23-J

Yolanda Díaz propone un bono social para los hogares hipotecados

Promete reducir la jornada laboral mediante una ley de usos de tiempo

  • Acusa al PP de pactar "sin rubor" los ayuntamientos con Vox, que "pisotean los derechos de las mujeres y las personas LGTBi"
La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, comparece ante los medios este sábado tras el acuerdo alcanzado con Podemos para integrarse en la coalición sin Irene Montero, un acuerdo que anoche permitió registrar ante la Junta Electoral esta plataforma formada por 15 partidos de la izquierda que concurrirán juntos a las elecciones del 23J.
Yolanda Díaz Rodrigo JimenezAgencia EFE

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciado una propuesta para crear un bono de emergencia a familias hipotecadas, ante la subida de las cuotas que padecen, y ha prometido reducir la jornada laboral mediante una ley de usos de tiempo. También ha proclamado que la cuestión en las elecciones generales del 23-J es la mejora de las vidas de los ciudadanos y «no del futuro de ningún político», en alusión a los candidatos de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo respectivamente.

«La pregunta va sobre nuestras vidas y la respuesta se llama Sumar, vamos a por todas», desgranó ayer durante un acto en Madrid junto a varios candidatos de Sumar, como el diplomático Agustín Santos, el economista Carlos Martín, la escritora Violeta Serrano y la inspectora de Trabajo y exdirectora general de Trabajo Verónica Martínez. «Me acompañan los mejores (...) Tienen bagaje e ilusión», enfatizó a un día de registrar las listas electorales, donde habrá una profunda renovación respecto al anterior grupo de Unidas Podemos, un día después de que la formación morada asumiera que la titular de Igualdad, Irene Montero, no estará en las listas.

Durante su intervención, muy marcada en propuestas económicas, Díaz volvió a reiterar su compromiso de impulsar una reforma fiscal para «reinventar el estado del bienestar para el siglo XXI», para obligar a aportar a su país a aquellos que se «escaquean» a la hora de tributar. En ese sentido, manifestó que para la mejora de servicios públicos hace falta disponer de un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente, un IRPF con claro carácter progresivo, reformular el impuesto sobre sucesiones y lanzar un observatorio sobre subida de márgenes empresariales y vincularlos a la revalorización de salarios.

Luego, manifestó que no comparte la visión «optimista» de los datos macroeconómicos, que van «bien pero no es suficiente» porque mucha gente lo sigue pasando mal. Y en este punto desgranó que cuatro millones de personas ven cómo su hipoteca de tipo variable se incrementa unos 300 euros al mes por el alza de tipos de interés, algo poco asimilable cuando la media salarial en España son 21.000 euros anuales. Este alza de las hipotecas, enfatizó, no permite a la gente «vivir con dignidad» y que esto no lo resuelve el despliegue de un «código ético», en referencia al código de buenas prácticas desplegado por Economía y que en teoría debía favorecer a un millón de personas pero solo ha repercutido en 10.000. Por ello, desveló que van a incluir en su programa un bono de emergencia para ayudar a las familias a sufragar esa subida de las hipotecas.

Por otro lado y en alusión velada al PSOE, advirtió que los que se oponen a aprobar el Estatuto del Becario pactado por Trabajo y sindicatos tendrán que explicar por qué va a continuar la «mayor forma de precariedad» para la juventud.

En la recta final, incidió en que la pregunta de las elecciones del 23-J no va del futuro de «ningún político» sino de «tu vida sea mejor y más fácil», para asegurar que Sumar se va a «dejar la piel» para movilizar España porque hay «futuro» y «esperanza».

Durante su discurso, la vicepresidenta también aludió a la constitución de los ayuntamientos y cargó contra el PP y Feijóo, a los que acusó de pactar «sin rubor y sin complejos» con aquellos que «pisotean los derechos de las mujeres y las personas LGTBi», en referencia a Vox.

Por otro lado, las conclusiones del estudio para la futura ley de usos del tiempo impulsado por el Ministerio de Trabajo incluyen entre sus propuestas la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en 2026 y a 32 horas en 2032, así como medidas en materia de flexibilidad, conciliación, productividad y salud laboral.

"Ha llegado el momento de abordar la ley de usos del tiempo", afirmó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo el viernes en la presentación del estudio, y apostó por una normativa del tiempo de trabajo que permita tener "tiempo para vivir, para pensar, para aburrirse y hacer lo que nos guste".