El virus de la confusión: cuál es su nivel de contagio real y su letalidad

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la difusión internacional del COVID-19, más conocido como coronavirus, una pandemia mundial. Desde que en diciembre de 2019 se detectaran los primeros casos de contagio en la provincia china de Wu Han, el principal aliado en la expansión de este virus ha sido la falta de cooperación, tanto a nivel internacional como nacional y local, por el exceso de particularismo insolidario propio de las situaciones de pánico o miedo extremo. El famoso “sálvese quien pueda”, sólo que en este caso desencadenado escala universal gracias a la mezcla de informaciones, opiniones, propaganda y bulos, difundidos globalmente a través de las redes sociales.

Porque más allá del alcance contagioso del virus en cada etapa de su difusión, primero en China y más tarde por el resto de países, lo cierto es que las directrices sanitarias adoptadas por la OMS y las medidas de salud pública decididas por los gobiernos de los países afectados han estado dominadas por la confusión informativa oficial y la descoordinación operativa.

Las confusas informaciones oficiales comienzan por los datos sobre el alcance del contagio y sus efectos. Con los datos de la OMS a fecha 12 de marzo (Situation Report 52) a España se le atribuyen 2.140 casos, 501 nuevos casos confirmados respecto del informe anterior del 11 de marzo, con 48 muertos de los que 12 son nuevos respecto del informe anterior. Sin embargo, los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad de España en la misma fecha son de 2.950 casos, de los que 810 son nuevos casos, con un total de 84 fallecidos. ¿Cómo se explican estas importantes discrepancias estadísticas? ¿Cuál de las dos fuentes es errónea?

El paso siguiente en la ceremonia de la confusión mediática viene por la falta de referencia sobre el verdadero alcance epidémico y la gravedad de sus efectos respecto de otras epidemias o pandemias sufridas recientemente. En la propia página oficial de la OMS (https://www.who.int/es/news-room/detail/11-03-2019-who-launches-new-global-influenza-strategy) al presentar su Estrategia Mundial contra la Gripe 2019-2030 se afirmaba que cada año se registran 1.000 millones de casos de infección gripal de los que entre 3 y 5 millones son graves y causan entre 290.000 y 650.000 muertos.

Si estos últimos datos son mínimamente fiables el alcance y efectos del coronavirus resultan irrisorios con un total de 125.048 casos de contagio en todo el mundo y 4.613 víctimas mortales. Desde luego no justificarían las medidas excepcionales que se están adoptando y que no utilizan con la gripe común. Algo no encaja entre las informaciones que recibimos y las decisiones que se están adoptando, cuyas dramáticas consecuencias económicas y sociales ya estamos sufriendo.

La segunda parte del problema tiene que ver con la insolidaria descoordinación internacional, y en el caso español también autonómica, en las políticas públicas de respuesta a la crisis.

Si analizamos el origen chino del brote del COVID-19, sabemos que fue debido a la ausencia de normas fito-sanitarias o su negligente aplicación por parte de una política de salud pública demasiado burocratizada. En cambio el alto grado de morbilidad y mortalidad en Italia tiene mucho que ver con las graves deficiencias de respuesta de su sistema sanitario público. En Estados Unidos la naturaleza escasamente pública de su sistema sanitario, en el que los centros de calidad son privados y vinculados a grandes compañías de seguros, hará que los sectores sociales económicamente más débiles sufran un mayor riesgo.

Hasta el momento actual, la intervención de la Unión Europea no ha logrado articular una respuesta sanitaria integrada entre los veintisiete países quedando limitadas sus iniciativas a las importantes pero insuficientes medidas económicas y financieras. La salud pública europea todavía no constituye una auténtica política común lo que está dificultando seriamente la lucha continental contra la pandemia.

Finalmente, España cuenta con una sólida política de salud pública avalada por un sistema sanitario nacional cuya gestión, sin embargo, ha quedado fragmentada y lastrada por su transferencia a las Comunidades Autónomas. La división competencial y funcional del sistema sanitario español ha mermado su eficacia, tanto preventiva como curativa. La demostración a sensu contrario la tenemos en el caso de los trasplantes en los que la adopción de normas jurídicas y procedimientos de actuación nacionales ha convertido a España en la primera potencia mundial desde hace 25 años.

En las situaciones epidémicas críticas, como lo es ahora la del coronavirus y también lo han sido la de la encefalopatía espongiforme bovina, la de la gripe aviar H5N1 o la del Ébola, tanto desde la perspectiva legal, art. 116 de la CE, como de las capacidades del propio sistema nacional de salud es posible articular una respuesta única. La cuestión que nos amenaza a los ciudadanos, ya que no podemos esperar una colaboración internacional, es ¿por qué los sucesivos Gobiernos han temido tanto asumir esa respuesta única nacional que es la verdaderamente eficaz?.

*Catedrático de Relaciones Internacionales Universidad Complutense de Madrid