Cuando la congresista por Wyoming, la republicana Liz Cheney, anunció su intención de votar a favor del «impeachment», sonaron todas las alarmas en el Despacho Oval. Los rumores apuntaban a que hasta 20 republicanos darían luz verde a la destitución del presidente. Un golpe simbólico de consecuencias imprevisibles con vistas a la futura votación del Senado. Una desafección que subrayaría el virus guerracivilista que amenaza con calcinar las estructuras del partido conservador. Al final fueron diez los congresistas republicanos partidarios del «impeachment»: David Valadao y Adam Kinzinger, Dan Newhouse, John Katko, Fred Upton, Jaime Herrera Beutler, Anthony Gonzalez, Tom Rice, Peter Meijer y, por supuesto, Cheney. Ahora el proceso desembocará en el Senado.

Pero el líder de los republicanos Mitch McConnell, que la pasada semana advirtió del peligro para la República que suponía mantener los infundadas denuncias de fraude, ha dejado claro que la Cámara Alta no se reunirá, como muy pronto, hasta después de que Joe Biden jure su cargo como nuevo presidente de EE UU.

Para el hombre que todavía preside la mayoría en el Senado y por lo tanto todavía es el responsable de marcar las pautas, «dadas las reglas, los procedimientos y los precedentes del Senado que rigen los juicios de acusación presidencial, simplemente no hay posibilidad de que un juicio justo o serio pueda concluir antes de que el presidente electo Biden preste juramento la próxima semana».

A Biden, por cierto, no está claro que le beneficie que el Senado acabe consumido por las discusiones sobre el «impeachment». Para su Gobierno la prioridad absoluta pasa por sacar adelante los nombramientos del nuevo gabinete y tomar las primeras medidas. Pero todo podría empantanarse en unas sesiones potencialmente interminables, que aparcarían cualquier política y cualquier votación en el fragor revisionista del examinar las consecuencias del legado trumpiano.

En su comunicado, McConnell explica que el Senado «ha celebrado tres juicios de acusación presidencial. Han durado 83 días, 37 días y 21 días respectivamente» y que «incluso si el proceso comenzara esta semana y avanzara rápidamente, no se llegaría a un veredicto final hasta después de que el presidente Trump dejase el cargo». En su opinión, lo mejor es que el poder legislativo y el ejecutivo dediquen los próximos días a «facilitar una toma de posesión segura y una transferencia ordenada de poder». En realidad también conjura el escenario de enfrentar un «impeachment» con Donald Trump todavía en la Casa Blanca. Esto no significa que el proceso quede detenido con su salida. El juicio político podrá prolongarse incluso con Biden de presidente. Pero sus consecuencias inmediatas no serán tan desestabilizadoras para el partido conservador.

Inhabilitar a Trump

Y tampoco parecen estar claras las inferencias que el «impeachment» pueda tener para el futuro político de Trump. Entre otras cosas porque para a fin de inhabilitarlo no bastaría con la dudosa posibilidad de que dos tercios del Senado digan sí al «impeachment»: también sería necesario convocar una segunda votación, específicamente diseñada para decidir sobre el asunto, y que tendría que salir adelante, como mínimo, por mayoría simple.

¿Qué harían entonces los senadores que, como Ted Cruz, sueñan con heredar el trumpismo? La tentación de eliminar al creador y aglutinador del movimiento resulta tan evidente como el peligro de que sus bases les den la espalda. Por mucho menos, básicamente por mantenerse dentro de lo que estipulan la ley y la Constitución, Mike Pence podría haber destruido sus opciones a la presidencia en 2024. Lo único seguro es que nunca un presidente tuvo que enfrentar dos «impeachments» y que nunca se ha prolongado el juicio político cuando el presidente objeto de juicio deja su cargo. Que sea legal no desactiva las dudas.

Condena la violencia

Trump, por su lado, que llevaba una semana lamentando haber grabado un mensaje donde pedía a los asaltantes que volvieran a casa, volvió a ceder y le dijo a la cadena Fox que «A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que NO haya más violencia, transgresiones de la ley y o vandalismo de ningún tipo». «Eso no es lo que yo represento», añadió, «y no es lo que Estados Unidos representa. Hago un llamado a TODOS los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos».

En un vídeo colgado en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca afirmó que «Ningún verdadero partidario mío podría jamás respaldar la violencia política. Ningún verdadero partidario mío podría faltarle el respeto a las fuerzas del orden público ni a nuestra gran bandera estadounidense. Ningún verdadero partidario mío jamás podría amenazar o acosar a sus compatriotas estadounidenses. Si haces alguna de estas cosas, no estás apoyando nuestro movimiento. Lo estás atacando y estás atacando a nuestro país. No podemos tolerarlo». Unas palabras que Cheney y otros disidentes ya anunciaron que llegan tarde. Pero que podrían haber contribuido a aliviar el dilema de un puñado de colegas, que finalmente optaron por votar en contra.

Asegurar la investidura de Biden es en estos momentos la máxima preocupación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de las agencias de inteligencia. El Pentágono ya ha confirmado la movilización de 20.000 soldados de la Guardia Nacional, en principio se habló de 10.000. Las imágenes de los soldados durmiendo en las instalaciones del Capitolio han dado la vuelta al mundo. Todo para evitar los episodios de violencia del 6 de enero.