Este mes de agosto está siendo el más caluroso y devastador en cuanto a incendios de la historia reciente. Más de 150.000 hectáreas calcinadas, el oeste de España en llamas, olas de calor que se suceden y un nuevo tipo de incendios de sexta generación que no se pueden apagar, más virulentos y destructivos.

Cuando aún nuestros servicios de emergencias, bomberos, vecinos y muchos territorios siguen combatiendo las llamas y desconocemos lo que nos espera estos días, los políticos discutimos. Esa debe ser la primera regla que jamás debimos olvidar, en la catástrofe se colabora, se ayuda, no se estorba a los servicios de emergencia y no se pelea.

Cuando el incendio se extinga habrá tiempo y deberá hacerse el balance de responsabilidades de cada una de las instituciones y administraciones. Si los golpes de pecho son de verdad, cuando pasen días: actúen y no queden en el olvido esas palabras tan adornadas para conseguir un titular o castigar al contrario. Si el monte arde los políticos no discuten.

Eso jamás debe significar que no habrá asunción de responsabilidades, al contrario, pero no se debe obviar que la primera responsabilidad es generar confianza en los ciudadanos que están en las mejores manos y que frente a la adversidad y el peligro se pondrá todo lo necesario para que se sientan protegidos. Transmitir seguridad y confianza.

Esa seguridad resultaría más sólida si también asumiéramos que los incendios se apagan en invierno, dotando de recursos, personal, prevención y preparando el terreno para hipotéticas olas de calor y tormentas secas como las que estamos viviendo este año. El coste de la prevención por hectárea en España, limpieza De Montes, desbroce y cortafuegos según datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), tiene un coste aproximado de 3.000 euros por hectárea, en cambio la extinción de un incendio forestal por hectárea supone en torno a 19.000 euros, unido al dolor y en algunos casos el drama de vidas que se cobra.

Reconozco que en algunos casos cuando me planteaban en mi etapa al frente del Gobierno de Andalucía esos incrementos en invierno y la estabilidad laboral, a pesar de tener un magnífico servicio referente en España y fuera de nuestra tierra como Infoca, yo también podría haber hecho más. Hoy con incendios que han roto la capacidad de respuesta de nuestros servicios de extinción resulta urgente abordarlo.

Como urgente es entender la necesidad de una nueva gestión de nuestro territorio, recuperando actividades tradicionales como el pastoreo, repoblar con cultivos autóctonos, apostar por nuestro sector agrícola de manera decidida y todo ello con respaldo económico de nuestras instituciones sin lo cual no sería posible. Nuestra manera de relacionarnos con nuestro entorno debe replantearse.

Las danas nos enseñaron que el mar y los ríos siempre sacan sus escrituras, construir en los cauces nos lleva a situaciones dramáticas tarde o temprano. La naturaleza acaba gritando cuando las personas le agredimos. Estos incendios nos están despertando ante una nueva realidad que es fruto de un calentamiento hoy evidente del viejo continente. Nadie puede hoy, con el más mínimo rigor, cuestionar los efectos del cambio climático que muchos intentaron silenciar.

Debemos educar al conjunto de la sociedad en el respeto a un entorno que generaciones venideras tienen el derecho a disfrutar igual que lo hemos hecho nosotros. En Las Médulas se ha quemado una parte de todos nosotros, y nos enseña que nuestros parajes declarados Patrimonio de la Humanidad deben ser protegidos por el conjunto de la sociedad española y al máximo nivel. La generosidad de sus vecinos con nuestro país ha sido incalculable, como la de otros territorios similares, dispuestos a compartir su riqueza y asumir ese coste. Nuestra obligación debe ser recíproca hacia ellos.

Siendo conscientes de que esto no es suficiente y que el 80% de incendios en nuestro país son intencionados, quizás también sea el momento de abordar la legislación vigente. Sin tener la más minimalista pretensión de gobernar en caliente, algo que siempre he rechazado, que siempre resulta injusto y desacertado. No es posible que algunas sentencias estén resultando francamente insuficientes y poco justificables, endurecer las sanciones a quienes de manera dolosa prenden fuego a nuestros montes sería el mejor indicador de dotar de la gravedad que requiere las conductas propias de terroristas medioambientales que están poniendo en peligro nuestras vidas, la de nuestro patrimonio, nuestro entorno y del medio de vida de muchos españoles.

Pasarán los días, se apagarán las llamas, el verde de nuestros bosques y montes dejará paso a las cenizas y a la madera calcinada y llegará el momento en el que algunos revoletearán sobre esos campos, en esas reformas legales habrá que reflexionar si la reforma del 2015 no abre una grieta peligrosa, yo así lo creo, de nuestra ley De Montes del 2003.

Esos 30 años para no especular sobre terreno calcinado es de justicia con todos y para todos, del mismo modo que ahuyenta episodios no muy lejanos. Queda tarea, queda tajo, mientras escribo miles de bomberos, la UME, profesionales se juegan su vida frente al fuego, salen sin saber si van a volver y a pesar de ello lo hacen. Entendamos que el fuego es cosa de todos.