Estamos lejos de hacer realidad esa afirmación que durante años hemos escuchado y asumido como cierta. El trabajo dignifica, te permite sacar a tu familia adelante.

El problema aparece cuando la cultura del esfuerzo, en la que creo firmemente, no se traduce en una vida digna, en una vivienda donde desarrollar tu proyecto de familia o lo que resulta aún más doloroso, tener que elegir entre comer o tener un techo. Sí, han leído bien, gente que trabaja y que después de cada jornada no encuentran un hogar y buscan cobijo en aeropuertos, estaciones o lugares públicos donde resguardarse hasta la jornada siguiente. Son esos trabajadores pobres.

Desconcertante es, también, encontrar sanitarios o docentes durmiendo en autocaravanas en alguna de las Islas Baleares o informáticos e investigadores compartiendo piso en condiciones lamentables a pesar de ser la generación más preparada de España. Estamos ante un problema con multitud de aristas, que muestra con claridad cómo los datos macroeconómicos y las cifras de empleo no son necesariamente cifras de bienestar. Y todo ello en medio de un debate sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo interprofesional que dignifique ese empleo y mejorar la productividad de nuestro país.

Contamos con una pobreza severa, que ronda el 5% de la pobreza de nuestra sociedad, que los servicios sociales consideran estructural. No es este el caso. Estamos ante trabajadores indispensables en un mercado de trabajo como el nuestro, excesivamente escorado al tercer sector, con salarios por debajo de las necesidades vitales.

En otros momentos de la historia reciente de nuestro país los estudios cualitativos, que habitualmente nos desbordan, mostraban que el principal problema de los españoles aparecía siendo el empleo. Hoy, en multitud de ellos, el acceso a la vivienda aparece como un problema que se agrava y cuya percepción por los ciudadanos tiende a empeorar.

Algunas circunstancias que lo motivan son evidentes, como la irrupción desmesurada en la última década de las viviendas turísticas. Valoro positivamente el incremento del IVA en este caso, estamos ante un negocio que debe tributar como tal y aumentar las inspecciones de muchas de ellas, ilegales, que en demasiados perturban comunidades de vecinos y están fuera del sistema.

También ha afectado el endurecimiento de las fórmulas bancarias después de la crisis inmobiliaria del 2009 y las hipotecas subprime que han hecho la compra cada vez más complicada a las generaciones más jóvenes. Los requisitos son muy altos y las cuantías que deben ahorrar son muy elevadas (en torno al 30 por ciento del importe del inmueble).

La seguridad que necesitan los pequeños propietarios es otro elemento a tener en cuenta (en muchos casos con una segunda vivienda que complementa su pensión), debe ser mayor. No debemos delegar en las familias la responsabilidad de las instituciones de proteger a los más vulnerables. Tampoco es comparable con la situación de los grandes fondos de inversión y fondos buitres que en demasiados casos está especulando con viviendas que fueron contempladas inicialmente como viviendas protegidas y ante lo laxo de la ley (excepto en Euskadi) se han convertido en un elemento de especulación salvaje. Espero que haya una ponderación en la medida de gravar las viviendas vacías y se plantee para quienes verdaderamente están alterando el mercado y son, en gran medida, esos grandes tenedores.

Todo ello nos lleva a entender que las administraciones tenemos urgencia en construir un número considerable de vivienda pública con celeridad. En esa urgencia debemos contemplar cuestiones que agudizan el problema, como el desfase entre precios de costes en la construcción con márgenes de venta en la vivienda protegida, o la forma de computar préstamos promotores para construir VPO en los ayuntamientos que les condena durante toda su vigencia en los presupuestos municipales. Ahí tenemos margen para legislar.

Lo que no hay, y no habrá, es una receta general. Puede abrirse un abanico de posibilidades y que cada ayuntamiento en función de su disponibilidad elija a que acogerse. Es un tema complejo y quizás el que más evidencia el divorcio y la confrontación institucional de las administraciones central, regional y local. Donde es más necesario, y creo que menos difícil de alcanzar, un Pacto de Estado entre las administraciones públicas.

–La financiación y en menor medida el suelo, obliga a un compromiso serio del Estado.

–La financiación y en menor medida, el suelo, obliga a las CCAA.

–Los ayuntamientos no tienen recursos, pero tienen suelo y mecanismos de planeamiento.

–Y muy necesario un análisis de cómo amortiguar la presión impositiva en los procesos de construcción (en gran parte porque ese es el monedero de los ayuntamientos): impuesto de construcción, licencias de obras, etc.

Por ello, lo mejor es poder ofertar más vivienda desde lo público como única forma factible de intervenir el mercado y equilibrar los precios del alquiler.

El derecho a la vivienda es un derecho constitucional y cuando ese derecho no se cumple, estamos fallando todos.