La última cesión del Gobierno de Sánchez a los independentistas: siete años de entregas opacas a la Generalitat

Arranca un nuevo curso político en el que, lejos de abandonar la tradición en las cesiones al independentismo, el PSOE parece no haber cambiado sus intenciones con sus socios del Legislatura, en su mayoría independentistas.

Prueba de ello es la reunión que tendrá lugar mañana en Bruselas entre el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea, lo que fuentes socialistas califican como "la antesala" para preparar la fotografía entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Junts.

Sin embargo, una nueva cesión parece estar a la vuelta de la esquina, pues lo cierto es que desde que Pedro Sánchez comenzase esta última Legislatura, las transferencias a la Generalitat de Cataluña no han cesado, con el objetivo de cumplir los deseos de los independentistas [ERC y Junts] para poder seguir gobernando.

La gestión de aeropuertos: el próximo objetivo del independentismo

En menos de dos años de Legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado una serie de concesiones en Cataluña a cambio del respaldo parlamentario de ERC y Junts, como el traspaso de competencias en materia tributaria, ferroviaria, fronteriza y de inmigración, además de la condonación parcial de la deuda, la gestión de RTVE en Cataluña, la Ley de Amnistía y cuestiones relativas a los menores extranjeros no acompañados.

Ahora, el debate se centra en el control de los aeropuertos catalanes, una vieja reivindicación del nacionalismo. En este sentido, la creación de un Ente para gestionar las infraestructuras aeronáuticas en Cataluña ya fue una condición de ERC para apoyar la investidura de Salvador Illa hace un año. Algo para lo que, según ha confirmado la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïssa Moret, ya existen conversaciones con el Ejecutivo central.

El contexto viene marcado por el precedente de la empresa mixta que gestionará el servicio de Rodalíes en Cataluña a partir de 2026, con casi la mitad de la participación en manos de la Generalitat (49,9% frente al 50,1% de Renfe).

Pero el caso de los aeropuertos es distinto: Barcelona-El Prat, Reus, Girona y Sabadell forman parte de AENA, compañía semiprivatizada que cotiza en bolsa y cuya rentabilidad depende en gran medida del tráfico de El Prat, uno de sus principales activos junto a los aeropuertos de Madrid-Barajas, Palma, Málaga y Alicante. Por ello, su cesión podría suponer un serio impacto económico y patrimonial.

Por si fuera poco, a ello se le suma la dudosa capacidad de gestión del Govern catalán, que ya gestiona a través de 'Aeroports de Catalunya' los aeropuertos de Lleida y La Seu d'Urgell, y que acumulan pérdidas superiores a los 100 millones de euros, con un tráfico anual que apenas supera los 55.000 pasajeros; lo equivalente a los que pasan por el Prat en menos de 12 horas.