Bildu

Garitano se rodea de ex ediles de HB y Batasuna

Como ya se había advertido nada más llegar al poder en varios ayuntamientos, Bildu se está rodeando de los «suyos».

Martín Garitano (Bildu), diputado general de Guipúzcoa
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 Así, en la Diputación de Guipúzcoa, cuyo Gobierno se presenta hoy, entran dos miembros de EA y ex ediles de HB y Batasuna. Entre otros, estará en el ejecutivo de la coalición abertzale Juan Carlos Alduntzin, concejal de Pasaia y alcalde de Batasuna de esta localidad entre 1999 y 2003, que será el responsable de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Garbiñe Errekondo, ex edil y ex juntera de HB, será la titular del departamento de Administración Foral y Función Pública. Por su parte, el jefe del Gabinete del Diputado General será Iñaki Errazkin, ex alcalde de Azpeitia por ANV, cuyo nombramiento ya publicó el Boletín Oficial de Guipúzcoa el pasado martes, informa Efe.
Por otra parte, en el Congreso, el PP no logró sacar adelante su propuesta de resolución sobre Bildu. Al final, la Cámara aprobó la redacción que presentó el PSOE y con apoyo de la práctica totalidad, incluido el PP. «En relación con las últimas decisiones de las más altas instancias jurisdiccionales, el Congreso de los Diputados manifiesta el máximo respeto y acatamiento de todas las resoluciones judiciales, así como la obligación que a todos los poderes públicos corresponde de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes», decía el párrafo cuya redacción era el miércoles por la noche inasumible para el PP y que votó finalmente ayer.
El PP, que retiró finalmente su resolución tras acordar una transaccional con UPN y UPyD que fue rechazada, quería expresar su posición en términos mucho más duros, y por eso pedía «extremar la vigilancia sobre la conducta y las manifestaciones de los representantes electos de Bildu» para evitar que utilicen las instituciones para «continuar la estrategia marcada por Batasuna/ETA». Incluso pedía que se adoptaran todas las medidas legales necesarias para impedir a Bildu o a cualquier otro partido el debilitamiento de la seguridad y libertad de acción de los concejales», y proceder si fuera necesario a un proceso de ilegalización.