El Ministerio de Exteriores se ha visto envuelto en una polémica tras la repatriación de los ciudadanos españoles que viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud que partió de Barcelona con rumbo a la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria y que, finalmente, fue interceptada por Ejército israelí, encarcelando a sus tripulantes.

Ayer por la mañana aterrizaban en España los últimos cinco españoles que todavía permanecían encarcelados en Israel, entre ellos la activista mallorquina Reyes Rigo, acusada de haber mordido a una funcionaria de prisiones. Sin embargo, el digital 'The Objective' ha publicado una información sobre la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares que ha generado polémica entorno a la repatriación de los españoles.

Según detalla el citado medio, el Gobierno español, a través de la Embajada española en Grecia, gestionó y abonó el importe de varios billetes de avión en vuelos comerciales después de que unos cuantos españoles se negasen a viajar el pasado lunes en el avión militar A400M del Ejército del Aire que el Ministerio de Defensa envió a Atenas para repatriar a los compatriotas.

Entre los que se negaron a subir al avión militar estaban dos exmiembros de la banda terrorista ETA, que formaban parte de la Flotilla de activistas deportados: Itziar Moreno Martínez y José Javier Osés Carrasco, alias 'el Jotas', ambos con pasado en ETA y condenados por terrorismo.

En el grupo que rechazó el traslado militar también figuraban aproximadamente una docena de activistas catalanes -incluidos miembros de la CUP-, quienes, según fuentes diplomáticas citadas por 'The Objective', exigieron volver en vuelos comerciales, y fue el Estado el que asumió el coste de sus pasajes quien, a priori, no exigirá el reembolso a los implicados.

La decisión de Exteriores ha generado malestar en los círculos diplomáticos, pues un funcionario diplomático con más de tres décadas de experiencia, citado por el digital, lamentó que "cuando despliegas un avión militar para una evacuación, con el coste que conlleva y las connotaciones políticas que eso tiene, no puedes luego plegarte a caprichos de si no vengo o no voy. No he visto algo semejante en toda mi vida profesional". Asimismo, las fuentes consultadas señalan que tanto la embajada como diferentes funcionarios griegos expresaron su desconcierto ante la instrucción procedente de Madrid.

Además, como apunte significativo, España sería de los pocos países que no exigiría a los repatriados que abonasen el importe de dicha operación, pues tanto Portugal como Suiza han adoptado una postura distinta: el primero anunció que cobrará a sus nacionales los gastos del vuelo, mientras que el segundo remitirá cartas solicitando la devolución de los costes consulares y de los billetes.