Los alumnos objetores tendrán que entrar en clase

Se acabaron las horas de «estudio» en la biblioteca mientras el profesor imparte Educación para la Ciudadanía. También se acabaron los «pupitres en el pasillo» que habían denunciado los objetores: a partir de ahora, sus hijos tendrán que entrar en la clase de la asignatura que consideran que lesiona sus derechos fundamentales. Así lo confirmaron a este periódico fuentes jurídicas. Los jóvenes objetores, además, serán examinados y evaluados, como los demás. La recuperación de conocimientos por parte de los alumnos objetores podría ser posible por medio de clases o profesores de apoyo o actividades diversas, siempre según decidan las autonomías y los centros educativos.
No se trata tanto de que recuperen las clases como los conocimientos, indicaron a Efe fuentes del Ministerio de Educación. Sin embargo, todavía les queda esperanza. «La evaluación final del curso se hace en junio y, hasta entonces, pueden pasar muchas cosas». Así lo afirma José Luis Bazán, asesor jurídico de la plataforma objetora Profesionales por la Ética. A su juicio, el Tribunal Constitucional podría dictar un auto que suspendiera de forma cautelar la obligatoriedad de cursar la asignatura.
No obstante, otras fuentes consideran esta medida muy improbable. Tribunales a favor Pese a todo, Bazán señala que el fallo del Supremo sólo afecta a cuatro sentencias de Andalucía y Asturias. Pero «hay sentecias favorables a la objeción todavía en vigor», asegura el abogado de Profesionales por la Ética. «Además de los tres fallos andaluces estudiados por el Supremo, hay otras 36 sentencias en esta comunidad que dan la razón a los objetores. Al igual que otras 23 en La Rioja».
A juicio de Bazán, hasta que el Alto Tribunal decida sobre cada una de las sentencias, los alumnos no tendrán que acatar la obligatoriedad de entrar en clase ni de ser evaluados a fin de curso. Este proceso podría prolongarse «varios meses». Mientras, la Federación Española de Religiosos de Enseñanza y la Confederación de Centros de Educación y Gestión ofrecieron ayer «una mano tendida» para que los objetores «no se vean afectados negativamente».
También el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid se mostró ayer preocupado por la repercusión que la sentencia pueda tener sobre los alumnos. Arturo Canalda afirmó que «respeta» la decisión del Supremo, pero reclamó «consenso» para que la medida no afecte a los niños cuyos padres decidieron objetar y no han cursado la materia.