20.000 euros: esta podría ser la multa a un supermercado lugués denunciado por insalubridad

El malestar de los vecinos en el entorno del centro comercial Abella de Lugo no es nuevo. Llevaban años denunciando una situación que se había vuelto insostenible, una convivencia forzosa con una plaga de ratas y palomas que campaba a sus anchas por el barrio. Las quejas apuntaban directamente a una residente de la zona, a quien acusan de alimentar de manera sistemática a los animales arrojando comida desde su ventana, agravando un problema de salubridad que ha ido creciendo sin control.

De hecho, la proliferación de estos animales ha trascendido la mera molestia para convertirse en una fuente de perjuicios económicos. La situación ha provocado daños materiales de considerable envergadura en las infraestructuras cercanas. Un ejemplo de ello es el desembolso de 14.000 euros que tuvo que afrontar una comunidad de propietarios para reparar los canalones de su edificio, gravemente deteriorados por la acción constante de roedores y aves.

En este contexto de alarma vecinal, la plaga ha traspasado finalmente los muros de la calle para instalarse en el interior de un negocio, provocando el cierre temporal del establecimiento. Se trata del supermercado de la cadena Family Cash, cuyas instalaciones han sido clausuradas por la Consellería de Sanidade. La dirección de la cadena, aunque niega que se trate de una plaga como tal, ha reconocido la existencia de problemas que requieren una solución urgente.

La contundente respuesta de las autoridades sanitarias

Así pues, la intervención de las autoridades se produjo tras una denuncia clave del sindicato Comisiones Obreras, que alertó de la gravedad de lo que ocurría en el local. Una inspección sanitaria posterior no hizo más que corroborar las sospechas: las deficiencias higiénicas eran de tal magnitud que suponían un claro riesgo para la salud pública. Ante la evidencia, la clausura fue fulminante y se ejecutó de manera inmediata para proteger a los consumidores.

Por ahora, el futuro del supermercado permanece en el aire. La empresa se enfrenta a una importante sanción económica que, al ser una infracción grave, podría alcanzar hasta los 20.000 euros. Para poder reabrir sus puertas, la compañía ha contratado a una empresa especializada que ya trabaja en un plan de choque, pero la reapertura definitiva queda supeditada a una nueva y exhaustiva inspección que certifique que el local cumple, esta vez sí, con todas las garantías sanitarias exigibles.