La Audiencia de A Coruña revisará los 108 recursos presentados por el accidente del Alvia

La Audiencia Provincial de A Coruña tendrá que resolver los 108 recursos presentados contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela en relación con el accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en la curva de Angrois. Así lo han confirmado este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dando por finalizado el trámite de remisión de todos los escritos de apelación.

En mayo de 2023, la magistrada titular condenó al maquinista del tren siniestrado y al entonces director de Seguridad en la Circulación de ADIF a dos años y medio de prisión por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave.

Los recursos han sido presentados por múltiples partes, entre ellas los dos condenados, la Fiscalía, la asociación de víctimas APAFAS, 99 acusaciones particulares, aseguradoras como Allianz y QBE (responsables civiles directos), así como Renfe y ADIF en calidad de responsables civiles subsidiarios.

El juzgado concedió una ampliación de plazos para su presentación debido a la complejidad del caso, además de interrupciones motivadas por la situación médica de uno de los abogados que representa a una parte significativa de los perjudicados.

Una vez superados todos los trámites, la Audiencia coruñesa asumirá la tarea de valorar las alegaciones y emitir una resolución sobre este capítulo clave en el proceso judicial por el mayor accidente ferroviario de la democracia española.

El caso Alvia

El 24 de julio de 2013, un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol descarriló en la curva de A Grandeira, en las inmediaciones de Santiago de Compostela, al circular a 191 km/h en un tramo limitado a 80. El accidente causó 79 muertes y más de 140 heridos, marcando un antes y un después en la seguridad ferroviaria del país.

En julio de 2024, tras un extenso proceso judicial, el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago condenó al maquinista, Francisco José Garzón Amo, y al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por imprudencia grave. Se les impuso también una inhabilitación para ejercer funciones relacionadas con la conducción o la gestión ferroviaria durante cuatro años y medio, así como el pago conjunto de más de 25 millones de euros en indemnizaciones.

Entre las apelaciones destaca la de la Fiscalía, que solicitó la absolución de Cortabitarte, una postura que generó malestar entre las víctimas. Paralelamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) admitió a trámite en febrero de 2025 una demanda presentada por los afectados, que denuncian la falta de imparcialidad de la investigación técnica realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Los demandantes consideran que dicha comisión no cumplía con los estándares de independencia, al estar compuesta por miembros con vínculos con Renfe y Adif.