Rueda proclama que “es el momento estratégico y oportuno” para liberar la AP-9

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, elevó este martes la presión sobre el Gobierno central al proclamar que “es el momento estratégico, oportuno y perfectamente factible” para liberar de peajes la autopista AP-9. Sus declaraciones se producen a menos de 24 horas de que expire el plazo dado por la Comisión Europea para que España responda al dictamen motivado que considera ilegal la prórroga de la concesión de este vial, acordada en el año 2000 por el Ejecutivo de José María Aznar.

Rueda compareció tras reunirse en Santiago con representantes de Apetamcor, la patronal gallega del transporte de mercancías por carretera, y urgió al Ejecutivo de Pedro Sánchez a actuar “lo antes posible” para rescatar la concesión.

Según un informe elaborado por la Xunta, el coste actual de esta operación se eleva a 2.356 millones de euros, 25 millones más que la estimación del pasado año. “Queremos la AP-9 liberada y cuanto antes, porque es una reivindicación histórica de todos los gallegos y porque Galicia lo merece”, enfatizó.

El mandatario gallego insistió en que no basta con proclamas y buenas palabras, sino con decisiones concretas. Recordó que la Xunta ya ha hecho un esfuerzo liberando de peajes en la sombra varias autovías autonómicas y que sigue impulsando obras de mejora como el desdoblamiento de la autovía a Noia o los tramos Nadela-Sarria y Santiago-A Estrada. “Si nosotros cumplimos, tenemos derecho a exigir lo mismo al Gobierno central”, señaló.

Frente político común

La liberación de la AP-9 se ha convertido en un frente político común. El PPdeG, el BNG y el PSdeG coincidieron ayer en reclamar el fin de los peajes, aunque discrepan en cómo hacerlo. El portavoz popular en el Parlamento, Alberto Pazos, defendió el rescate inmediato de la concesión como “la única vía para cumplir la promesa que hizo el PSOE”.

El BNG, a través de su diputada Olalla Rodil, rechazó de plano cualquier indemnización a la concesionaria Audasa, al entender que el contrato prorrogado en el año 2000 es nulo de pleno derecho. “No se puede pagar lucro cesante por una concesión ilegal”, denunció.

El PSdeG, por su parte, ha preferido una posición más prudente. Su parlamentaria Lara Méndez reconoció que la decisión final corresponde al Gobierno central, pero defendió que la prioridad debe ser “la gratuidad” para los usuarios. Recordó además que el Ejecutivo ya aplica descuentos de hasta un 75 % en los peajes y acusó al PP de “olvidar” las rebajas en las autopistas gestionadas directamente por la Xunta.

En paralelo, el líder socialista en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, aseguró que es “el momento de dar el gran salto” hacia la gratuidad total, aunque su fórmula pasa por bonificar al 100 % los peajes sin descartar la transferencia de la titularidad de la vía a Galicia, una demanda aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico.

Más allá de las discrepancias, la cuenta atrás impuesta desde Bruselas ha obligado a todos los partidos gallegos a fijar posiciones claras ante una autopista que vertebra Galicia de norte a sur y que cada día soporta un intenso tráfico de mercancías y viajeros.