Trump, en manos del Senado

Arranca el «impeachment» por todo lo alto, el primero en más de 20 años, el tercero en la historia de EE UU, y las noticias no podían ser más descorazonadoras para la Casa Blanca. Desde el frente mediático está el asunto del asociado de Rudy Giuliani, Lev Parnas, quien habría presumido delante del fiscal general de Ucrania de que el exalcalde de Nueva York actuaba bajo la supervisión de Donald Trump. Entrevistado por la cadena NBC el pasado miércoles, Parnas, que ha entregado numerosos documentos a los investigadores, fue bastante claro: el presidente de Ucrania y el hombre al mando de la Fiscalía le recibieron gracias a que actuaba en representación del presidente de EE UU. «El presidente Trump sabía exactamente lo que ocurría», dijo. «Estaba al tanto de todos mis movimientos. Yo no habría hecho nada sin el consentimiento de Rudy Giuliani o del presidente. No tendría motivos ni razones para haber hablado con ninguno de estos oficiales, o mejor, ellos no habrían tenido ninguna razón para hablar conmigo...». «¿Por qué el presidente Zelenski o su círculo íntimo habrían tenido razones para hablar conmigo?», reiteró, y en ese momento era casi imposible no recordar a otro pretoriano de Donald Trump, su exabogado, Michael Cohen, condenado a tres años de cárcel por desviar fondos de la campaña electoral de 2016 con la intención de influir en su resultado. Fue entonces, con el agua al cuello o más allá, que el hombre al que apodaban el «reparador», comentó a la Prensa, a punto de enfundarse el mono naranja de presidiario, que «todavía queda mucho por contar, y espero que llegue el día en el que pueda compartir la verdad».

Parnas todavía no luce la soga el cuello, no está respondiendo delante de un tribunal, pero cuidado. Tanto la Fiscalía de Nueva York como el FBI conducen una investigación criminal de sus actividades en Ucrania y su ligazón con Giuliani. De ahí que su paseíllo por las televisiones, y su recién estrenada disposición a colaborar con el Comité Permanente de Investigaciones del Congreso, al que ha remitido miles de documentos y fotografías, amerita intuir que acaso deje de mostrarse excesivamente firme en su defensa de sus antiguos socios. Por si fuera poco, Parnas añadió que el actual fiscal general de EE UU, William Barr, estaba al tanto de todo.

Y el frente del «impeachment» se ha complicado incluso más al trascender que otro presunto socio de Giuliani, Robert Hyde, había recibido el encargo de vigilar, sin nada remotamente parecido a una autorización judicial ni poderes legales para hacerlo, a la entonces embajadora de EE UU en Ucrania, Marie Yovanovitch. Cabe recordar que la diplomática testificó ante los comités del Congreso y que declaró haberse sentido intimidada por la Casa Blanca, a la que acusó de maniobrar en su contra para cubrirla de oprobio y apartarla de su cargo.

En su conversación telefónica del 25 de julio con Zelenski, Trump llegó a asegurar que «iban a pasar por algunas cosas» con ella. Preguntada al respecto por los congresistas, Yovanovitch, acusada por Giuliani y otros de trabajar en favor de Joe Biden y de ocultar las teóricas maniobras ucranianas para influir en los comicios de 2016, declaró que aquellas palabras tenían todo el aspecto de «una amenaza» y que cuando leyó la transcripción de la charla entre los dos presidentes quedó «conmocionada. Horrorizada, devastada porque el presidente de Estados Unidos pudiera hablar así de un embajador como a un jefe de Estado extranjero, y era yo. Quiero decir, no podía creerlo».

Por mucho que el presidente parece contar con una mayoría sólida en el Senado, por mucho que el líder de los republicanos en la Cámara, el veterano Mitch McConnell, asegure que está todo bajo control, las noticias parecen poco halagüeñas. Máxime después de conocerse que la Oficina para el Control del Gobierno haya publicado un informe en el que da por demostrado que la Casa Blanca violó la ley cuando congeló la ayuda económica y militar a Ucrania.

Es importante que la Oficina es un organismo público, incardinada en el Poder Legislativo, sin filiación política, dedicada a auditar, evaluar e investigar para el Congreso y considerada la máxima institución a la hora de auditar las actividades del Gobierno. Sus informes no son vinculantes. Pero resulta dramático leer que, en su opinión, el Gobierno violó leyes, y concretamente una ley en vigor desde 1974, que limita la capacidad del Ejecutivo de bloquear los fondos del Legislativo.

En el informe explica que «la aplicación fiel de la ley no le permite al presidente sustituir sus propias prioridades políticas por las que el Congreso haya promulgado, y la Oficina del Presupuesto retuvo fondos por una razón política, que no está permitida por la Ley de Control del Gasto. La retención no fue debida a un retraso programático. Por lo tanto, concluimos que Oficina del presupuesto violó la ley».

Para Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata y presidenta del Congreso, las cosas están claras: «El presidente violó la ley». Por supuesto, la citada oficina ha señalado, por boca de un portavoz, que no comparte la evaluación y conclusiones de la Oficina Para el Control del Gobierno (OCG). Sea como sea, más gasolina para el incendio que sacude Washington desde hace meses. Especialmente dado el prestigio del organismo y la evidencia de que no se trata de un vehículo partidista. Una cosa es lo que puedan decir Pelosi y sus colegas y otra un informe de la OCG. Otra cosa es que en los EE UU de 2020 la política, o mejor la antipolítica, funcionen sujetas a convenciones muy distintas a las habituales.

Mientras tanto, Trump sigue defendiendo su inocencia, incidiendo en que no hubo «quid pro quo» con Zelenski, y ha denunciado que es víctima de una «caza de brujas» de los demócratas porque aún no han digerido su victoria electoral de 2016. El presidente de EE UU está seguro de que el Senado tumbará el «impeachment».