Aumenta la preocupación en Washington por la violencia extrema que pueda enturbiar la jornada histórica de la semana que viene, cuando el nuevo presidente de Estados Unidos y su vicepresidenta tomen posesión del cargo frente al Capitolio ante la atenta mirada de millones de personas. La toma de investidura de Joe Biden y Kamala Harris el próximo 20 de enero ha movilizado al completo a las autoridades policiales del país. La Guardia Nacional de un total de once Estados participarán en el despliegue de seguridad especial que se pondrá en marcha para evitar que se produzcan nuevos episodios violentos de seguidores de Trump y proteger la integridad de todos los participantes en el multitudinario evento.

Toda la maquinaria policial necesaria puesta en marcha para evitar que se repitan los fallos de seguridad que causaron la muerte de cinco personas y un centenar de detenidos por el asalto masivo al Congreso. A los cerca de 10.000 soldados de la Guardia Nacional anunciados por el Pentágono se sumarán otros cuerpos policiales para dar apoyo antes, durante e incluso días después del evento.

También se espera que las autoridades competentes implementen, de aquí a la ceremonia, nuevas restricciones para evitar que la Inauguración sirva de concentración de nuevas manifestaciones contra la cita electoral que aumenten la tensión y los ataques. Restricciones que se sumarán a las ya existentes por el actual brote de la pandemia.

De hecho, la campaña de Biden anunció hace semanas que una gran parte de los eventos de su investidura en la capital del país se organizarán, por primera vez en la historia, de manera virtual con el fin de evitar contagios entre los cientos de miles de estadunidenses que acuden cada cuatro años a la cita. Una cita histórica que, en esta ocasión, será muy distinta a las anteriores.

Protección del Congreso

Precisamente por eso, por el gran riesgo a sufrir nuevos focos de violencia extrema, la alcaldesa de Washington solicitaba este lunes al Departamento de Seguridad Nacional reforzar la protección entorno al Congreso. «Creemos que la investidura presidencial del 20 de enero requiere un enfoque muy distinto al de anteriores ceremonias similares debido al caos, la injuria y la muerte experimentada en el Capitolio de EE UU durante el episodio de insurrección» del pasado miércoles, señaló Muriel Bowser en una carta enviada a Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional.

La alcaldesa del distrito de Columbia también solicitó, en esa misma petición, extender el dispositivo de seguridad previsto para la investidura hasta el próximo 24 de enero. Bowser ya había emitido su deseo de declarar la emergencia nacional y el toque de queda en la ciudad durante al menos 15 días, animando, a su vez, a la población a no participar de manera presencial en la ceremonia de investidura.

Aumenta la incertidumbre sobre qué puede pasar durante los últimos días de Trump en la Casa Blanca, casi al mismo ritmo que el amplio despliegue de seguridad puesto en marcha para enfrentar cualquier posible contratiempo.

El mandato del presidente saliente expira en una semana, pero el debate sobre la acusación del Congreso de EE UU contra él sigue siendo la clave para resolver la mejor salida posible a esta crisis democrática. El Senado tiene el poder absoluto para tomar la decisión, tanto para destituir a Trump como para evitar que ocupe el cargo en el futuro. Los propios republicanos tratan de forzar su salida antes de tiempo.

El todavía vicepresidente Mike Pence tiene la decisión en sus manos. Sus compañeros de partido están presionándole para que ponga en marcha la Enmienda 25 de la Constitución y declare a Donald Trump «no apto» para el cargo. Al descalificarlo, los demócratas pretenden evitar que Trump pueda volver a presentarse a unas elecciones presidenciales, ya que con su popularidad y el apoyo de millones de votantes conservadores podría volver a ganar la presidencia en 2024.

Si es descalificado, el presidente saliente no sería reelegible para el cargo. Pero, si no lo fuera, podría seguir liderando el Partido Republicano y condicionar la política estadounidense de los próximos cuatro años.

Atrincherado en la Casa Blanca

Algunos temen que, además, el presidente saliente siga aferrándose al poder y se niegue a dejar el cargo porque saben que, a estas alturas, con Trump todo es posible. Los demócratas prefieren procesar a Trump acusándole de sedición y de incitar a la violencia a través de un segundo «impeachment» contra el presidente, esta vez por la vía rápida. Y es que, para los liberales, los altercados del Capitolio pusieron en riesgo la vida del vicepresidente, de los miembros del Congreso y de miles de personas que trabajaban en la sede legislativa cuando se reunieron, el miércoles 6 de enero, para formalizar al presidente electo Joe Biden.

Los asesores de Trump le recomendaron que condenara los actos violentos si no quería ser expulsado del cargo. Algo que hizo dos días después del violento ataque al Capitolio de sus seguidores, a los que él mismo provocó. Pero esa condena llegó demasiado tarde, incluso después de haberles dado las gracias antes de invitarles a volver a sus casas y recordarles que eran gente «muy especial» para él.

Conforme avanza la investigación de esos hechos que hicieron tambalear los cimientos de la democracia estadounidense, los cargos contra los asaltantes que participaron en ataque al Congreso se refuerzan estos días para alertar de las posibles consecuencias a individuos y grupos radicales de violencia que pretendan repetir esas acciones o altercados parecidos.