Urbanización de superlujo

Matthias Khün vence al gobierno balear y será indemnizado con 95 millones de euros

La desclasificación de un terreno impidió a la pareja de Norma Duval levantar una promoción de superlujo y perdió millones.

Matthias Kühn y Norma Duval en Tagomago
Matthias Kühn y Norma Duval en Tagomagolarazon

Sentencia histórica. Matthias Khün ha logrado imponerse al Gobierno balear tras años enfrentados en los tribunales. Finalmente, el empresario tendrá que ser indemnizado con casi 100 millones de euros. El Tribunal Supremo de las Baleares (TSJIB) ha confirmado que el Gobierno balear tendrá que pagar 96 millones de euros a la empresa Birdie Son Vida S.L., propiedad de Matthias Kühn, como recoge el diario balear "Última Hora". Una sentencia que desestima el recurso interpuesto por la Administración autonómica por la operación en torno a la construcción de viviendas de lujo de Sa Muleta II en Sóller, Mallorca, promovida por la pareja de Norma Duval. Un conflicto urbanístico que se remonta a 1999, cuando Khün adquirió los terrenos para edificar 30 mansiones de lujo. Pero al ser un enclave natural, los terrenos fueron desclasificados por la Administración pública en 2008 y convertidos en rústicos.

En 2013, el Gobierno balear y la empresa de Kühn alcanzan un acuerdo, propiciado por un cambio de ley que permitía volver a construir en la zona. Sin embargo, el ayuntamiento de Sóller, localidad a la que pertenecen los terrenos, rechazó los permisos de construcción, danto lugar a un nuevo enfrentamiento judicial.

En 2016 se vuelve a cambiar la ley sobre la tipología de este suelo para su protección natural. Haciendo que en 2017 volviera a ser considerado rústico y no urbanizable. Entonces, la empresa Birdie Son Vida inicia un procedimiento judicial por imposibilidad de ejecución de una resolución judicial. Lo que ha llevado a que tanto en una sentencia en 2022 como en la actual se dicte que se ha incumplido el acuerdo que el Gobierno balear y la empresa firmaron en 2013. Por lo que se les ha otorgado esta millonaria indemnización. Ahora, el Gobierno balear tiene dos meses para pagar 63,5 millones de euros como reclamación principal, a los que se suman más de 30, por los intereses generados.