La corrupción hunde la popularidad de Johnson

Boris Johnson ha visto cómo su popularidad ha caído en picado tras el escándalo de corrupción que salpica de lleno a su Gobierno, tras apoyar una enmienda para suspender la condena de un parlamentario que había violado las reglas de Westminster con la excusa barata de que hay que cambiar las reglas de funcionamiento del Comité de Ética de la Cámara de los Comunes. Tras la polémica, Downing Street dio uno de sus habituales volantazos y el diputado en cuestión terminó dimitiendo.

Pero el hecho de que Johnson se ausentara ayer del debate de emergencia que se celebró en la Cámara Baja para abordar precisamente este asunto tan solo ha incrementado las críticas. Un portavoz del Número 10 señaló que el «premier» tenía concertado desde hace tiempo una visita a un hospital del noreste de Inglaterra. El índice de aprobación del líder «tory» ha caído a «menos 20», según la última encuesta de Opinium. El 50% de los británicos no aprueba su gestión y los laboristas igualan distancias.

Todo comenzó el pasado miércoles, cuando el Ejecutivo obligó a sus filas a apoyar una enmienda que en la teoría buscaba cambiar las reglas de funcionamiento del Comisionado de Ética de la Cámara de los Comunes, pero en la práctica quería anular el castigo de 30 días sin empleo y suelo impuesto por el comisionado independiente de estándares parlamentarios a Owen Paterson. El diputado había recibido 100.000 libras de compañías privadas, por hacer «lobby» a cambio de favores políticos.

Los propios «tories» no estaban cómodos con la postura que les había hecho tomar la dirección del partido. Prueba de ello fue que, pese a tener una mayoría absoluta de 80 escaños, el Ejecutivo sacó la enmienda por tan solo 18 votos. Y eso que la presión era importante. Según el «Financial Times», a los rebeldes se les había amenazado con quitarles fondos en sus distritos para colegios y hospitales.

Tras el gran revuelo montado, tan solo 24 horas después, Johnson pegó uno de sus ya habituales volantazos. Y Paterson –que defiende que no hizo nada en contra de las reglas– acabó dimitiendo. Pero el daño ya está hecho. Y aunque los colaboradores de Johnson quisieron minimizar el escándalo como «una tormenta en una taza de té», no parece que el electorado, a juzgar por los sondeos, se haya tomado el asunto tan a la ligera.

Pero el quid de la cuestión va más allá. La gran pregunta es si ha llegado el momento de que a los diputados se les prohíba tener un segundo trabajo asesorando a empresas privadas. Porque la línea entre asesorar (algo legal) y hacer «lobby» para propio beneficio (algo ilegal) es demasiado fina.

Y este era uno de las cuestiones que se plantearon ayer en el debate de emergencia, un debate que ocupó grandes titulares, pero que no implicaba ninguna votación ni decisión vinculante. El ministro del Gabinete, Stephen Barclay, que intervenía en nombre del Ejecutivo en ausencia de Johnson, pidió disculpas por el «error» cometido. Pero el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, acusó al «premier» de haber dado «luz verde a la corrupción» y sostuvo que «se ha dañado a sí mismo», «a su partido» y «a la democracia». «Las puertas giratorias entre la oficina ministerial y el sector privado continúan girando a la máxima velocidad. Los ministros pueden estar regulando una compañía en un minuto y al siguiente estar trabajando para ella», dijo Starmer.

El representante del Gobierno admitió que «existe preocupación sobre el sistema de estándares» que se utiliza para determinar si un diputado ha actuado con transparencia y aseguró que «escuchará» las propuestas de los parlamentarios.

El propio John Major, quien fuera «premier» conservador, asegura que «el modo en el que han manejado todo este asunto ha sido vergonzoso e incorrecto, indigno de cualquier Gobierno». «Han procurado sortear en varias ocasiones el control parlamentario, y el ‘speaker’ [presidente de la Cámara de los Comunes] ya ha expresado su frustración en muchas ocasiones, y con razón. Pero se han comportado también mal en otras ocasiones que quizá sirvan para afirmar que este Gobierno es políticamente corrupto», cargaba. Fue Major quien creó el Comisionado de Ética de la Cámara de los Comunes, tras el escándalo de los noventa, el llamado «cash for questions» (dinero a cambio de preguntas en la Cámara de los Comunes).

El diario “The Guardian” reveló entonces cómo varios diputados conservadores introducían preguntas en la sesión de control parlamentaria, a 2.000 libras esterlinas (unos 2.350 euros) la pregunta, para impulsar los intereses de diferentes empresarios, entre ellos, Mohamed Al Fayed, propietario entonces de los grandes almacenes Harrods. Pero parece que poco han cambiado las cosas desde entonces.