La UE alerta de la tentación autoritaria para luchar contra la pandemia

A Bruselas le vuelve a temblar el pulso a la hora de lidiar con la deriva autoritaria de Viktor Orban. La presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, se limitó ayer a emitir un comunicado en el que avisa de que “todas las medidas de emergencia” tomadas por los países contra el coronavirus “deben limitarse a lo necesario” y ser “ proporcionadas”, en una alusión indirecta a la ley aprobada en el Parlamento húngaro este pasado lunes.

Tras esta votación por mayoría de dos tercios, el primer ministro húngaro podrá gobernar a golpe de decreto de manera indefinida y sin ningún tipo de control, en un movimiento que ha soliviantado a los partidos de la oposición que pedían un límite temporal de 90 días. En teoría, el Parlamento puede revocar este consentimiento, pero la holgada mayoría del Orban, que cuenta con dos tercios de los escaños, hace imposible, en la práctica, este paso atrás. Dentro de esta normativa, también se contemplan penas de hasta cinco años de cárcel a aquellos que publiquen informaciones falsas o distorsionadas que “obstruyan o eviten la protección eficaz de la población” ante el virus.

Tanto las fuerzas opositoras como las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos temen que esto se convierta en una coartada perfecta para que el ejecutivo húngaro siga menoscabando las libertad de prensa en el país. En el comunicado de Von der Leyen se puntualiza que “la democracia no puede funcionar sin medios libres e independientes. El respeto a la libertada de expresión y la certidumbre legal son esenciales en estos momentos inciertos”.

Como colofón de este texto, Bruselas avisa de que estará vigilante pero evita el tono amenazador y siguen sin mencionar de manera específica a Budapest “La Comisión Europea supervisará de manera estrecha, con espíritu de colaboración, la puesta en marcha de las medidas de emergencia en todos los Estados miembros. Necesitamos trabajar juntos para controlar la crisis. En este camino, sostendremos nuestros valores europeos y los derechos humanos. Esto es lo que somos y lo que nos representa”.

Unas palabras excesivamente timoratas para muchos: desde los socialistas, liberales y el grupo de izquierda unitaria de la Eurocámara hasta la organizaciones no gubernamentales internacionales y asociaciones de prensa. El ex primer ministro italiano Matteo Renzi incluso ha llegado a pedir vía twitter expulsar a Hungría de la UE, aunque no haya ningún mecanismo para ello.

Hasta el momento, la medida más drástica posible es la suspensión del derecho de veto en el Consejo (órgano de los Estados), último paso dentro del denominado artículo 7. Aunque el Parlamento Europeo activó este procedimiento en septiembre del 2018 contra Budapest- la Comisión había hecho los propio también en el caso de Varsovia (Polonia)- los dos expedientes se encuentran en punto muerto, ya que es necesaria la unanimidad de las capitales para llegar a este último estadio.

Ante el peligro de agravar aún más la brecha Este-Oeste, el Ejecutivo de Von der Leyen ha fijado entre sus prioridades la creación de un nuevo mecanismo de vigilancia del Estado de derecho que emita informes frecuentes de todos los socios del club, con el objetivo de que los países del Este no se sientan estigmatizados. Muchos atribuyen estos intentos contemporizadores a la debilidad de la presidenta del Ejecutivo comunitario cuya elección fue posible gracias al apoyo de Orban y los conservadores polacos.

Pero Von der Leyen no es la única que no sabe cómo actuar con el primer ministro húngaro. El Partido Popular Europeo (PPE) -al que pertenece Fidesz, el partido de Orban- también está profundamente dividido sobre qué hacer son su “enfant terrible”. Fidesz lleva suspendido de su membresía al PPE desde marzo de 2019, lo que implica que no tiene ni voz ni voto en las decisiones de esta familia política. Pero aunque la cuerda siga tensa, sigue sin romperse.

En febrero de este año, la familia popular se limitó a renovar esta suspensión, sin atreverse a cortar amarras de una vez por todas. Las delegaciones nórdicas son las que abogan por la expulsión, mientras que los españoles, franceses e italianos temen que Orban engrose las listas de los partidos de extrema derecha europeos y prefieren tenerlo cerca y “controlado” que lejos y a la deriva, con Marine Le Pen y Matteo Salvini.

La propuesta del nuevo marco financiero para los año 2021-27 también contempla la suspensión de los fondos regionales para los países que no respeten el Estado de Derecho, en un intento de plantear opciones al callejón sin salida del artículo 7. Pero para que prospere esta iniciativa es necesaria también la unanimidad de los Veintisiete en unas negociaciones ya marcadas por la tensión y por la profunda fractura entre contribuyentes netos (los que aportan más de lo que reciben) y el bando contrario.

Mientras el club comunitario deshoja la margarita, Orban sigue acaparando poder y laminando cualquier intento de contrapeso a sus veredictos.