueándolo, estaríamos a lo dispuesto en la actualización del programa de estabilidad de abril de 2023, que marca los objetivos con menos capacidad de gasto para las administraciones territoriales", ha expuesto Montero, quien asegura que sin la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, las autonomías se quedarán sin margen de déficit y los ayuntamientos tendrán que acabar el año con superávit. En cambio, si se aprueban esos objetivos, las autonomías contarán con un 0,1% de capacidad de déficit, mientras que los ayuntamientos tendrán permiso para acabar en equilibrio.

En el turno de réplica, la portavoz del PP en el Senado Alicia García ha criticado a Montero porque "nadie se cree sus cuentas" y ha recordado cómo todas las autonomías del PP (14 de las 19) votaron en contra de los objetivos de déficit y de deuda que planteó la vicepresidenta de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, García ha dicho que esos objetivos de estabilidad no son los del PP y, por tanto, ha justificado el voto en contra: sin embargo, ha mantenido la mano tendida para replantearse el voto en próximas votaciones, siempre que el Gobierno negocie y acepte la rebaja de impuestos. García ha reprochado el "hachazo fiscal" que suponen los Presupuestos del Gobierno por la presión fiscal que conllevan y ha recriminado el aumento de la deuda desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno: "Es un impuesto diferido que van a pagar nuestros hijos y nietos, y que desincentiva la inversión y estimula la inflación".

El senador del PP Gerardo Camps ha acusado a Hacienda de "quedarse con 40.000 millones", en referencia a la capacidad de gasto extra que tendría el Estado a costa de las autonomías, y ha avisado que ese dinero será para "tener cierto margen para repartir luego ante las peticiones de sus socios de desgobierno": es decir, para luego poder hacer cesiones a los independentistas. "Si lo piensa, con nuestro voto en contra, le podemos ahorrar meses de chantaje", ha señalado. "Eso es lo que tratamos de evitar", ha añadido. "Usted y yo sabemos que mandan Puigdemont, Otegi, Ortuzar", ha continuado, antes de rebajar el triunfalismo del Gobierno con los datos macroeconómicos porque, según ha dicho, no se ha reducido la desigualdad "cojan el índice que cojan", han desparecido 80.000 empresas, el empleo "es cada vez más caro y menos productivo", España está a "la cabeza de Europa en desempleo juvenil, general y femenino" y hay 22 organismos que "bajan previsiones económicas del Gobierno".