El incendio social en Perú acorrala al presidente Castillo

El galopante malestar social ha destapado el lado más autoritario de Pedro Castillo. El presidente de Perú sorprendió al filo de la medianoche al anunciar por Twitter un estado de emergencia de 24 horas en las provincias de Lima y Callao, las más pobladas, para contener la ola de protestas que se extiende desde hace días por el país y ha dejado por ahora un saldo decuatro muertos. El decreto publicado poco después impone la «inmovilización social obligatoria», una medida extrema concebida para hacer frente a la pandemia que Castillo desempolva ahora por sorpresa en un intento de contener el desorden que se ha instalado en Perú, donde la Policía se ha visto incapaz de controlar la acción de grupos violentos en Huancayo, Cuzco, Ica y, también el lunes, en los accesos a Lima. El defensor del Pueblo solicitó ante los tribunales su retirada inmediata por inconstitucional y el Congreso exigió la comparecencia del presidente.

La crisis comenzó a finales de la semana pasada cuando varias asociaciones de transportistas convocaron a una huelga para protestar contra el aumento de los precios de los combustibles. Castillo reaccionó primero criminalizando a los promotores de la protesta y atribuyó las escenas de violencia y los bloqueos de carreteras a la acción de «dirigentes y cabecillas malintencionados y pagados».

Sus palabras no hicieron sino encrespar más los ánimos. Castillo adoptó entonces un tono más conciliador y el fin de semana el Gobierno anunció la suspensión de los impuestos que gravan la gasolina. Pero para el lunes el incendio se había desbordado. Trabajadores agrarios golpeados por el alza de los precios de los fertilizantes y otros colectivos se sumaron a las protestas y los informativos se llenaron de imágenes que daban cuenta del caos en todo el país. En la carretera central, que da acceso a Lima, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, se acercó –con un grupo de militares– a tratar de convencer a los manifestantes que bloqueaban la vía y vio impotente cómo atacaban una gasolinera. En esa zona se habían producido antes algunas de las escenas más violentas. En Ica, hubo saqueos a establecimientos comerciales y los alborotadores destrozaron los puestos de peaje de una autopista.

El Gobierno insiste en que el problema tiene su origen en el encarecimiento de los precios de la energía provocado por la guerra en Ucrania, pero las encuestas revelan que cada vez una abrumadora mayoría de peruanos desaprueban la gestión de Castillo y le responsabilizan de los problemas del país. Acorralado, el presidente decretó su medida excepcional, «suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito».

El ministro de Ambiente, Modesto Montoya, justificó la decisión en informes de inteligencia que alertaban de supuestos planes para organizar saqueos masivos de la capital desde los cerros que la rodean. «Había amenaza de saqueo general, de bloqueo; Una especie de violencia generalizada», dijo Montoya, que se mostró convencido de que las fuerzas del Congreso la apoyarían.

Justo el día que se cumplían 30 años del autogolpe de Alberto Fujimori que disolvió el Congreso, Castillo debía comparecer por la tarde para explicar su decisión. La presidenta de la Cámara, María del Carmen Alva, aseguró que «es lamentable que el presidente haya dado esta medida extrema, porque la mayoría de peruanos estaban durmiendo y se han despertado con esta noticia». Lima amaneció sumida en la confusión. En las paradas del transporte público se amontonaban los pasajeros. Muchos no sabían que no iba a haber servicio ni se habían enterado de la decisión del presidente. No fueron pocos los que se encontraron con que no tenían cómo regresar a casa desde sus lugares de trabajo.